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La defensa de Begoña Gómez recurre el paso a tribunal del jurado y alega que ni es funcionaria pública ni los correos eran de "trabajo"

Pide a la Audiencia Provincial de Madrid que revoque el auto de Peinado por ausencia de fundamentos para imputar malversación

Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez / Europa Press News

Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

Madrid

La defensa de Begoña Gómez ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid el auto con el que el magistrado Juan Carlos Peinado transformó sus diligencias en un asunto de tribunal del jurado por malversación. Alega que ni se fundamenta que haya indicios del delito ni los investigados podrían haberlo cometido, puesto que no se puede considerar a la mujer del presidente del Gobierno como funcionaria pública ni entender que los correos que manejaba su asesora eran de "trabajo".

Sobre el primer asunto, el escrito, al que tuvo acceso la Cadena SER, argumenta que Begoña Gómez, como mujer de Pedro Sánchez, "ni tiene mando o jurisdicción propia ni participa en el ejercicio de funciones públicas", los dos requisitos que en la ley definen al funcionario.

Rechaza así que se le conceda esta condición de cara a la imputación de malversación, decisión que adoptó Peinado tras una referencia previa de la Audiencia Provincial de Madrid en relación a sus labores para la Universidad Complutense.

Y estas labores, recuerda la defensa, no eran remuneradas. El abogado sostiene que todos los correos electrónicos aportados a la causa en los que participó la asesora de Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, lo eran sobre la cátedra de Transformación Social Competitiva, donde ella "no cobraba ninguna cantidad de dinero".

"Difícilmente puede considerarse que eran correos relativos al trabajo de la misma", dice el escrito, que reproduce la definición del Diccionario de la RAE para el término trabajo y subraya que debe concurrir una retribución inexistente en este caso.

Argumenta en todo caso que lo que hacía Cristina Álvarez era prestar una "ayuda puntual" en temas administrativos, de ahí que los 121 correos electrónicos aportados a la causa por el exvicerrector de Relaciones Institucionales de la Complutense, Juan Carlos Doadrio, tuvieran que ver con la gestión de los convenios de colaboración. El peso, insiste, lo llevaba la propia Begoña Gómez.

"Todos sin excepción han sido remitidos por Cristina Alvarez desde su correo particular y responden a una ayuda puntual en relación con el tema de la firma de los convenios de la Catedra derivada de la amistad que mantenían. En ningún momento esto ha afectado al cumplimiento de las funciones ordinarias y habituales en la Presidencia del Gobierno de Cristina Álvarez que están documentadas en la causa", argumenta el escrito.

 

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