El fiscal pide archivar la causa principal contra Begoña Gómez para "no acudir a hipótesis fabulosas"

Madrid

El fiscal ha pedido en la audiencia celebrada este lunes el archivo de la investigación abierta a Begoña Gómez, su asistente y el empresario, Carlos Barrabés, porque los hechos que investiga el juez Peinado no son constitutivos de delito a menos que "queramos forzar los tipos penales o acudir a hipótesis fabulosas" y porque ella siguió en todo momento las directrices que le marcaba la Universidad Complutense en la gestión de la cátedra que codirigió y no ha habido beneficio económico.

El escrito recuerda que Begoña Gómez empezó a impartir formaciones en la Universidad Complutense en el año 2012 y que Carlos Barrabés empezó ese mismo año su aventura empresarial. Seis años antes de que Pedro Sánchez fuera Presidente del Gobierno. Peinado, con el visto bueno de la Audiencia de Madrid, indaga si la cátedra de la Universidad Complutense que codirigió Gómez y en la que estuvo de profesor Barrabés les sirvió de trampolín para lanzar sus carreras profesionales.

En este punto, la Fiscalía recuerda que las empresas de Barrabés han venido obteniendo contratos públicos desde el año 2016 -dos años antes de que Sánchez llegara a la Moncloa- hasta 2023. En total, más de 22 millones de euros, de los que más de la mitad no están siendo objeto de investigación.

El fiscal denuncia que se atribuye a los investigados el delito de tráfico de influencias "con cierta generalidad, sin precisar ni concretar una imputación". Añade que "más allá de consideraciones éticas o estéticas, conveniencia o inconveniencia de ciertas actuaciones, que ya hemos apuntado en otras ocasiones, la mera relación conyugal de Begoña Gómez no puede operar como una suerte de presunción que se traduzca en prevalimiento e influencia con relevancia penal en toda su actividad, pretendiendo que vaya impregnado siempre además, del elemento doloso necesario para la comisión del ilícito".

Y concluye afirmando que "la influencia, puede ser, directa, con órdenes e indicaciones expresas; o de forma más indirecta (sutil, velada, sibilina, se nos dice por la jurisprudencia), pero que debe existir y debe ponerse de manifiesto; a través de qué comportamiento, cómo, cuándo, dónde, sobre quién se ha ejercido el prevalimiento. Porque la mera presencia de la persona no puede ser sin más influencia".

Las acusaciones piden diligencias y las defensas, el archivo

La audiencia para extender al jurado toda la causa contra Begoña Gómez ha seguido el guion previsto. Las defensas han reclamado al juez que ponga fin a la investigación porque un año y medio después de que se admitiera a trámite la denuncia del pseudo sindicato ultra Manos Limpias con recortes de prensa -alguno falso- no hay ningún indicio de delito. La defensa de la mujer de Sánchez ha señalado que "no hay indicios contra ella" y que lo que recogen los autos "es más propio de una novela". El abogado, Antonio Camacho, según fuentes presentes en la diligencia, ha afirmado que la relación conyugal de Begoña Gómez no justifica una "investigación universal de toda su vida profesional y personal" y que "desde los tiempos de la Inquisición no se veía una investigación como la que ella está sufriendo".

Las acusaciones han pedido diligencias de investigación, entre ellas que se cite también aquí como testigo a Pedro Sánchez para que explique sus relaciones con las empresas que trabajaron en el software que nunca llegó a implementarse.

En esta audiencia se han producido un nuevo desencuentro entre las acusaciones populares. Iustitia Europa había anunciado que iban a pedir que Juan Carlos Peinado elevara una exposición razonada para que el Tribunal Supremo abriera una investigación al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Esta acusación popular quería mover ficha después de que el propio instructor dictara un auto en el que reconocía que la relación la conyugal entre Begoña Gómez y Pedro Sánchez es fundamental para que ella pudiera cometer los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida. Sin embargo, su propuesta no ha sido acogida por el resto de asociaciones ultra que sostienen la acusación.

La Complutense, a la espera

A la cita ha acudido también un representante de la Universidad Complutense al que había llamado el juez, Juan Carlos Peinado, al considerarla perjudicada por los delitos que supuestamente ha cometido Begoña Gómez.

El representante de la institución se ha limitado a afirmar que si se acredita que la mujer del Presidente del Gobierno cometió un delito de apropiación indebida con el software y el registro de la marca y el logo de la cátedra que codirigió, ejercerán las acciones que consideren oportunas.