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Ocho de cada diez abortos se siguen realizando en clínicas privadas concertadas: la gran desigualdad entre territorios

Pedro Sánchez mandó una carta a Madrid, Aragón, Asturias y Baleares para exigirles la puesta en marcha del registro de objetores de conciencia que marca la ley

Madrid

Sanidad está elaborando un informe para tomar medidas contra las comunidades autónomas que incumplan la ley que rige la interrupción de embarazo. Un documento en el que se tendrá en cuenta factores como la falta de registro de objetores de conciencia en Madrid, Aragón, Asturias y Baleares o la derivación masiva de los abortos a la sanidad privada concertada.

"Tenemos derecho a decidir si queremos que [el aborto] se realice en un centro publico o privado acreditado, y esto no puede variar dependiendo de dónde se viva", ha apuntado la ministra de Sanidad, Mónica García, antes de dar algunos datos que dejan patente la desigualdad territorial.

Las comunidades donde se aborta en la privada

Ocho de cada diez abortos se siguen realizando en clínicas privadas concertadas, solo el 21% se hace en la sanidad pública. Sanidad ha establecido cuatro grupos por comunidades en función del número de abortos que se realicen en la sanidad pública.

Hay varias comunidades autónomas donde prácticamente se deriva todo a la privada concertada: Madrid, Andalucía, Murcia, o Castilla-La Mancha, donde solo un 1% se practican en la red pública, y Extremadura, Ceuta y Melilla todas las interrupciones del embarazo se llevan a cabo en la privada, según datos del ministerio correspondientes a 2024.

Dos de esas comunidades a la cola, Andalucía y Madrid, engloban el 50% de los abortos en todo el país, por eso la ministra ha señalado que solo con que esas dos regiones practicaran más interrupciones de embarazo en el sistema público, las estadísticas serían muy diferentes.

En Madrid, por ejemplo, de los 162.000 realizados en la última década, solo 177 fueron en la pública. La ministra Mónica García cree que esto es "inaceptable". Dice que será contundente con las comunidades sin planes para darle la vuelta a esta situación y para que cumplan con la ley que insta a los territorios a garantizar el derecho en los hospitales en condiciones de equidad.

Las comunidades que más han avanzado

Las comunidades que más han avanzado y realizan más de un 75% de abortos en el sistema público son Cantabria, Galicia, La Rioja y Navarra.

En un nivel intermedio, progresando adecuadamente, están Cataluña y Baleares y Canarias y Castilla y León están mejorando mucho sus datos desde 2023.

Advertencia para Almeida y Ayuso

Mónica García no ha querido dejar pasar la oportunidad de la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros para mandar un mensaje al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, sobre el concepto síndrome posaborto y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por sus resistencias a cumplir con la ley del aborto. "Quería hacer dos advertencias: una a Almeida, no vamos a permitir coacciones ni desinformación, y a la señora Ayuso, la ley se cumple, punto", ha sentenciado.

A Ayuso le ha recalcado que si no cumple con las leyes, "el Gobierno va a utilizar todas las herramientas administrativas y jurídicas para que se cumplan", y ha recordado a las consecuencias que tuvo para Gallardón sus resistencias a la ley de interrupción del embarazo.

El informe analiza los incumplimientos y las barreras geográficas, administrativas y organizativas que todavía se encuentran las mujeres para abortar. Ahí figura también el registro de objetores para que los hospitales puedan organizar sus servicios y el personal porque hay hospitales que siguen objetando en bloque.

La ley obliga a disponer de ese registro. Madrid, Aragón, Asturias y Baleares todavía no lo tienen. De ahí la carta que les ha enviado Pedro Sánchez para que en el plazo de tres meses tengan creada esa herramienta que garantizará que las mujeres puedan ejercer su derecho en los hospitales públicos. Hay, sin embargo, otras comunidades que sí han avanzado mucho: en Cantabria, casi el 90% de los abortos son en centros públicos, casi el 80 en Galicia o La Rioja y más de la mitad en Cataluña, aunque la mayoría son por el método farmacológico, más sencillo e invasivo que el quirúrgico.

 

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