Prioridad en las entradas o personas que "vienen a delinquir": expertas en Derecho Constitucional desmontan parte del plan migratorio de Feijóo

Madrid

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido en los últimos días que tengan prioridad para entrar en España las personas “culturalmente próximas”. Una expresión que, según el contexto del discurso, podría referirse a ciudadanos latinoamericanos frente a personas africanas o asiáticas. ¿Es esto constitucional?

No, según los expertos en derecho constitucional consultados por la Cadena SER. Aunque algunos países como Colombia, Guinea Ecuatorial o Filipinas tienen facilidades para obtener la nacionalidad española por haber sido colonias en el pasado, eso no implica que se pueda favorecer a un argentino frente a un japonés o a un marroquí en el acceso a vivir y trabajar en España.

Patricia Vicens, abogada experta en Derechos Humanos, explica que "estaríamos ante un supuesto de discriminación por razón de nacionalidad. Todas las personas extranjeras tienen el mismo acceso a la documentación, tienes que cumplir una serie de requisitos objetivos", explica Vicens.

Para los expertos, esta propuesta vulneraría el artículo 14 de la Constitución Española, que garantiza la igualdad ante la ley sin discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

¿Y qué pasa con los migrantes que "vienen a delinquir"?

Otro de los puntos del discurso del PP que ha generado polémica es la afirmación de que hay personas que "vienen a delinquir". Una expresión que, según los juristas, vulnera directamente la presunción de inocencia.

"Tú no puedes presumir que una persona viene a delinquir porque el derecho penal de autor está prohibido, solo podemos sancionar a aquellas personas que se pruebe que han cometido un delito. Por lo tanto, es que vulneraríamos la presunción de inocencia", explica Patricia Vicens.

Los expertos recuerdan que España ya contempla la expulsión de migrantes que cometen delitos graves y son condenados a más de un año de prisión. Pero advierten que no se puede aplicar esta medida de forma indiscriminada. De hecho, en algunos casos, expulsar en lugar de condenar puede ser contraproducente.

Un ejemplo que citan: si alguien entra en España con un fardo de cocaína y en vez de cumplir condena se le expulsa, lo único que se consigue es “pagarle el viaje de vuelta a su casa”, explican los juristas consultados.