El Supremo de EE.UU. avala los arrestos migratorios en Los Ángeles tras un recurso de Trump

La Corte Suprema de Estados Unidos ha dado luz verde este lunes a los agentes de inmigración para detener en Los Ángeles a personas sospechosas de estar en el país sin documentos, incluso si no hay una causa razonable para el arresto. Con seis votos a favor y tres en contra, el máximo tribunal estadounidense se ha alineado con el Gobierno del presidente Donald Trump, que había apelado un fallo federal que suspendía temporalmente las redadas migratorias en la ciudad.

El fallo judicial revoca una orden emitida en julio por una jueza federal que prohibía las detenciones basadas en criterios como la apariencia física, el idioma que hablan los sospechosos o el tipo de trabajo que desempeñan. La decisión del Supremo permite reanudar las llamadas "patrullas itinerantes" del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que habían sido criticadas por organizaciones de derechos civiles por fomentar prácticas discriminatorias.

Desde la Casa Blanca, el Gobierno de Trump celebró el fallo como una "victoria para la seguridad nacional" y aseguró que los arrestos de inmigrantes “se han disparado” desde que comenzó su segundo mandato en enero. En un comunicado, el Ejecutivo republicano vinculó el aumento de la inmigración irregular con el incremento de la delincuencia, una afirmación que ha sido cuestionada por expertos y defensores de los derechos humanos.

La decisión ha provocado reacciones inmediatas en Los Ángeles, donde activistas y comunidades migrantes han convocado protestas para denunciar lo que consideran una legalización de la discriminación racial. "Este fallo pone en riesgo a miles de personas que viven y trabajan en esta ciudad, muchas de ellas con familias y raíces profundas en la comunidad", declaró un portavoz de la organización CHIRLA (Coalition for Humane Immigrant Rights).

El fallo del Supremo se enmarca en una serie de decisiones recientes que refuerzan la agenda migratoria del presidente Trump, quien ha prometido endurecer aún más las políticas de control fronterizo y deportación en los próximos meses.