Un modelo de financiación autonómica construido a base de cesiones a cambio de investiduras

Madrid

La aprobación esta semana del anteproyecto de ley de condonación de una parte de la deuda autonómica ha generado una oleada de críticas al gobierno de Pedro Sánchez, al que el Partido Popular y distintos gobiernos autonómicos acusan de ceder al chantaje de los independentistas. Esta quita es uno de los compromisos, incluidos en el pacto de investidura que el PSOE firmó con Esquerra Republicana a cambio de los votos de los republicanos a favor de la investidura de Pedro Sánchez.

No es la primera vez que las que la necesidad de apoyos parlamentarios lleva al gobierno a conceder algunas de las reclamaciones fiscales de los partidos nacionalistas, especialmente los catalanes. De hecho es una práctica habitual a la que recurrieron en los 90 tanto Felipe González, como José María Aznar para garantizarse la llegada a la Moncloa.

La primera de estas sesiones llegó en 1993. Después de varios años rechazándolo, Felipe González pactó con Convergència i Unió que las autonomías obtuvieran el 15 % de la recaudación del IRPF. "La corresponsabilidad fiscal con el 15% debe ser una corresponsabilidad que garantice la solidaridad" defendía González en el debate de investidura en la que los diputados de Jordi Pujol votaron a favor de su continuidad como presidente del gobierno.

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Un pacto que fue muy criticado por el Partido Popular aunque la victoria sin mayoría absoluta de José María Aznar en 1996 le llevó incluso a ampliar estas sesiones. El PP pactó con el PNV, la cesión de los impuestos especiales a las diputaciones forales y amplió hasta el 30 % la recaudación del IRPF en manos de las autonomías, dentro del conocido como pacto del Majestic.

Con el PP en la Moncloa, incluso se fue más allá y se cedió a los gobiernos autonómicos capacidad normativa en el impuesto de la renta para que pudieran subir o bajar una parte del tributo. "La autonomía normativa de las comunidades se circunscribirá a la fijación de la tarifa y a la determinación de las deducciones", explicó Aznar en su investidura.

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La cesión de la capacidad normativa "supuso un salto cualitativo", para Jesús Rodríguez Márquez, abogado tributario y colaborador de la Fundación Alternativas que explica que "hasta entonces la capacidad de decisión de las comunidades autónomas sobre sus propios ingresos eran muy limitada. El estado era el único que legislaba y el que decidía la cuantía del tributo. Eso se cambia con Aznar porque los impuestos pasan a ser compartidos y la comunidad autónoma tiene capacidad de decisión en una parte".

La última gran reforma del modelo de financiación autonómica se aprobó en 2009, cuando José Luis Rodríguez tampoco tenía mayoría absoluta. Fue entonces cuando se aprobó el modelo vigente actualmente por el que los gobiernos autonómicos reciben un 50% de la recaudación del IRPF y del IVA en su territorio y un 58% de la recaudación de los impuestos especiales.

Pese a que los cambios se han aplicado en momentos de debilidad del Gobierno, para Jesús Rodríguez el balance es positivo: "hemos pasado de un sistema en el que las comunidades tenían solo capacidad de gasto a otro en el que dan la cara frente a sus ciudadanos y adoptan decisiones de ingresos y de gasto. Esto es bueno desde el punto de vista de la óptica del federalismo fiscal, que es lo que tenemos en este país", concluye.

Rodríguez reconoce que "el sistema tiene deficiencias, pero es que tenemos un país muy complicado". Tanto que el actual modelo de financiación lleva una década caducado por la incapacidad de PSOE y PP de pactar una fórmula que lo actualice.