La Fiscalía pide que Justicia indemnice a Baltasar Garzón y borre sus antecedentes penales

Madrid

La Fiscalía ha presentado un escrito de alegaciones en la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional a favor de que el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes indemnice a Baltasar Garzón y borre sus antecedentes penales, en línea con el fallo del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que reconoció una vulneración de sus derechos fundamentales en el proceso por el que fue condenado por prevaricación e inhabilitado.

El escrito, al que tuvo acceso la Cadena SER, se presenta en la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, la instancia a la que Garzón acudió cuando Justicia desestimó su reclamación de hacer cumplir el dictamen del Comité con un silencio administrativo.

Para la Fiscalía, esa desestimación es "nula" y "supone una vulneración de los derechos fundamentales", porque "mientras no se reparen las vulneraciones ocasionadas y sufridas, persistirán y permanecerán incólumes". Además, considera que siendo el dictamen de 2021, el tiempo que ha transcurrido sin que Garzón obtenga la reparación que impuso el Comité le ha "revictimizado".

Además de la indemnización, el reconocimiento y el borrado de los antecedentes o las medidas de no repetición que contemplaba el dictamen, Garzón solicita su restitución como juez instructor de la Audiencia Nacional, el puesto que ocupaba cuando fue denunciado en el contexto de la investigación del caso Gürtel y, finalmente, condenado en firme y apartado de la judicatura.

Lo que dispuso el Comité, como resume el escrito del fiscal Manuel Campoy, es la "obligación" del Estado de "proporcionar al demandante un 'recurso efectivo'; que requiere una 'reparación integral', consistente en 'borrar los antecedentes penales', proporcionarle una 'compensación adecuada por el daño sufrido', 'adoptar medidas para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro', y 'publicar' tanto el dictamen como la decisión" del Comité, "dándoles 'amplia difusión'".

"Las conclusiones y determinaciones del dictamen del Comité DDHH gozan de prevalencia, eficacia, ejecutividad, aplicación directa y debida observancia, por todos los poderes públicos y sin excepción alguna, pues traen causa de una obligación internacional asumida por España en virtud de la ratificación de Tratados Internacionales, que forma parte del ordenamiento jurídico, y constituye una parte inescindible de estos", razona la Fiscalía.

Por eso, considera que la Administración Pública demandada (Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes), "mediante la desestimación por silencio administrativo de la solicitud de 18 de enero del 2022 (...) ha vulnerado los derechos fundamentales del demandante a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías", dice el escrito de la Fiscalía.

Concluye que Justicia "incumple" ese dictamen "sin causa justificada" y solicita a la Sala que lo remedie.