Jorge Galindo y el plan de las 3 millones de viviendas para "cambiar un país"

El acceso a la vivienda en España no es un tema; es el tema. Se trata de uno de los principales problemas que existen en nuestro país para 3 de cada 10 personas, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Este mismo viernes conocimos que el precio de la vivienda ha acentuado su subida al 12,7% interanual en el segundo trimestre de 2025. Este dato supone la mayor subida en 18 años. O lo que es lo mismo: supera los niveles de la burbuja inmobiliaria.

Jorge Galindo se ha propuesto que pensemos entre todos cómo solucionarlo. El doctor en Sociología por la Universidad de Ginebra y director adjunto del Centro de Políticas Económicas de Esade aboga en su nuevo ensayo, Tres millones de viviendas. Cómo pasar de la escasez a la abundancia (Debate, 2025), por la "abundancia de oportunidades y opciones"; no solo de pisos.

"El gran problema es que en una cuestión tan fundamental como la vivienda no nos pongamos de acuerdo". Galindo propone no solo construir, sino también rehabilitar y agilizar trámites administrativos para conseguir movilizar esos 3 millones de viviendas.

"Tenemos que revisar las regulaciones que se lo ponen difícil al sector privado, pero también al sector público". Esto supodría facilitar la construccción, pero también la puesta a punto de vivienda ya construida como alquiler social. Eso sí, "el plazo no va a ser razonable", no es posible solucionar un poblema de esta magnitud de la noche a la mañana. Por eso Galindo plantea un marco temporal a una década vista.

Mucha demanda, ¿poca oferta?

Al contrario de lo que pueda parecer –explica el experto–, actualmente en España se construyen entre 120.000 y 130.000 nuevas viviendas al año, pero la creación de hogares, la demanda, es del doble. "En el pico de la burbuja estábamos en 700.000, y eso es una locura. Teníamos un río de crédito barato que iba al sector inmobiliario y eso no debe volver a pasar".

Más interesante le parece encontrar respuestas en los años 90, cuando construíamos cerca de 300.000 viviendas al año y una parte importante de ellas eran vivienda pública. ¿En qué nos equivocamos? Priorizamos la Vivienda de Protección Oficial (VPO) sobre el alquiler social. Y centenares de miles de pisos se acabaron vendiendo, pasando al mercado libre cuando transcurría el plazo de protección legal establecido (normalmente 30 años). "El poder del Estado de intervenir en la oferta se perdió, se renunció a él", sentencia. Ahora mismo en España hay apenas 300.000 pisos de alquiler social, el 1% del parque de viviendas.

Galindo defiende la vivenda como "refugio y patrimonio". No es partidario de la regulación de precios que plantea la ley de de 2023 para zonas tensionadas. Cree que, aunque en un primer momento consigue bajar los precios, puede ser contraproducente porque a medio plazo disminuye la oferta disponible y la propia calidad de las viviendas. "No me convencen las políticas que pueden desincentivar lo que necesitamos: menos escasez. Sí estoy a favor de un sistema impositivo que favorezca a la gente que no tiene una primera vivienda y penalice a quien acumula, sobre todo si no lo moviliza para el alquiler a largo plazo".

"Mi aproximación es mestiza ideológicamente", advierte. Defiende que hay que usar los recursos públicos: por ejemplo, –como ya han advertido otros expertos como Javier Burón– podríamos habernos gastado los fondos europeos Next Generation en hacer vivienda social, y no lo hemos hecho. Pero también apuesta por que la iniciativa privada deje de tener "una serie de regulaciones que no se lo ponen fácil" –y remata–: "Vamos a poner músculo público y que además una parte del mercado también pueda intentar ayudar a hacerlo".