La Audiencia de Madrid delibera cuatro recursos del 'caso Begoña Gómez'

La Audiencia de Madrid empieza este lunes la deliberación de cuatro recursos que presentaron el fiscal y las defensas de los investigados en la causa abierta contra las actividades profesionales de Begoña Gómez. Se trata de las impugnaciones contra los intentos del juez Peinado de encausar al Ministro, Félix Bolaños, la prórroga de la instrucción y la petición del listado de los trabajadores del Palacio de la Moncloa.

La sala de apelaciones madrileña no tiene sobre la mesa ninguno de los recursos que se han presentado contra la apertura de la pieza separada por un presunto delito de malversación que, de acabar en juicio, será ante un jurado popular. Juan Carlos Peinado investiga si Moncloa asignó una asistente a Begoña Gómez que le ayudaba en sus actividades privadas. Este sábado convocó a las partes para comunicarles que acomodaba esta pieza separada a la ley del jurado, pero ninguno de los investigados asistió a la llamada del juez. Begoña Gómez, su asistente Cristina Álvarez, y el delegado de gobierno en Madrid, Francisco Martín, dejaron el trámite en manos de sus abogados.

Las partes fijan posición

La fiscalía y las defensas reclamaron en esa audiencia el archivo de la investigación. El fiscal sostiene que los hechos no son constitutivos de delito y menos aún del delito de malversación. El Ministerio Público lo hace después de revisar la última prueba que se ha aportado y que, según el juez, revela indicios sólidos y fundados de delito. Se trata, según fuentes jurídicas, de 121 correos electrónicos de Cristina Álvarez que se cruzó en siete años con el exvicerrector de la Universidad Complutense, Juan Carlos Doadrio. Lo que arroja una media de un correo electrónico cada diez días.

La defensa de Begoña Gómez también ha pedido el archivo porque no hay delito y su clienta nunca pudo cometer la malversación porque no nombró a su asistente ni autoriza el pago de su salario. Además, ha denunciado la nulidad del acto porque se ha celebrado sin que las partes pudieran haber examinado los correos electrónicos del exvicerrector de la Universidad Complutense. Se trata, ha subrayado, de una "vulneración evidente del derecho de defensa". "El derecho penal nunca puede caer en el absurdo de una interpretación extensiva, irracional, impropia de un Estado de derecho o de una configuración adecuada de los derechos que corresponden a los ciudadanos", ha concluido.

Las acusaciones populares quieren mantener abierta esta investigación y reclaman nuevas diligencias. Entre ellas que vuelvan a declarar el Presidente del Gobierno y el Ministro de Justicia. Consideran "imprescindible" el testimonio del Pedro Sánchez, que ya se acogió a su derecho a no declarar en la primera citación, para, dicen, "conocer el grado de supervisión, consentimiento o tolerancia que tuvo de las actividades de Cristina Álvarez y de la desviación sistemática de recursos del Gobierno para fines privados".

También piden que declare la actual secretaria general de presidencia del Gobierno. Ahora las partes tienen cinco días para poner por escrito las conclusiones que han puesto sobre la mesa en el juzgado. Cuando esto ocurra, Juan Carlos Peinado dictará el auto en el que decidirá si continúa con la investigación, si la archiva o si la manda a juicio.

Las contradicciones de Peinado

Peinado abrió esta pieza separada el pasado mes de marzo y trató de escalar hasta Moncloa. Imputó en mayo a Francisco Martín, que fue secretario general de Moncloa, y descartó hacerlo con Begoña Gómez y su asesora porque, dijo, no pudieron cometer este delito. Llamó como testigo a Bolaños que ocupó el mismo cargo que Martín y elevó una exposición razonada al Tribunal Supremo para que lo investigara. El alto tribunal la rechazó porque no había "el más mínimo indicio probatorio". Entonces, Peinado cambió de estrategia y el pasado mes de agosto imputó a la mujer del presidente y a su asistente.