El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, condenado a 12 años de prisión domiciliaria por fraude procesal y soborno
Ha sido condenado por abuso de poder y soborno a un funcionario público
Fotografía de archivo del 27 de noviembre de 2023 del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, hablando durante una rueda de prensa en Bogotá (Colombia). / Carlos Ortega (EFE)
El expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) ha sido condenado a una pena de 12 años que deberá cumplir en prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, según una sentencia divulgada este viernes, de manera anticipada, por medios locales.
El documento señala que la jueza del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Heredia, quien leerá el fallo a partir de las 14:00 hora local (21:00 hora española), ha resuelto imponer a Uribe una pena, en primera instancia, de 12 años de prisión, una multa de más de 3.400 millones de pesos colombianos (unos 822.000 dólares), "2.420 salarios mínimos legales mensuales vigentes", según reza el fallo, y lo inhabilitó por más de ocho años para el ejercicio de derechos y funciones públicas.
En la sentencia de más de 1.100 páginas, la jueza ha precisado que, para hacer efectivo el beneficio del arresto domiciliario, Uribe --de 73 años-- deberá pagar una póliza judicial. Además, a las 14.00 horas (hora local) tendrá lugar la nueva audiencia en la que la jueza emitirá la orden de captura contra Uribe.
La defensa de Uribe ya anunció que apelará el fallo, recurso que llegará al Tribunal Superior de Bogotá. El también exsenador ha negado en todo momento los hechos y ha alegado que es víctima de una persecución política.
Habría intentado ofrecer beneficios para cambiar la versión de varios exparamilitares
Heredia ha dictado sentencia condenatoria contra Uribe tras considerar probado que el exmandatario instigó a emisarios para que manipularan a testigos en las cárceles del país con el objetivo de favorecerse con sus testimonios. Según la investigación, el abogado Diego Cadena habría intentado ofrecer beneficios a varios exparamilitares para cambiar su versión sobre supuestos vínculos del expresidente y su hermano, Santiago Uribe, con el paramilitarismo.
El caso comenzó en 2012 cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda, asegurando que este había recorrido las cárceles del país para presentar falsos testimonios en su contra sobre el surgimiento del paramilitarismo en la región de Antioquia.
Sin embargo, tras la aportación de pruebas, varias versiones indicaron que los abogados del expresidente buscaban manipular a testigos para que apuntaran a Cepeda, por lo que este último pasó de acusado a víctima, al contrario que Uribe, demandante, quien se convirtió en investigado.