Junts anuncia un pacto con Consumo para "blindar" el catalán en los servicios de atención al cliente

Madrid

Junts ha anunciado este martes un pacto con el Gobierno para "blindar" el catalán en el Proyecto de Ley de Atención a la Cliente, que regulará los servicios de atención al cliente de las grandes empresas y operadoras de servicios básicos de interés general.

En un comunicado, el partido de Carles Puigdemont asegura que "será obligatorio que los trabajadores de los servicios de atención al cliente conozcan el catalán para poder atenderlos respetando sus derechos lingüísticos". Esta obligación afectará "a la totalidad de los servicios básicos de interés general y a cualquier empresa de más de 250 trabajadores o que facture más de 50 millones anuales", según Junts.

Por ello desde Junts per Cataluña aseguran que han dado un paso más en la línea de sus actuaciones "en defensa de los derechos lingüísticos de los catalanes y de poder vivir plenamente en su lengua". El acuerdo con el Gobierno español permite, según el comunicado hecho público este martes, asegurar el derecho de los ciudadanos a ser atendidos en catalán por parte de las empresas y evita la invasión de competencias propias de la Generalitat de Cataluña.

JxCat señala entre las enmiendas acordadas, "que deben ratificarse próximamente en ponencia", la formación "obligatoria" en catalán de los trabajadores de los servicios de atención al cliente y la sustitución de la obligación de responder, como mínimo, en castellano, por la de hacerlo en la lengua oficial en la que se haya dirigido el cliente a la empresa. El acuerdo también supone que las comunicaciones escritas y verbales de la empresa con el cliente se adaptarán a la lengua elegida por este.

"Un cambio de paradigma"

Según Junts, estos acuerdos suponen "un cambio de paradigma", ya que ponen por delante el derecho del consumidor a ser atendido en catalán, sin que ello dependa de la "buena voluntad" de la empresa o de su ubicación territorial.

El acuerdo, indica la nota, afectará a compañías eléctricas, suministradoras de gas, de agua, telefonía, aeronáuticas, ferroviarias, transporte en autobús, servicios postales, de comunicación audiovisual de pago (plataformas), entidades bancarias y servicios financieros, aseguradoras, servicios públicos, cualquier otra empresa con más de 250 trabajadores y empresas que facturen más de 50 millones de euros anuales.