Un experto en seguridad explica por qué los secretos oficiales son esenciales en cualquier estado: "No es un privilegio"

A finales de julio, el Consejo de Ministros aprobó la nueva Ley de Información Clasificada, que sustituye a la Ley de Secretos Oficiales vigente desde 1968. Esta reforma busca actualizar el marco legal que regula la protección de información sensible en España, una necesidad largamente postergada. Para entender el alcance de esta nueva norma, El Faro entrevistó a Alberto Bueno, experto en seguridad del Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada.

"Un secreto oficial es una información generada y guardada por el Estado cuya difusión podría poner en riesgo la seguridad nacional, la defensa o la política exterior", explicó Bueno. "Por eso se clasifica y se mantiene reservada durante un tiempo prudencial".

El experto subrayó que "no se trata de un privilegio del Estado, sino de una herramienta de protección", y añade: "Incluso podríamos decir que es una medida de protección para las víctimas. Pensemos en un secuestro terrorista: la discreción es esencial. Los contactos, la estrategia, los movimientos… todo eso debe mantenerse en secreto".

Confidencialidad para proteger, pero también para ocultar

Entre los ejemplos que citó, destacó las capacidades militares acordadas en el seno de la OTAN, que son clasificadas por los Estados miembros. "Son datos que hablan de planes de defensa, número de efectivos, estrategias y despliegues. Si se hicieran públicos, estaríamos ofreciendo a potenciales adversarios una hoja de ruta, exponiendo nuestras vulnerabilidades".

También mencionó las operaciones de inteligencia durante los años de lucha contra ETA. "No se podrían detener comandos ni desarticular redes sin confidencialidad. Los infiltrados, las operaciones policiales… todo eso requiere secreto".

Pero Bueno no eludió los riesgos. "Los secretos oficiales también pueden ser peligrosos. Sirven para tapar abusos, para encubrir prácticas poco éticas o ilegales, como ocurrió con la guerra sucia contra ETA. Por eso es fundamental que estén regulados y sometidos a controles".

Una nueva autoridad y sanciones millonarias

La nueva ley contempla la creación de una Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada, dependiente del Ministerio de Presidencia. Esta figura supervisará la clasificación, el acceso y las habilitaciones de seguridad. "Ha habido fricciones entre ministerios sobre quién controla esta autoridad, porque en definitiva estamos hablando de quién tiene el poder de decidir qué es secreto oficial y qué no lo es", señaló.

Respecto al acceso a estos secretos, Bueno aclaró que "solo los diputados que pertenecen a la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso tienen acceso a esa información. Y dentro de las administraciones, hay habilitaciones de seguridad que determinan quién puede ver qué".

Uno de los puntos más polémicos del nuevo texto legal es el régimen sancionador por la revelación de secretos. "Las multas van desde varios miles de euros para los secretos de menor nivel hasta sanciones millonarias por revelar información altamente clasificada", explicó. También se contemplan delitos penales como la alta traición.

Para Bueno, el debate está servido: "¿Dónde está el secreto, dónde la confidencialidad, y dónde el derecho a la transparencia? El Estado necesita herramientas para protegerse, pero también debe rendir cuentas".