Un ruso afincado en España reclama que se suspenda su extradición a Rusia por "fraudulenta" y porque allí ya "no hay garantías"

Dicen los expertos que las extradiciones a Rusia están de facto paralizadas, pero el caso de Boric, apelativo que protege su identidad, revela que no es siempre así. Reclamado por tráfico de drogas, la Audiencia Nacional resolvió extraditarle en 2019, antes de la invasión de Ucrania, con un expediente que obtuvo luz verde del Consejo de Ministros que ahora, se ha reanudado. Su abogado reclama que se suspenda el expediente porque su origen es "fraudulento" y porque en Rusia ya "no hay garantías".

De acuerdo a la documentación del caso a la que tuvo acceso la Cadena SER, ya desde el inicio denunció que la reclamación de Rusia partía de un montaje, aunque no podía probarlo. Se le imputaba participación en una organización criminal que habría intentado introducir en el país 35 kilos de cocaína diluida en botellas de ron dominicano en el año 2015.

Sin embargo, el pasado mes de julio un grupo de individuos acusados de extorsionar a ciudadanos del Este montando causas penales ficticias en Rusia reconoció los hechos en un juicio en la Audiencia Provincial de Málaga, según informaron a la SER en distintas fuentes jurídicas. Y esos hechos, de acuerdo al escrito de acusación que llevó a juicio la Fiscalía Anticorrupción, recogen específicamente a Boric como víctima.

"El procedimiento penal abierto en Rusia, en virtud del cual se dicta la Orden Internacional de Detención (OID), se había manipulado a través de testimonios falsos para obtener su implicación", reza el escrito de la Fiscalía sobre su caso concreto. Le pidieron medio millón de euros por disolver los cargos en su contra.

Boric fue detenido en 2018 por esa OID y enviado a prisión provisional. El Consejo de Ministros autorizó continuar los trámites de extradición por la vía jurisdiccional y allí, en la Audiencia Nacional, se celebró una vista en 2019 que se saldó con la decisión de entregarle a Rusia. Los magistrados no apreciaron motivos espurios tras la reclamación, que lo es por delitos también tipificados en España. Se daban los requisitos.

Todos los recursos fueron desestimados. Lo único que frenó la extradición fue su solicitud de asilo, aunque al final, ha sido rechazada. Esa desestimación ha reanudado el proceso este año. Había pasado en prisión provisional 37 meses del máximo de 48 que permite la ley en estos casos y se encontraba en libertad cuando en enero, el tribunal ordenó su detención e ingreso en prisión. Ahora, está escondido.

El letrado de Boric pidió a la Audiencia Nacional la suspensión del procedimiento y desde allí se volvió a recoger el criterio de la Subdirección de Cooperación Jurídica Internacional. La respuesta, del pasado 1 de julio, reza que aquella extradición ya se acordó en 2019 y es firme: "El criterio del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, para este caso, es favorable a la materialización de la entrega a las autoridades de Rusia". En cuanto al tribunal, emplaza a recurrir en vía administrativa o hacerlo ante el Tribunal Constitucional.

Y en eso está su defensa, pero ahora, con el juicio de la Audiencia Provincial de Málaga como telón de fondo. "Nosotros no entendemos que esta extradición siga adelante cuando el resto de extradiciones de la Audiencia Nacional están paradas además, con un criterio favorable a la suspensión de las entregas por parte de la Subdirección de Cooperación Jurídica Internacional debido a la guerra de Ucrania", explica en declaraciones a la SER el letrado, Javier Ruiz Blay.

Subraya que "materialmente es imposible hacer la entrega, no hay cooperación jurídica con Rusia" e Interpol, que en su día ya eliminó la ficha roja sobre Boric, "tampoco puede facilitar la cooperación policial para la entrega". Teme que de ser detenido acabe en prisión provisional para nada, hasta agotar el máximo que permite la ley.

"No es el caso solo de esta extradición, que es alarmante porque ya se ha acreditado que la causa original rusa es fraudulenta, sino que ninguna extradición debería realizarse a Rusia porque no hay ninguna garantía de que se vayan a cumplir los derechos fundamentales, que es algo esencial en estos procedimientos de extradición", añade, en relación a la expulsión de Rusia del Consejo de Europa y así, su ruptura con el Convenio Europeo de Derechos Humanos.