Anticorrupción denuncia el "inasumible" retraso que sufren las causas hasta llegar a juicio y pide tribunales especializados en delincuencia económica

Madrid

La Fiscalía Anticorrupción denuncia en su memoria anual de actividades el "inasumible" lapso de tiempo que transcurre desde que acaba la instrucción de una causa y se celebra por fin el juicio, una demora que en algunos casos supera los seis años y que está detrás de muchas atenuantes por dilaciones indebidas en beneficio de los acusados, también de una pérdida de confianza de los ciudadanos en la Administración de Justicia.

Lo explica el informe que suscribe el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, y que se ha incorporado a la memoria anual de actividades del Ministerio Público, presentada este viernes por el fiscal General del Estado con motivo de la apertura del Año Judicial.

El análisis recoge tablas con tiempos de espera tanto en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional como en la causa por los ERE de Andalucía que ve la Audiencia de Sevilla. La conclusión, que se puede tardar más de seis años en celebrar un juicio desde que se acaban todos los trabajos y se presentan los escritos de acusación: "Es verdaderamente inasumible".

Obedece, dice el informe, a razones "variadas y complejas" entre las que figuran las "dificultades" para organización de juicios que tienen "no pocas sesiones" o la falta de magistrados y de salas de audiencia. "La celebración de estos juicios en relación con unos hechos prácticamente olvidados por todos los intervinientes en el proceso penal resulta extraordinariamente complicada, donde la práctica de la prueba se diluye o distorsiona, cuando no se hace impracticable, la atenuante de dilaciones indebidas, en ocasiones apreciada como muy cualificada, preside unas casi inevitables conformidades y el resultado del juicio, ya sea finalmente la sentencia condenatoria o absolutoria, nunca es satisfactorio", crítica.

La cuestión es que, además, esta demora ni siquiera es la única. Se suma a la que sufren los procedimientos durante la fase de investigación (Anticorrupción participó en 915 causas el año pasado), y que es, en palabras de Luzón, "una de las lacras que dañan la eficacia y la propia credibilidad de la Administración de Justicia".

Tienen que ver por la cantidad de partes entre investigados, perjudicados y acusaciones, la conexidad, "los aforamientos y otros privilegios procesales" o, por ejemplo, la necesidad de recurrir a mecanismos de cooperación internacional, pero, sobre todo, señala el informe, obedecen a "un marco procesal inadecuado, en el que las estrategias dilatorias de los investigados encuentran terreno abonado al amparo de un sistema de recursos sobredimensionado".

"Consecuencias indeseables"

"Todo ello provoca consecuencias indeseables, entre otras, dotar a los investigados de tiempo suficiente para ocultar el producto del delito, la prescripción del delito, la casi sistemática apreciación de la atenuante de dilaciones indebidas, la exposición pública de los investigados, sometidos a frecuentes juicios paralelos que dañan su presunción de inocencia y, sobre todo, la general insatisfacción de los ciudadanos ante una respuesta penal lenta e insuficiente", añade Luzón.

Reclama por ello más medios el fiscal jefe de Anticorrupción, pero también reformas, entre las que sobresale la creación de secciones de enjuiciamiento especializadas en delitos económicos como los que trabajan en esta Fiscalía Especial porque dice que si bien los suyos gozan de una alta especialización para el trabajo que realizan, cuando se inicia la fase de instrucción y "especialmente", al llegar a juicio, "esa especialización se quiebra".

Dice que esas secciones especializadas, "a carbo de magistrados a los que verdaderamente interesara dicha materia, ayudarían sin duda a una agilización en la celebración de estos juicios y redundaría en una mayor calidad de las resoluciones dictadas".