La Fiscalía investiga la falta de planes de prevención de incendios ante "la situación desastrosa" de este verano

Madrid

El fiscal de Sala de Medio Ambiente, Antonio Vercher, se ha dirigido por escrito a las fiscalías provinciales y al Seprona de la Guardia Civil para que comprueben la existencia de planes de prevención de incendios forestales en los territorios más castigados por el fuego este mes, por si las administraciones hubieran incurrido en responsabilidad penal por ausencia de los mismos.

"Es evidente que la situación que en este momento (agosto 2025) estamos sufriendo es debida a la ausencia o, en su caso, la aplicación improcedente de los planes de prevención de incendios. De lo contrario no se explica lo que está pasando", dice el escrito adelantado por El País y al que tuvo acceso la Cadena SER.

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El fiscal de Sala recuerda que ya el pasado mes de febrero se instó a las Fiscalías a "comprobar la existencia de tales planes en los consistorios de su provincia" y analizar "incendios en lugares con ausencia de planes de prevención por falta de iniciativa por parte de la administración competente, con el objetivo de determinar si la ausencia de planes hubiera incidido negativamente en la producción del incendio".

No era la primera vez. En 2019, la Fiscalía de Sala de Medio Ambiente puso en el foco a 151 ayuntamientos y desde 2022 viene subrayando la importancia de actuar también en este plano. En la comunicación del pasado febrero, solicitaba además al Seprona, los Agentes Forestales y los cuerpos de Policía Local que se sirvieran de tecnologías de vigilancia aérea como los drones en las tareas de prevención.

Ahora, "a la vista de la situación desastrosa que se está produciendo en el presente año, es necesario insistir especialmente en la problemática de los planes de prevención de incendios", dice el texto de Vercher, que refiere la obligatoriedad de contar con estos planes que prevé la Ley de Montes.

De ahí que solicite a los fiscales, pero también a la Guardia Civil, que realicen esa comprobación sobre la vigencia de planes de prevención, para que "dispongan de la información precisa y adecuada". Fuentes del Seprona confirman a la SER que ya han recibido esta comunicación de la Fiscalía de Sala de Medio Ambiente, fechada el 18 de agosto.

El escrito refiere que en los casos de "especial problemática o peligrosidad del terreno" o en los que por el contexto del incendio, "la existencia de los citados planes sea insoslayable, procederá que el Fiscal se plantee exigir la posible responsabilidad penal, del tipo que sea, de aquellos que, teniendo la obligación de elaborar los mismos, no hayan procedido a llevar a cabo su obligación".

"En cualquier caso, y de observar que la situación examinada no sea determinante de ningún delito, sí procedería pasar el tanto de culpa a la administración sancionadora, a los efectos legales que procediera", añade la comunicación.

Vercher cita específicamente el artículo 48 de la Ley de Montes de 2003, que "genéricamente", conforme explica, impone la obligación de las administraciones autonómicas de aprobar este tipo de planes.

En 2022, un Real Decreto introdujo que la Administración Central publicaría una serie de directrices o criterios para garantizar unos mínimos comunes de políticas de prevención en todo el territorio nacional, si bien aún no ha visto la luz ese desarrollo normativo. Conforme explican en fuentes del Gobierno a la SER, siguen los trabajos a fin de que pueda aprobarse en cuestión de semanas.

No obstante, esos criterios comunes están al margen de la obligación legal de contar de planes de prevención de incendios forestales que contemplaba ya la Ley de Montes de 2003 y que se ha venido concretando en las normas sobre planificación de protección civil de emergencia por incendios forestales, como el Real Decreto de 2013, que contempla los mínimos de prevención y actuación en estos casos.