El fiscal general del Estado reclama anular la fianza que le impuso el juez Hurtado
La Abogacía del Estado invoca la Ley de Asistencia Jurídica al Estado para pedir que no se imponga fianza a Álvaro García Ortiz y, en caso de no estimar esta petición, reclama que se rebaje el importe definitivo de 75.000 euros
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, participa en la ponencia 'La transformación de la justicia desde el punto de vista de la fiscalía', este lunes en los cursos de verano de la Universidad Complutense. / Chema Moya (EFE)
El fiscal general del Estado ha recurrido en apelación las dos decisiones del juez que le impuso primero una fianza de 150.000 euros y que después rebajó después a 75.000 euros al reconocer que había empleado para el cálculo un baremo inconstitucional. Ángel Hurtado, que ha enviado al banquillo a Álvaro García Ortiz por haber filtrado presuntamente el correo con la confesión de los delitos fiscales del novio de Ayuso, quiere asegurar con esa cifra los perjuicios ocasionados a Alberto González Amador con la supuesta filtración.
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Según el recurso al que ha tenido acceso la Cadena SER, la Abogacía del Estado quiere que se anule la fianza y se apoya en la Ley de Asistencia Jurídica al Estado y a las Instituciones Públicas. Esta norma establece que, entre otros, "el Estado y los órganos constitucionales, estarán liberados de la obligación de prestar garantías y depósitos de dinero en los procedimientos judiciales y administrativos en los que estén involucrados".
En el caso de que la sala de apelaciones no estime este motivo, piden subsidiariamente rebajar la fianza porque "resulta desproporcionada y carece de motivación suficiente". Esta ausencia de fundamentación, añade, "deja la cuantía en el terreno de la arbitrariedad, tal como advirtió el Tribunal Supremo: en materia de daño moral una valoración genérica puede ser suficiente, pero no cabe recurrir a fórmulas vacías del tipo alguna-cantidad-habrá-que-poner”
El recurso sostiene que el juez, Ángel Hurtado, parte de un error. Ha tomado como referencia los 40.000 euros que el comisionista reclamó a la vicepresidenta, María Jesús Montero, por llamarle delincuente confeso cuando aquella demanda fue desestimada íntegramente y no se le indemnizó. El Tribunal Supremo consideró que González Amador era una persona de "notoriedad pública" y que esas expresiones encajaban en la "crítica política".
Por último, la defensa de García Ortiz pone en cuestión los daños morales al llamar "delincuente confeso" a González Amador porque no se compadece con la estrategia que desplegaron tanto el novio de Ayuso como su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez. Ambos difundieron entre los medios de comunicación que ellos querían buscar una sentencia de conformidad -lo que implica reconocer los delitos-, pero introdujeron el bulo de que Álvaro García Ortiz no lo permitía.
Pedro Jiménez
Redactor Jefe en la Cadena SER. Antes he pasado...Redactor Jefe en la Cadena SER. Antes he pasado por los equipos de Hora 14, Radio Madrid, Fin de Semana, Investigación y Tribunales. He colaborado en el programa de La Mañana de la 1 y en 120 minutos de Telemadrid. Licenciado en Derecho y Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid.