El fiscal general pide al Supremo su absolución y que cite a declarar en el juicio al novio de Ayuso y a Miguel Ángel Rodríguez

Madrid

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado el escrito de defensa en la causa que le ha llevado al banquillo del Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos cometido al haber filtrado a la Cadena SER el correo electrónico en el que el novio de Ayuso confesaba sus delitos fiscales para llegar a un pacto y evitar el juicio.

Álvaro García Ortiz pide la libre absolución porque los hechos no son constitutivos de delito y reclama al alto tribunal que llame a declarar a Alberto González Amador y a su abogado, al jefe de gabinete de la presidenta regional, Miguel Ángel Rodríguez, y a los dos fiscales que han investigado el presunto fraude fiscal del comisionista.

Miguel Ángel Rodríguez reconoce que filtró el contenido del correo del fiscal que investiga al novio de Ayuso

En el escrito de más de 30 páginas, al que ha tenido acceso la Cadena SER, García Ortiz hace un repaso cronológico de los hechos ocurridos desde el 26 de enero de 2024, el día en que se comunicó al afectado el fraude fiscal, hasta el 12 de marzo cuando se publicó la primera información sobre el caso. El relato concluye que la confesión se envió masivamente a distintos correos electrónicos rompiéndose la confidencialidad de las conversaciones entre el abogado y el fiscal asignado al caso. El expediente pasó por distintos departamentos. De esta forma, solo en la Fiscalía más de 600 personas pudieron tener acceso a esa confesión antes de que la recibiera García Ortiz. A ellos hay que sumar al abogado del Estado al que también se le envió ese correo electrónico, la pluralidad de periodistas que han declarado que lo conocieron y el entorno del novio de la presidenta regional que conocía el caso.

El 12 de marzo se volvió a romper la confidencialidad abogado-fiscal, dice el escrito. El día que estalló el caso con la publicación del presunto fraude fiscal, González Amador reenvió a Miguel Ángel Rodríguez la respuesta del fiscal a la petición del comisionista de llegar a un pacto. Julián Salto le explicaba que habían interpuesto la denuncia, pero que no había inconveniente en negociar una conformidad. Este mensaje es el que usó el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso para "distribuir entre medios afines un relato alternativo, según el cual los problemas de Alberto González Amador con la Hacienda Pública se debían a una persecución política, con el propósito de neutralizar urgentemente el presumible impacto político negativo de la noticia" que publicaron distintas cabeceras y que era falsa: que la fiscalía había ofrecido un pacto al comisionista que había sido parada por órdenes de arriba. El fiscal general denuncia que ha sido víctima de "una operación perfectamente orquestada desde el aparato institucional de la Comunidad de Madrid para contrarrestar la repercusión política negativa de la noticia sobre la persona relacionada con la presidenta de la Comunidad de Madrid, construyendo con ese propósito un relato alternativo en el que se presentaba a Alberto González Amador como la víctima de una operación política llevada a cabo desde el Gobierno, con la ilícita complicidad de la AEAT y de la Fiscalía, para desacreditar a la presidenta de la Comunidad".

En ese momento, sigue el relato del fiscal, los medios de comunicación trataron de confirmar la información y desde Fiscalía General se dio orden para recabar el expediente tributario del caso porque "cundió una gran preocupación ante lo que se estaba publicando en algunos medios y difundiendo en las redes sociales, tanto por la poca verosimilitud de lo que se decía sobre una supuesta propuesta de conformidad de la Fiscalía como por la gravedad de las conductas que se atribuían a la Fiscalía y a los profesionales que la integran". El escrito de defensa rechaza que García Ortiz filtrara a esta emisora el documento con la confesión del novio de Ayuso que se publicó el 13 de marzo a las 23:25 horas en el informativo Hora 25 y que desmintió el bulo que difundió la Comunidad de Madrid. Defiende que hubo dos procesos independientes. El de la Fiscalía, reuniendo la documentación para elaborar una nota de prensa de desmentido y el de los medios de comunicación, tratando de contar la verdad. Ambas, subraya, tuvieron "una misma causa desencadenante" que fue la estrategia de la Comunidad de Madrid "para neutralizar y desviar" la noticia del fraude fiscal del novio de la presidenta. De esta forma, quedó claro que la fiscalía no había ofrecido un pacto a Alberto González Amador que se había frenado por órdenes de arriba, sino que fue el comisionista el que pidió el pacto para evitar el juicio y que se estaban llevando a cabo las negociaciones habituales en estos casos. En este punto señala, además, que "todavía sigue abierta la posibilidad de llegar a una conformidad".

Por último, el fiscal general recuerda que si borró el contenido de su teléfono móvil es porque tiene obligación legal de hacerlo de manera regular por la información que maneja y que si desactivó su cuenta de correo electrónico y cambió de número de móvil durante la investigación fue porque se incluyeron en documentos judiciales y empezó a recibir todo tipo de mensajes.

El tribunal que juzgará a García Ortiz

El Supremo ha dado a conocer el tribunal que juzgará al fiscal general por un presunto delito de revelación de secretos. Estará compuesto por siete magistrados: el presidente de la sala de lo penal, Andrés Martínez Arrieta, su predecesor en el cargo, Manuel Marchena, y los magistrados Ana Ferrer, Susana Polo, Carmen Lamela, José Ramón Berdugo y Antonio del Moral.