Ruanda acogerá a 250 inmigrantes expulsados de Estados Unidos

Madrid

Desde abril, Washington y Kigali han mantenido conversaciones que culminaron en un acuerdo mediante el cual Ruanda se compromete a recibir hasta 250 migrantes expulsados de Estados Unidos. Sin embargo, el país africano se reserva el derecho de denegar la entrada a cualquier persona cuya deportación sea propuesta por las autoridades estadounidenses, según fuentes cercanas a las negociaciones.

El Gobierno ruandés, a través de su portavoz, aseguró que los migrantes aceptados recibirán formación profesional, asistencia sanitaria y apoyo para el alojamiento, con el objetivo de facilitar su reinserción en la sociedad. "Nuestros valores sociales se basan en la reintegración y la rehabilitación", declaró la portavoz, quien también destacó la experiencia común de desplazamiento que han vivido "casi todas las familias ruandesas", en referencia al trauma del genocidio de 1994.

Este no es el primer acuerdo de este tipo que Ruanda firma con un país occidental. En 2022, el Reino Unido y Kigali alcanzaron un pacto similar, aunque el proyecto fue abandonado antes de su implementación. Pese a ello, las autoridades ruandesas reiteraron su compromiso con las cuestiones migratorias y su disposición a mantener diálogos similares con otras naciones.

Mientras tanto, en Estados Unidos, el expresidente Donald Trump ha prometido expulsar a millones de inmigrantes ilegales hacia terceros países, calificando a algunos de ellos como “delincuentes”. Dicha postura ha generado controversia y ha puesto en el centro del debate la política migratoria estadounidense.

En el continente africano, otros países como Sudán del Sur y el Reino de Eswatini ya han comenzado a acoger a migrantes expulsados en las últimas semanas, lo que refleja una tendencia creciente de externalización de la gestión migratoria por parte de naciones occidentales.

Así pues, el acuerdo entre Ruanda y Estados Unidos marca un nuevo capítulo en la cooperación internacional en materia migratoria, aunque también plantea interrogantes sobre los derechos y el futuro de las personas deportadas, así como sobre el papel de los países receptores en este complejo escenario global.