Bayrou acelera la caída de su gobierno pidiendo un voto de confianza sin apoyos

París

Pedir un voto de confianza para adelantarse al bloqueo del país y a la moción de censura parece, en la práctica, una dimisión del primer ministro, François Bayrou. Así lo ve la oposición, que se ha lanzado en bloque a anunciar que no darán su confianza al gobierno macronista.

Los 66 diputados socialistas en el hemiciclo "no votarán a favor", declaró unas horas después de la comparecencia del presidente el primer secretario del Partido Socialista en TF1. Dijo Olivier Faure que Bayrou ha tomado una decisión que es irse, a sabiendas de que "el presupuesto que presentó en julio no cuenta con el apoyo de nadie, ni en la Asamblea, ni en la calle, ni entre los sindicatos", y anunció que su partido presentará un presupuesto alternativo.

Más rápidos en anunciar su voto en contra fueron los ecologistas, comunistas y la Francia Insumisa. A través de su secretaria nacional, Marine Tondelier, el partido ecologista explica que "no confían en este primer ministro, que lleva a cabo un proyecto irresponsable tanto desde el punto de vista social como medioambiental". "Esta moción de confianza (que no presentó al llegar) es, de hecho, una dimisión. Votaremos en contra", escribió en sus redes sociales.

Pero con una asamblea nacional fragmentada en tres bloques minoritarios, no basta con que la izquierda quiera tumbar el Gobierno, se necesita el voto de los 123 diputados del Reagrupamiento Nacional de Marine Le Pen. Y la ultraderechista ha dicho que los tendrán, exigiendo además una disolución de la Asamblea y la repatición de las elecciones legislativas.

Eso es lo que cambia sustancialmente el escenario actual, porque en las ocho mociones de censura que ha afrontado el primer ministro centrista desde su nombramiento en diciembre, le había salvado la división de la oposición.

Ahora Bayrou puede no llegar a los nueve meses en el cargo pese a su esfuerzo por alertar de la deriva de endeudamiento del país. Lo hizo en su comparecencia marcando el inicio del curso político este lunes y también con una serie en youtube en la que ha estado todo el verano desgranando sus medidas de recorte del presupuesto.

El primer ministro ha repetido hasta la saciedad que el “país está en peligro" porque está "al borde del sobreendeudamiento”. "La dependencia de la deuda se ha vuelto crónica” y no se ha invertido donde debería, advirtió en su rueda de prensa el lunes. Para corregir esa tendencia, lo primero, insistió, es tomar conciencia, lanzando un mensaje a la oposición que planeaba una censura del Gobierno nada más iniciar el curso parlamentario.

De ahí su insistencia en un plan presupuestario con 44.000 millones de euros de recortes y con medidas drásticas, algunas muy polémicas, como la supresión de dos días festivos o la congelación de salarios y pensiones durante todo el año 2026.

Su predecesor, el derechista Michel Barnier, duró tres meses en el cargo y cayó también por el rechazo a su presupuesto. Así que este es el tercer Gobierno que ha tenido Francia en un año, desde que el presidente Macron adelantara las elecciones legislativas el pasado verano. Ahora que ha pasado el tiempo mínimo que marca la constitución, podría volver a disolver la cámara. No lo descarta el ministro de Justicia, Gerald Darmanin, entrevistado en la televisión pública.

"Es mejor llegar a un compromiso con los grupos políticos de la Asamblea. La disolución le sale cara a Francia, por supuesto, pero no hay que descartar esta hipótesis", declaró recordando que "le corresponde al presidente de la República decidir". Darmanin elogió el acto "extremadamente valiente y muy democrático" del primer ministro, considerando que "lo que es suicida es no tener presupuesto para nuestro país".

Protestas y destitución

Pero incluso si, como está previsto, cae François Bayrou en dos semanas, no se va a librar de las protestas. Sindicatos como la CGT de Sophie Binet llaman a la movilización, aunque mantienen la cautela hasta el 1 de septiembre, cuando decidirán en una reunión conjunta las acciones que van a convocar.

También sigue en marcha la iniciativa popular para bloquear el país el 10 de septiembre. LFI la quiere convertir en una huelga masiva contra el presidente Emmanuel Macron. De hecho, su fundador, Jean-Luc Mélenchon, ha anunciado que van a presentar un nuevo procedimiento de destitución contra el jefe del Estado, al que culpan de la crisis institucional. Lo van a presentar el 23 de septiembre en la Asamblea, como ya lo hicieran el año pasado sin éxito.

Esta crisis institucional también está teniendo consecuencias en lo económico. Como es habitual, los mercados se resienten con la incertidumbre, y el lunes el CAC 40, el índice bursátil francés, cerraba con una caída del 1,59% tras la comparecencia de Bayrou.