'Limpiar' el monte para evitar incendios: lo que dice la ley y lo que pasa en la práctica

Madrid

Uno de los mensajes que más repiten los expertos en prevención de incendios es que los fuegos se apagan en invierno. Es entonces cuando se debe “limpiar” el monte para evitar que arda con facilidad en verano. Pero esa limpieza no implica arrasar con la biodiversidad, sino gestionar de forma eficiente la biomasa —restos de poda, maleza...— para que no se convierta en combustible.

Y una de las dudas que más ha rondado los medios de comunicación es si esa limpieza es o no obligatoria.

La respuesta no es sencilla. “No hay una respuesta única, por desgracia, que te pueda dar”, explica Marta Corella, vicedecana del Colegio de Ingenieros Forestales. Y es que todo depende del tipo de finca, de si está en zona urbana, rural o protegida, o de cada comunidad autónoma, que tienen sus propias normas. En Galicia o Castilla y León, por ejemplo, existe una obligación general de mantener limpias las fincas, pero solo se aplica (y vigila) en zonas estratégicas, como cerca de pueblos, casas, carreteras o gasolineras.

Burocracia, costes y abandono

Pero limpiar una finca no es tan fácil como parece. El primer obstáculo es la burocracia. “Siempre que tú hagas una actuación dentro de una parcela forestal y afecte a especies arbóreas, necesitas pedir permiso”, advierte Corella. Aunque el papeleo se está simplificando, “falta personal técnico en las administraciones públicas”, denuncia. Hay un “cuello de botella” que ralentiza todo el proceso.

El segundo problema es económico. Contratar a una empresa privada puede costar más de 700 euros por hectárea. Y el tercero, quizá el más complejo, es que no hay quien lo haga.

Jesús Pestaña, presidente de FAFCYLE, la Federación Forestal de Castilla y León, recuerda que antes la gente aprovechaba la leña, el pasto o la biomasa, lo que ayudaba a mantener el monte limpio. “Hoy esa actividad casi ha desaparecido”, lamenta. Además, muchas parcelas se han dividido por herencias, y “hay miles de propietarios que ni viven en el pueblo ni saben dónde tienen la finca”, añade.

Pasar de la multa al asesoramiento

Los expertos coinciden en que falta información clara. Desde la Universidad de Vigo, proponen crear una red de oficinas forestales que asesoren a los propietarios rurales. “Es mucho más sencillo saber lo que le pasa a una parcela que intentar coger todas las leyes y ver si son aplicables”, explica Juan Picos, doctor en Ingeniería de Montes.

Picos compara la situación con la declaración de la renta: “Si nos dijeran que tenemos que hacerla desde cero, sería un infierno. Pero la administración ha creado herramientas que lo hacen posible”. Lo mismo debería ocurrir con la gestión forestal.

Además, ayudar sería más eficaz que sancionar. “La administración no debe ser solo un vigilante dispuesto a sancionar, sino también alguien que ayude a preservar mejor la parcela”, defiende Picos. Pasar de multar a acompañar, para fijar población en el rural en lugar de expulsarla.