Santos Cerdán pide la libertad al Supremo: "No hay pruebas y las actuaciones están viciadas"

La defensa de Santos Cerdán ha presentado dos escritos ante el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente en los que solicita su inmediata puesta en libertad con la premisa de que lleva en prisión dos meses y medio y en el radar de los investigadores siete meses y pese a ello, "no hay pruebas y las actuaciones están viciadas de vulneraciones de derechos fundamentales". Pide una batería de diligencias en ese sentido.

Los escritos, consultados por la Cadena SER, parten de la tesis de que se ha producido una "pesquisa general dirigida contra el número tres del principal partido del Gobierno" en la que "no investiga un hecho delictivo pasado, concreto y delimitado" sino "que se construye una causa general que comprende toda la vida política" de Santos Cerdán desde 2014 con el "único objetivo" de "alcanzar a toda costa una conclusión incriminatoria". Llega a relacionar su imputación con su posición negociadora con Junts.

"Estamos claramente ante un expediente en el que se entrecruzan distintos procedimientos judiciales, algunos de ellos archivados, otros con medidas que afectan a derechos fundamentales, todo ello con la documentación incompleta a día de hoy en esta sede del Tribunal Supremo", dice la defensa de Cerdán, que vuelve a pedir acceso a todo el material intervenido y toda la documentación de las actuaciones también de la Audiencia Nacional.

"Unos procedimientos -prosigue- en los que las decisiones adoptadas por la Fiscalía Anticorrupción han tenido un papel determinante, en los que aparecen involucrados desde fuentes / colaboradores de la Guardia Civil hasta un comandante del Servicio de Información que acaba imputado y en los que no podemos descartar tampoco la participación de otras instituciones del Estado".

Sobre este asunto versa buena parte de la petición de diligencias. Además de que se requieran a la UCO los informes faltantes sobre Santos Cerdán y la documentación que hubieran apartado de la investigación por considerarla secreta (llega a citar la judisprudencia del caso escuchas del CESID), quiere que testifique el "jefe de la unidad de la fuerza actuante".

Lo justifica en la necesidad de saber cuándo y en qué procedimiento se obtuvo la información que nutre el informe del pasado junio que fue clave en la imputación del hasta entonces número 3 del PSOE. Junto a él, solicita que testifiquen los agentes que redactaron ese atestado, porque cuestiona la regularidad del trabajo policial, tanto en el origen de sus pesquisas como en la custodia de las pruebas recogidas.

Los audios: "No son grabaciones entre particulares"

Pero además, insta una investigación específica sobre el chat "K Fontanería" que compartían varios agentes de Información de la Guardia Civil y que "se referiría a la actividad de Koldo García, siendo este el sujeto o el objeto de la actividad de 'fontanería'". Se trata de esclarecer exactamente qué hacía para esa unidad y con qué alcance.

La defensa de Santos Cerdán plantea la tesis de que Koldo García no hubiese grabado esos cientos de audios que acumulaba en discos duros, -como dijo él en televisión-, sino que hubiesen tenido algo que ver los teléfonos seguros que el comandante de Información de la Guardia Civil Rubén Villalba les proporcionaba a él y al comisionista Víctor de Aldama, como obra en la causa. Ambos, según consta también en las actuaciones, estaban dados de alta en la base de fuentes de esta unidad de élite.

De ahí que solicite también que se tome declaración al propio Villalba, que ya está imputado bajo sospecha de haber estado a sueldo de Aldama, y al que era su jefe en Información. "Lo único que a día de hoy sabemos sobre dichos audios es que se obtienen a través de teléfonos que han sido proporcionados por un comandante de la Guardia Civil investigado en la causa", señala, para incidir en que "no se puede seguir sosteniendo que son grabaciones entre particulares".

"Investigación contra miembros del legislativo"

Por otro lado, pone el foco en las pesquisas que ahora están en marcha y que vienen de una orden del magistrado del Supremo para analizar en los móviles intervenidos los mensajes que hubiera podido intercambiar el comisionista Víctor de Aldama con el exministro José Luis Ábalos, su hijo Víctor, Santos Cerdán, el ministro Ángel Víctor Torres "o con cualquier otra persona aforada".

Sostiene por ello que hay "miembros de las Cámaras Legislativas que son investigados sin haberse solicitado previamente el suplicatorio, con ocultación de información y construcciones argumentales paralelas", lo que considera la defensa una "alteración procesal de las reglas del juego y de contrapeso entre los poderes del Estado".

"El poder judicial no puede abrir sin más, sin justificación especialmente motivada y sin autorización de la Cámara afectada mediante el suplicatorio, una investigación contra miembros del poder legislativo", argumenta, para asegurar que "se trata de una pesquisa general acordada unilateralmente por el juez burlando todos los controles".

Por eso reclama al juez que "se requiera a la UCO para que identifique a los aforados que investigan" y que "suspendan dicha investigación" hasta que no se curse suplicatorio al Congreso, así como que se ponga en conocimiento de la Cámara Baja "que un número indeterminado de aforados están siendo investigados sin haber sido solicitado".

Pero aquella orden del magistrado tenía su punto de partida en la declaración de Aldama, que tampoco se libra de la petición de diligencias de Santos Cerdán. Sus abogados, Benet Salellas y Jacobo Teijelo, sostienen que su afán era "desviar el procedimiento" porque en realidad, "sus ingresos no proceden de contrataciones de obra pública" sino "del fraude de IVA en petróleo" por el que llegó a entrar en prisión provisional y que se investiga en la Audiencia Nacional.

"Ni fraude en la contratación ni Delcygate, sino fraude en el IVA del petróleo", asegura la defensa. Sostienen que Aldama trató de "sobornar a Ábalos" para que el Gobierno de España cambiase de posición respecto de Venezuela y Juan Guaidó.

Quieren que se averigüe quién le visitó durante los días que pasó en prisión preventiva antes de hacer la declaración por la que acabó saliendo en libertad, para "determinar las vías de concertación y posibles instrucciones recibidas en prisión para dirigir" aquella declaración.