La 'tasa Zucman' y el temor de los gobiernos a los más ricos: ¿Quién debe pagar la factura del Estado?

Madrid

El economista Gabriel Zucman ha propuesto una medida fiscal que busca avanzar hacia una mayor justicia tributaria en un contexto de creciente endeudamiento público en Francia. El académico francés, discípulo de Thomas Piketty y catedrático en la Universidad de California en Berkeley, plantea que los hogares con un patrimonio superior a los 100 millones de euros paguen un impuesto anual del 2 % sobre el valor total de sus activos. Según sus estimaciones, esta medida permitiría recaudar hasta 20.000 millones de euros anuales en el país galo.

La propuesta, conocida como la "tasa Zucman", ha generado un intenso debate político y social en el país. Según una encuesta del Instituto Francés de Opinión Pública (IFOP), el 86 % de los franceses apoya esta iniciativa, que afectaría únicamente a unas 1.800 personas.

En A vivir que son dos días, el economista Daniel Fuentes Castro —doctor en Economía por la Universidad de París y colaborador de Hora 25— analizó algunas de las críticas a la propuesta. Una de ellas es el riesgo de éxodo fiscal, es decir, que los grandes patrimonios abandonen el país para evitar el pago. Esta preocupación ya había sido expresada por el presidente Emmanuel Macron, quien considera que la única forma de evitar esta fuga es aplicar el impuesto a escala global.

Fuentes Castro reconoció que el riesgo de deslocalización existe, pero asegura que se trata de un "argumento simplista". "La realidad nos muestra que un rico se puede ir, pero no puede deslocalizar su patrimonio inmobiliario, sus intereses económicos, su mercado, sus consumidores y sus clientes, que están en Francia". Además, subrayó que el impuesto se aplicaría sobre activos que generan rendimientos, como propiedades o inversiones, por lo que su impacto real sería limitado. "Si una persona obtiene un 6 % de rentabilidad anual y paga un 2 % de impuesto, le sigue quedando un 4 % de beneficio, que es lo que soportan las clases medias en términos de presión fiscal".

En el caso francés, donde el déficit público supera el 5,8 % del PIB y la deuda roza el 114 %, el margen para exigir más esfuerzo fiscal a las clases medias es políticamente inviable. Por ello, la propuesta de Zucman se presenta como una alternativa viable y justa, al centrarse en quienes más tienen. No obstante, el Gobierno de Macron, con una mayoría parlamentaria frágil, se muestra reticente a impulsarla, pese a la presión de la izquierda y de la opinión pública.

Una difícil aplicación inmediata en España

Respecto a su posible aplicación en España, Fuentes advirtió que "en los próximos años vamos a ver un debate muy intenso sobre la hiperconcentración de la propiedad inmobiliaria en manos de la población de mayor edad". Este fenómeno, según el economista, podría derivar en una discusión sobre la desigualdad intergeneracional y la necesidad de una reforma fiscal que contemple la redistribución del patrimonio.

Sin embargo, también reconoció que un Gobierno progresista como el actual en España no está en condiciones de impulsar una medida de este calibre debido a la aritmética parlamentaria. "El Ejecutivo tiene enormes dificultades incluso para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado", sentenciaba Fuentes Castro.