Los 123 jueces de violencia de género en España denuncian que no tienen medios para poder asumir también los casos de agresiones sexuales

Madrid

Los 123 magistrados que llevan los Juzgados de Violencia sobre la Mujer deberán asumir también a partir de este viernes los juicios relacionados con los delitos sexuales fuera de la pareja o expareja, trata de seres humanos con fines de explotación sexual, matrimonios forzados y mutilación genital femenina, según marca la nueva ley Bolaños. Una norma que no convence a los jueces que han emitido un duro comunicado explicando el "previsible colapso" que va a provocar.

Lamentan que el pasado mes de marzo ya emitieron otro comunicado "con objeto de trasladar a la ciudadanía las nefastas consecuencias que ello iba a suponer en unos órganos sobrecargados desde hace años" y que no sirvió de nada. Denunciaban entonces que, tras varias reformas legales, se les ha ido otorgando nuevas competencias, sin que ello haya ido acompañado de un aumento del número de jueces y juezas sino, más bien al contrario.

Ante ese comunicado, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, aseguró que se iban a crear un 50% más de plazas destinadas a las Secciones de Violencia sobre la Mujer y dotar de recursos allá donde fuera necesario. Pero la realidad, aseguran, es muy distinta: "No sólo no se ha creado ese 50% de plazas prometido - en la mayoría de los partidos judiciales nada se crea-, sino que a día de hoy ni siquiera se han dotado a los Juzgados de los refuerzos que también se prometieron hasta que se crearan esas plazas, el 1 de enero de 2026. Refuerzos que ahora se van a limitar a comisiones de servicio sin relevación de funciones, esto es, nombrar jueces que, además de su trabajo, saquen parte del papel que se acumula en estos órganos judiciales. Nada que implique su presencia física en los mismos. Nada", se puede leer en el comunicado.

También inciden en que en la mayoría de los partidos judiciales no se han adaptado las sedes "para poder llevar a cabo esa labor en unas mínimas condiciones de dignidad y confort" para las mujeres y sus hijos e hijas.

"La realidad es que no han aumentado los servicios auxiliares que nos permitan llevar a cabo nuestra labor, con más forenses, personal en los órganos judiciales y en las oficinas de atención a las víctimas, así como en el servicio de asistencia jurídica", sostienen.

Citan también "los problemas técnicos de las pulseras de detección de proximidad" y cómo estos jueces especializaron asumirán "todas esas carencias" para asegurar "el buen trato y la protección de las víctimas".

Consideran que esta vez es "inasumible" abarcar todo lo que se les avecina: "No podremos seguir realizando nuestra labor a costa de nuestro sacrificio personal, porque ni siquiera eso será suficiente".