40 años de oposición del PP al aborto: del recurso de Fraga al silencio de Feijóo

Madrid

Tras el anuncio de Pedro Sánchez de llevar al Congreso una propuesta para reformar la Constitución e incluir el derecho al aborto con el objetivo de blindarlo frente a posibles retrocesos impulsados por PP y Vox, el debate sobre este derecho fundamental ha vuelto al primer plano político.

La iniciativa del presidente del Gobierno responde a la reciente aprobación en el Ayuntamiento de Madrid —con los votos de PP y Vox— de una moción presentada por la formación de Santiago Abascal que obliga a informar, de forma verbal y escrita, a las mujeres que deseen abortar sobre las supuestas consecuencias de un "síndrome postaborto", una condición sin reconocimiento científico alguno.

Este movimiento se enmarca en la estrategia de Vox de introducir postulados ultraconservadores en las instituciones, y evidencia la creciente sintonía del PP con la extrema derecha. Aunque el Partido Popular ha intentado matizar su postura —el alcalde José Luis Martínez-Almeida reconoció que dicho síndrome "no es una categoría científica reconocida" y que la información no será obligatoria—, lo cierto es que la formación lleva más de cuatro décadas oponiéndose sistemáticamente a cualquier avance legislativo en materia de aborto.

La periodista Mariola Lourido, de la Cadena SER, ha repasado las principales iniciativas que han sustentado esta oposición desde 1985. Ese año, Alianza Popular, liderada por Manuel Fraga, votó en contra de la primera ley que despenalizaba el aborto en tres supuestos: riesgo grave para la salud de la mujer, violación y malformaciones graves del feto. Además, recurrió la norma ante el Tribunal Constitucional, que la avaló parcialmente en una sentencia histórica.

En 2010, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó la Ley Orgánica 2/2010, que reconocía el aborto como un derecho libre durante las primeras 14 semanas de gestación. El PP, entonces liderado por Mariano Rajoy, recurrió la ley ante el Constitucional y se movilizó junto a sectores ultracatólicos y la jerarquía eclesiástica. El Alto Tribunal tardó 13 años en resolver el recurso, y finalmente, en mayo de 2023, avaló la ley y reconoció el aborto como un derecho vinculado a la integridad física y moral de la mujer.

Casado propuso volver a la ley de 1985

Durante ese largo periodo de espera, el Gobierno de Rajoy intentó impulsar una contrarreforma radical a través del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. El anteproyecto eliminaba el sistema de plazos y restringía el aborto a dos supuestos: violación y grave peligro para la salud de la mujer, excluyendo incluso las malformaciones fetales como causa directa. Además, obligaba a las menores de 16 y 17 años a recibir el consentimiento paterno para abortar. La propuesta generó una ola de protestas que culminó en el Tren de la Libertad y provocó la dimisión de Gallardón en septiembre de 2014.

La posición del PP no cambió con Pablo Casado, quien defendió volver a la ley de supuestos de 1985 y se mostró contrario a considerar el aborto como un derecho. Con la llegada de Alberto Núñez Feijóo, el partido ha intentado adoptar una postura más ambigua. Aunque ha reconocido la vigencia de la ley de plazos y ha afirmado que el aborto es un "derecho sanitario", ha evitado calificarlo como derecho fundamental y ha borrado cualquier mención al tema en el ideario del partido.