Control territorial, narcotráfico y ruptura política: las razones detrás de la nueva ofensiva de las disidencias de las FARC

Colombia atraviesa una nueva ola de violencia que recuerda los peores momentos del conflicto armado finalizado en 2016. Esta semana, el país ha sido sacudido por una serie de atentados atribuidos a las disidencias de las FARC, en medio de una creciente tensión en regiones como el Cauca, Antioquia y el Valle del Cauca.

Para entender el escenario actual, es necesario remontarse al proceso de paz firmado en 2016 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. En su momento, las FARC contaban con cerca de 20.000 combatientes y presencia en más de 240 municipios, especialmente en zonas selváticas.

El acuerdo de paz, explicaba la periodista de Radio Caracol, Tatiana Ruíz, desmovilizó a la mayoría de sus integrantes, pero también provocó una fragmentación del grupo guerrillero en tres vertientes: los excombatientes que se acogieron al acuerdo de paz, las disidencias que nunca participaron en el proceso, lideradas por alias Iván Mordisco y hoy organizadas como el Estado Mayor Central, y los desertores del proceso, que inicialmente aceptaron el acuerdo pero luego lo abandonaron, formando la Segunda Marquetalia bajo el mando de Iván Márquez.

Actualmente, las disidencias suman alrededor de 5.200 hombres en armas, mientras que la Segunda Marquetalia cuenta con 2.141 combatientes. Aunque su capacidad militar es menor que la de las FARC en su apogeo, siguen siendo una amenaza significativa.

En los últimos días, Colombia ha vivido una escalada de violencia sin precedentes en años anteriores. Las disidencias del Estado Mayor Central reivindicaron más de 40 ataques simultáneos en el suroeste del país, afectando a regiones como Cali, Antioquia, Huila y Caquetá.

Entre los hechos más graves se encuentran la explosión de un camión bomba frente a la Escuela Militar de Aviación en Cali, que dejó ocho muertos y 78 heridos, incluidos un niño y una mujer embarazada, el derribo de un helicóptero Black Hawk en Antioquia, con un saldo de 13 policías fallecidos, y explosiones adicionales en Florencia y La Plata que aumentaron la sensación de inseguridad en el país.

El presidente Gustavo Petro condenó los ataques y anunció que las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo serán declarados organizaciones terroristas. Aunque se ha contemplado decretar el estado de conmoción interior, la medida aún no ha sido implementada.

El departamento del Cauca, históricamente estratégico para el narcotráfico, ha sido uno de los más golpeados por esta nueva ola de violencia. Las disidencias han establecido allí una especie de control territorial, con retenes ilegales, normas impuestas a la población y extorsiones sistemáticas. En menos de diez días se han registrado carros bomba en la vía Panamericana y en Miranda, ataques armados a la Policía en Corinto y Caloto, secuestros, asesinatos y desplazamientos forzados en municipios como Argelia, Toribío, Suárez y Santander de Quilichao.

La situación ha generado una crisis humanitaria con más de 500.000 personas afectadas. Las estructuras armadas de Dagoberto Ramos, Jaime Martínez y Carlos Patiño imponen reglas de convivencia, castigos y trabajos forzados, consolidando su poder en la región.

Un conjunto de factores que ha reactivado el conflicto

Los nuevos ataques de las disidencias de las FARC en Colombia han sido provocados por una combinación de factores estructurales, políticos y económicos. En primer lugar, el vacío de poder dejado por el Estado en los territorios que antes controlaba la guerrilla ha sido ocupado por grupos armados ilegales, especialmente en zonas estratégicas para el narcotráfico como el Cauca, Nariño, Antioquia y el sur de Bolívar

Las disidencias, que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016 o lo abandonaron posteriormente, han reconstruido estructuras militares y territoriales, consolidando su presencia en más de 700 municipios, de los cuales al menos 344 están en situación crítica

Estas facciones, como el Estado Mayor Central (EMC) liderado por alias Iván Mordiscoy el grupo de alias Calarcá, han intensificado sus acciones violentas como parte de una estrategia para controlar rutas del narcotráfico, imponer extorsiones y disputar el territorio con otros grupos armados, incluyendo el Clan del Golfo y la ELN (Ejército de Liberación Nacional).

Además, el fracaso de los diálogos de paz con estas disidencias ha contribuido al aumento de la violencia. Aunque el gobierno de Gustavo Petro impulsó una política de "paz total", las negociaciones con el EMC se rompieron en 2024 y las conversaciones con otras facciones están estancadas.

Tiempo para rearmarse ante la falta de acuerdo

En este contexto, los grupos armados han aprovechado la tregua inicial para rearmarse y expandirse, lo que ha derivado en una escalada de atentados como los ocurridos recientemente en Cali y Antioquia, donde se utilizaron camiones bomba y drones explosivos, dejando al menos 18 muertos y decenas de heridos.

También hay un componente de alianzas criminales entre las disidencias y otros actores ilegales como el ELN, que han sellado pactos en departamentos como Cauca, Nariño y Norte de Santander para enfrentar a enemigos comunes y fortalecer sus economías ilegales, especialmente el narcotráfico y la minería ilegal

En resumen, los nuevos ataques responden a una reconfiguración del conflicto armado, impulsada por el abandono estatal en zonas rurales, el fortalecimiento de economías relacionadas con el narcotráfico, la ruptura de procesos de paz y la lucha por el control territorial entre grupos armados. Todo esto ha generado una crisis de seguridad que pone en riesgo a miles de comunidades y revive los peores fantasmas del pasado colombiano.