El Supremo se da seis meses más para investigar a Alvise por financiación ilegal de su partido

El magistrado del Tribunal Supremo Julián Sánchez Melgar ha acordado prorrogar seis meses a partir de septiembre la causa que instruye contra el eurodiputado Luis Pérez Fernández, más conocido como Alvise, por presuntos delitos de financiación ilegal a partir del pago de 100.000 euros en efectivo por cuenta del fundador de Madeira Invest Club (MIC) Álvaro Romillo, también investigado.

En un auto al que tuvo acceso la Cadena SER, el instructor amplía el plazo hasta marzo de 2026 considerando, sobre todo, "una circunstancia muy significativa como lo es la condición de Diputado del Parlamento Europeo" de Alvise Pérez, lo que "obliga" a solicitar autorización de la Cámara para poder imputarle.

Este trámite, dice el magistrado, "a todas luces, reclama un tiempo de tramitación que se prolongará por varios meses" y será el 20 de septiembre cuando se cumpla un año de la incoación de las diligencias que le afectan, en la Audiencia Nacional, a partir de la delación del propio Romillo: puso por escrito ante la Fiscalía General del Estado que le había pagado esos 100.000 euros en una bolsa de deporte para financiar su campaña electoral y aportó una batería de mensajes al respecto.

Tanto la Fiscalía como las acusaciones que ejercen el PSOE y la Asociación de Usuarios de Criptomonedas solicitaron al magistrado acordar esa prórroga cuando el pasado julio se les dio traslado para informe. Argumentaban, entre otras razones, la pendencia de informes policiales y diligencias clave para avanzar en las pesquisas. Las defensas de los dos investigados no se pronunciaron, por lo que el Supremo ha dado su posición por desistida en el mismo auto que acuerda extender las actuaciones otros seis meses a contar desde septiembre.

También se ha prorrogado al menos hasta noviembre la causa contra Alvise en el Supremo por difundir una falsa PCR del ahora presidente de la Generalitat y entonces ministro de Sanidad Salvador Illa, igual que el asunto que se sigue por un delito de odio derivado de un juzgado de Sevilla, que se extiende hasta marzo del año que viene.

No son los únicos frentes abiertos de Alvise en el Supremo, donde también está señalado por delitos de odio en relación a los mensajes publicados en redes sociales sobre la fiscal delegada de delitos de odio y discriminación de Valencia, Susana Gisbert. En Sevilla, sigue abierta (y prorrogada) la causa que apunta revelación de secretos por la publicación en redes de una imagen de la hija de Pedro Sánchez.

En el caso de las relaciones con Romillo y Madeira Invest Club, el magistrado Sánchez Melgar aprecia ilícitos de financiación ilegal de partidos políticos, delito electoral y delitos de estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental.

Alvise se avino a prestar declaración voluntaria el pasado 11 de julio en el Supremo y reconoció que había cobrado los 100.000 euros en efectivo, pero insistió en que no eran para la financiación de la campaña electoral. Romillo, sin embargo, asegura lo contrario.