El Gobierno impugna el acuerdo de PP y Vox que impide los rezos musulmanes en los polideportivos de Jumilla

El Gobierno mueve ficha. Cree que el acuerdo de PP y Vox en Jumilla supone una vulneración de derechos y libertades fundamentales y, por lo tanto, decide actuar para garantizar el cumplimiento de la Constitución. La delegada del Gobierno en Murcia, en coordinación con el Ministerio de Justicia y el de Política Territorial, ha enviado un requerimiento al Ayuntamiento de Jumilla para que anule el acuerdo adoptado el pasado 28 de julio. Tiene un mes de plazo para hacerlo.

“Combatiremos cualquier iniciativa que intente ir minando los derechos y libertades e introducir a España en una dinámica autoritaria, en línea con otros países donde la ultraderecha ha ocupado posiciones de gobierno”, apuntan fuentes de Moncloa.

El acuerdo de Jumilla partió de una iniciativa del único concejal de Vox que tiene el municipio. La ultraderecha proponía, de forma expresa, prohibir la celebración en espacios públicos de cualquier acto musulmán con el argumento de que esas celebraciones son “ajenas a nuestras tradiciones” e “incompatibles con la identidad y usos y costumbres de la nación española”. El PP entendió que la propuesta de Vox iba en contra de la Constitución, que garantiza la libertad religiosa, y decidió enmendarla, eliminando cualquier referencia explícita a la religión musulmana, pero manteniendo su esencia. El resultado, de hecho, fue el mismo: impedir la celebración de actos como el rezo colectivo del fin del Ramadán en los espacios municipales deportivos, como se venía haciendo hasta ahora. La diferencia es que, en vez de prohibirlo expresamente, el texto limita el uso de los espacios municipales deportivos a actividades relacionadas con el deporte, excluyendo cualquier actividad cultural o religiosa.

El Gobierno, aunque el texto aprobado no menciona la religión musulmana, entiende que el objetivo de la moción sí va dirigido contra esa comunidad. “Se basa en impedir el uso de las instalaciones municipales para actividades religiosas de una determinada confesión religiosa: la musulmana”, escribe el Ejecutivo en el requerimiento que ha enviado al Ayuntamiento.

Cree el Gobierno que la propuesta original de Vox, y las declaraciones posteriores de la formación, demuestran la verdadera intención del Ayuntamiento. “Aunque aparentemente parece regular el uso de las instalaciones deportivas municipales, sin embargo, bajo dicha apariencia formal se encubre con toda claridad una vulneración del Derecho fundamental a la libertad religiosa”, argumenta. El objetivo del consistorio, continúa el Gobierno en su escrito, no es limitar el uso de las instalaciones deportivas municipales a actividades de ámbito deportivo, como recoge el texto aprobado, sino excluir la celebración de fiestas religiosas que hasta ahora se organizaban allí cada año.

Señala el Gobierno que el acuerdo “resulta contradictorio en sí mismo”. Por un lado, insta al Ayuntamiento a fomentar los valores y manifestaciones religiosas de España. Y por otro lado, limita su celebración en un espacio municipal. El texto demuestra, según interpreta el Ejecutivo, que el Ayuntamiento entiende como “manifestaciones religiosas de España” solo unas en concreto, a pesar de que España es un país aconfesional. “Se dice facilitar los valores y manifestaciones religiosas mediante una medida contraria a todo valor y manifestación religiosa, pues prohíbe las mismas en instalaciones que hasta ahora eran utilizadas para ello”, apunta el texto.

El Ejecutivo sostiene que la moción aprobada en el Ayuntamiento de Jumilla incumple el ordenamiento jurídico en varios puntos. Vulnera, de un lado, la libertad religiosa que recoge la Constitución española y va en contra, además, del principio de neutralidad confesional de la Administración. Supone, según argumenta el Gobierno, una desviación de poder porque utiliza la competencia municipal “para fines ideológicos ajenos al interés general”.

“La competencia del Ayuntamiento para regular los espacios municipales no le autoriza a hacerlo prescindiendo de los límites constitucionales que le impone el respeto del derecho fundamental de libertad religiosa”, concluye. El Gobierno entiende que el acuerdo supone una restricción “injustificada” del derecho a la libertad religiosa. “Es indudable que la exclusión generalizada de actos religiosos en instalaciones deportivas municipales afecta directamente a la comunidad musulmana de Jumilla, impidiendo el ejercicio colectivo del culto sin una justificación objetiva”.

Más allá de la intención real de la moción, el Ejecutivo cree que el acuerdo “contradice la normativa estatal” porque recoge una medida restrictiva sin justificarla. El Ayuntamiento, expone el requerimiento, tiene competencia para regular el uso de bienes municipales, como el polideportivo, pero, como la medida supone una restricción, debe motivarla, explicando cómo el cambio va a satisfacer las necesidades de los vecinos. Y no lo hace. “No estamos ante una razón de orden público que justifique dicha medida restrictiva, aunque quisiésemos creernos la literalidad del acuerdo”, escribe la delegada del Gobierno en Murcia.

"Es evidente que estamos ante una nueva vulneración de derechos y libertades fundamentales por parte de gobiernos locales y autonómicos de la derecha y la ultraderecha", añaden fuentes de Moncloa.

Era habitual en Jumilla que la comunidad musulmana - unas 1.500 personas - utilizará el polideportivo del municipio para el rezo colectivo del fin del Ramadán. Por eso, el Gobierno considera que ahora se va a restringir "de manera arbirtaria" vulnerando el derecho a la libertad religiosa, y decide intervenir para evitarlo.

"Frente a la deriva extremista de PPVox, defendemos la Constitución, los derechos y la libertad religiosa", ha escrito en X Félix Bolaños. "Frenaremos sus medidas ultras, como hicimos ante trabas al aborto en Castilla y León o la censura en Murcia".