El fiscal general del Estado: "Si estoy aquí es porque creo en la Justicia"
García Ortiz abre su discurso de apertura del Año Judicial "plenamente consciente de las circunstancias" por su procesamiento
Madrid
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha arrancado su discurso de presentación de la Memoria Anual del Ministerio Público con motivo del acto de Apertura del Año Judicial, reconociendo ser "plenamente consciente de las singulares circunstancias" de su intervención estando procesado.
"Respeto todas las opiniones que sobre el particular puedan manifestarse, y solo haré una mención al respecto en este discurso: Si estoy aquí como Fiscal General del Estado, es porque creo en la justicia y en las instituciones que la conforman", ha subrayado.
EP
En el Salón de Plenos del Tribunal Supremo y en presencia del Rey, la presidenta del Consejo General del Poder Judicial y el ministro de Justicia, junto a una nutrida representación de la curia de la judicatura, García Ortiz ha subrayado su confianza en el Estado de Derecho, "la independencia del Poder Judicial, en los principios de legalidad e imparcialidad. Y, por supuesto, también en la verdad".
"Hago un humilde llamamiento para reclamar el máximo respeto a la función de la Fiscalía española, al trabajo de todos los fiscales. Creo firmemente en el Ministerio Fiscal como la institución fuerte que es. Sólida, confiable, que vertebra un país y que garantiza el cumplimiento de la Ley", ha añadido, para zanjar: "Una institución enérgica, activa, que no sucumbe ante los embates o ataques de los delincuentes".
En la misma línea ha vuelto a defender la labor de la Fiscalía al instar que cristalice el proyecto de reforma que dará al Ministerio Público la batuta de la instrucción penal. "Lejos de ser una caricatura sumisa al poder establecido que algunos tratan de proyectar, la Fiscalía española es la mejor salvaguardia para la ciudadanía y el Estado de derecho", ha señalado.
García Ortiz pronunciaba estas palabras ante el Rey, que preside el acto, la presidenta del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló; y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, situados, como es costumbre, en los estrados del Salón de Plenos del Supremo junto a los presidentes de las distintas Salas del Tribunal, incluida la de lo Penal donde será enjuiciado.
Actividad "afectada" por la imputación
La memoria contiene también referencia a su situación procesal. "Es evidente que la actividad de comunicación de la Fiscalía se ha visto notablemente afectada por la causa abierta contra la Fiscal jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid y el Fiscal General del Estado, cuyo origen fue la emisión de una nota de prensa de la Fiscalía de Madrid para facilitar a la opinión pública información veraz y rigurosa", dice el texto.
Refiere que "el desarrollo de esta causa (...) ha condicionado notablemente la actividad del Gabinete de Comunicación de la Fiscalía General del Estado, a la vez que ha cohibido a muchos miembros del Ministerio Fiscal a la hora de facilitar información a los medios de comunicación".
Todo, tras subrayar la importancia de que el Ministerio Público ofrezca desde una posición "proactiva", información transparente y veraz porque como dice una instrucción de 2005 al respecto, "si el Fiscal no informa, otros lo harán en su lugar".
"Vivimos un momento muy delicado, en el que la difusión de bulos, informaciones carentes de rigor, tergiversadas o interesadas se propagan con enorme facilidad en la sociedad, no solo a través de redes sociales, sino también a través de otros canales más consolidados", expone el informe en su apartado sobre el funcionamiento del Gabinete de Comunicación.
"Algunas de esas informaciones -prosigue- están encaminadas a deslegitimar las instituciones públicas. Por eso la Fiscalía debe hacer un esfuerzo de comunicación y transparencia, no solo para reforzar, de manera voluntarista, la confianza de la ciudadanía en los órganos democráticos, sino porque tiene la obligación legal de informar a la opinión pública", reza la Memoria Anual.
En su discurso, el fiscal General ha procedido a exponer los datos generales de la memoria de actividades del Ministerio Público, cuando se incoaron 1.687.743 procedimientos de diligencias previas, lo que supone un crecimiento del 1,4% respecto de 2023. Por tipología de delito, el equilibrio se mantiene: Los delitos contra la vida y contra la integridad constituyen el 32% del total de diligencias y los delitos contra el patrimonio se mantienen en el 21%.
Corrupción, narcotráfico, incendios
En su exposición, García Ortiz se ha detenido en el capítulo de lucha contra la corrupción para destacar "la amplia actividad desplegada" por la Fiscalía en general y por Anticorrupción en particular, "referente" en países de nuestro entorno. Ha puesto en valor en este contexto la creación de dos unidades especializadas en la Fiscalía para delitos económicos y delitos contra la Administración Pública.
Asimismo, se ha referido a los delitos de narcotráfico, que "en los últimos años podría parecer una amenaza silenciosa para la sociedad" pero "va mostrando progresivamente más potencial de daño". "Cada vez utiliza más violencia y posee un riesgo real de corrupción, que conduce a una merma en la confianza de las instituciones", ha apuntado. Insta a "retomar iniciativas integrales para combatir el consumo ilícito de drogas y sustancias estupefacientes" porque "es también una necesidad social y de utilidad pública".
El aumento de "casi el 40%" en los delitos de odio, el descenso de un 6% en los expedientes de reforma de menores que rebate el alarmismo, lo residual de las cifras de denuncias falsas por violencia de género (0,0082%) o el hecho de que desde la entrada en vigor de la Ley Integral se hayan registrado 2,8 millones de denuncias han centrado también parte del discurso.
Mención expresa también a los incendios, para recordar el "limitado papel que el Derecho penal puede tener en este desgraciado fenómeno" y subrayar que "incumbe a los especialistas en los diferentes campos valorar y determinar los riesgos a los que sometemos a nuestro medioambiente, a nuestro territorio, y que entrañan la causa directa o indirecta de los fuegos".
"Debemos evitar el riesgo de criminalización del mundo rural y de determinados colectivos. No podemos reducir el complejísimo problema de los incendios forestales a la «caza del hombre», a la represión penal", ha añadido.
