El Gobierno arranca el curso político pendiente del Poder Judicial

Madrid

El rey preside este viernes la apertura del curso judicial, que contará con los discursos de la presidenta del Poder Judicial y del Fiscal General del Estado. Álvaro García Ortiz desgranará la memoria del Ministerio Público a solo unos días de que el juez del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, le envíe al banquillo por un presunto delito de revelación de secretos cometido al revelar la confesión del novio de Ayuso, acusado de dos delitos fiscales, en la que pedía un pacto para evitar el juicio. Fuentes cercanas a García Ortiz explican a la Cadena SER que sigue siendo fiscal general "a todos los efectos", que hará el discurso que perfilará esta semana y que será en un tono institucional.

Esta es la primera de las causas que salpican al Gobierno, al que se le presenta un año judicial caliente por las investigaciones abiertas por casos de presunta corrupción. La Guardia Civil ultima los informes del caso Koldo, que ha llevado a prisión provisional al último secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y que mantiene investigado a su predecesor, José Luis Ábalos, a su exasesor y a los antiguos responsables de Carreteras y de Adif.

El Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional investigan el cobro de mordidas a cambio de obra pública y de contratos de emergencia durante el COVID. La corrupción escaló puestos en el barómetro del CIS del pasado mes de julio y ya se sitúa entre las tres causas que más preocupan a los españoles.

La Fiscalía impulsa también la investigación a Leire Díez en los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid. La exmilitante del PSOE se reunió con investigados en casos de corrupción para tratar de encontrar trapos sucios de fiscales anticorrupción y agentes de la UCO, con el objetivo de torpedear investigaciones judiciales en marcha.

Hay otras causas judiciales, espoleadas por acusaciones populares ultras, que afectan al entorno del presidente del Gobierno. El hermano de Pedro Sánchez está también a un paso del banquillo porque la Diputación de Badajoz le nombró coordinador de los conservatorios primero y director de Artes Escénicas después. La jueza considera que fue una designación a dedo, aunque ninguno de los aspirantes recurrió esa decisión.

En Madrid, el juez Peinado sigue investigando la actividad profesional de la mujer del jefe del Ejecutivo. Este mes de agosto ha acusado a Begoña Gómez de un quinto delito, el de malversación de caudales públicos, que había descartado atribuirle tres meses antes.

Las causas que afectan al PP

El Partido Popular también tiene señalamientos pendientes. La Audiencia Nacional celebra el próximo mes de noviembre el último juicio del mayor caso de corrupción de este siglo, el caso Gürtel. Son 26 los acusados por la creación de una estructura societaria para sortear el pago de impuestos al fisco español. El año que viene será el turno del caso Kitchen, la trama policial que puso en marcha el Gobierno de Mariano Rajoy para destruir pruebas de la caja B del PP. En paralelo están las investigaciones que se siguen a la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Alberto González Amador, que ha llevado al Tribunal Supremo a García Ortiz, está pendiente de juicio por dos delitos fiscales y está investigado por orquestar una trama de facturas falsas para eludir pagos a Hacienda por la venta de mascarillas durante el COVID.

Y también está el llamado caso Montoro, que se sigue en un juzgado de Tarragona por la contratación que hizo el lobby del gas con el despacho fundado por el exministro de Hacienda para conseguir una reforma fiscal a la carta y pagar menos impuestos en lo peor de la crisis económica de 2008.

A estos dos casos hay que sumar la investigación por la gestión que hizo el Gobierno de Carlos Mazón durante la DANA, que acabó con la vida de más de 200 personas, y la de la gestión de gobiernos autonómicos y ayuntamientos de los incendios. La Fiscalía de Medio Ambiente ya está dando los primeros pasos para conocer los protocolos de prevención en la lucha contra el fuego.