El 80% de los colegios concertados sigue cobrando cuotas irregulares a las familias

El 80% de colegios concertados sigue cobrando cuotas irregulares a las familias, según el último informe de la Asociación de Colegios Privados e Independientes CICAE que se presenta esta mañana. Es el décimo estudio que esta asociación realiza sobre este asunto y, en esta ocasión, se han encontrado con un agravante: hay comunidades donde esas cuotas se exigen en el 100% de los concertados. Es el caso de Cataluña, País Vasco y Madrid.

Los precios de esas cuotas han seguido subiendo, especialmente en Cataluña y en la Comunidad de Madrid según ha detectado CICAE, un 23% y un 16% respectivamente en los últimos tres años. Es en Cataluña donde el estudio señala al centro concertado con la cuota más alta, de 1.100 euros mensuales. Se trata del prestigioso colegio Sant Paul's. Más de la mitad de los concertados catalanes cobran cuotas de más de 246 euros al mes. En la Comunidad Valenciana, la cuota máxima registrada asciende a 450 euros mensuales, mientras que en la comunidad de Madrid ese pago máximo roza los 300 euros/mes. El estudio muestra diferencias significativas en función de la tipología societaria de los centros. Las cuotas son mucho más altas, casi el doble en algunos casos, en los colegios de titularidad mercantil (114 euros/mes) frente a los colegios bajo congregaciones religiosas y entidades sin ánimo de lucro (74 euros/mes)

El informe detecta que un 11% de niños sufren exclusión si sus familias no pagan la cuota, un porcentaje que se eleva al 29% en los centros visitados en la Comunidad de Madrid. "Apartan al alumno de actividades reubicándolo fuera del grupo o incluso los padres tienen que venir a recogerlo para que se lo lleven del centro", explica Amparo Núñez, directora del estudio. En el informe se recogen algunas de las fórmulas que utilizan estos centros para llevar a cabo esas exclusiones: "Los niños tendrían que entrar más tarde, salir antes o ser apartados en aulas separadas", “Se iría a un aula aparte, pero todas las familias apuestan por estas actividades” ○ “El niño entraría una hora después (9.45) o saldría una hora antes (15.50), “Los niños se tendrían que ir a casa o pagar el servicio de custodia (189€/mes)”. "Estamos hablando de niños de 3 años a los que se dice que no pueden participar en una actividad en la que están todos los compañeros de clase", recalca Elena Cid, directora de CICAE.

"La ley no permite cobrar por un complemento formativo o por enriquecimiento curricular y en ningún caso permite la discriminación o exclusión del alumnado"

—  Elena Cid, directora de CICAE

Además, el informe constata que el 25% de los colegios que cobran una cuota básica educativa no entregan ningún documento de precios ni hoja informativa durante el proceso de información. "En algunos casos hemos tenido que visitar el mismo colegio hasta 5 veces para conseguir esa información", explica Núñez. "Es complicado para una familia primero entender el concepto de qué cuota tengo que pagar, si es voluntario y qué pasa si no lo hago", asegura Cid. "No es algo que salga de manera espontánea en las entrevistas, tenemos que estar preguntando por los conceptos, tirando del hilo para que nos expliquen, no es fácil", concluye Núñez.

Competencia desleal

Para CICAE, este décimo estudio que presentan viene a reflejar que la administración "está permitiendo una competencia desleal para la enseñanza privada", en palabras de Elena Cid. CICAE también cree que se perjudica a la enseñanza en centros públicos porque se les priva de una financiación que se dirige hacia la concertada, "que ahora está teniendo una triple vía de ingresos económicos", según Cid. Por una lado, la financiación pública, las elevadas cuotas que pagan las familias y las exenciones fiscales con las que cuentan estos centros concertados en la mayoría de territorios. "En Madrid hay cesión de suelo público o se les exime del pago de impuestos municipales", resalta Cid, "son titulares privados como nosotros que cuentan con unas ventajas competitivas muy importantes, y eso les permite venderse a las familias como centros privados más baratos".

"Hacemos un llamamiento a las administraciones para que no autoricen las cuotas que no están contempladas en la ley", exige la presidenta de CICAE. "La ley no permite cobrar por un complemento formativo o por enriquecimiento curricular y en ningún caso permite la discriminación o exclusión del alumnado", recuerda. Lamentan que ningún gobierno estatal haya dado el paso desde la última regulación normativa de la educación concertada, de 1985, para clarificar todo esto. "La administración está permitiendo que se cobre por conceptos que no están recogidos en la ley", afirma Cid que echa en falta con toda esta problemática a la inspección educativa: "No vemos movimientos en la inspección, creo que está atada o no tiene recursos".