El Tribunal Supremo de Estados Unidos, ¿aval o freno a Trump?

Esta semana ha comenzado en Estados Unidos el periodo de sesiones del Tribunal Supremo. Es algo que sucede cada año el primer lunes del mes de octubre en el número 1 de First Street de Washington DC, la sede de la Corte. Pero este curso judicial no va a ser uno más. Los nueve jueces que componen el tribunal más importante del país van a tener que decidir sobre varios asuntos que determinarán los límites del poder presidencial, los límites de Donald Trump.

En Estados Unidos, a los jueces del Supremo los propone el presidente y los ratifica el Senado. De los nueve jueces que componen actualmente el tribunal, seis fueron nombrados por presidentes republicanos y tres por presidentes demócratas. Esto supone que estamos ante una de las Cortes Supremas más conservadoras en casi un siglo.

De hecho, tres de los nueve jueces actuales fueron nombrados por Donald Trump en su primer mandato. Dado que son nombramientos vitalicios, los jueces del Supremo tienen una enorme capacidad para dibujar el futuro del país a través de sus sentencias. El ejemplo más evidente es cómo este Tribunal, de mayoría profundamente conservadora, revocó en 2022 el derecho al aborto a nivel nacional que estaba vigente desde hacía casi medio siglo provocando un terremoto político y social en Estados Unidos.

Esta Corte Suprema de mayoría profundamente conservadora va a tener que decidir de aquí al próximo mes de junio varios casos que van a determinar si el Tribunal es un freno a Trump o un aval al presidente que más al extremo ha llevado su poder ejecutivo.

El primer caso se verá en noviembre. El Supremo tiene que aclarar si Trump puede imponer aranceles internacionales sin autorización del Congreso, tal y como lleva haciendo desde que llegó a la Casa Blanca. Después, en diciembre y enero decidirá si el presidente tiene autoridad para despedir, como pretende, a responsables de instituciones históricamente independientes como la Comisión Federal de Comercio o la prestigiosa Reserva Federal, responsable de la política monetaria de Estados Unidos.

Hay otras dos cuestiones que aún no han llegado al Supremo pero sobre las que hasta los propios magistrados del Alto Tribunal dan por hecho que acabarán teniendo que pronunciarse. La primera es la polémica decisión de Trump de desplegar al ejército en ciudades de Estados Unidos. Hasta ahora sólo lo ha tomado esta medida en ciudades gobernadas por demócratas. Esta misma semana, sin ir más lejos, lo ha hecho en Chicago. De hecho, el propio presidente ha advertido esta semana de que está dispuesto a invocar una ley de hace más de 200 años, la ley de Insurrección de 1807, si los alcaldes, los gobernadores de los Estados o los tribunales se oponen a sus despliegues militares.

La segunda y más controvertida de las cuestiones que a buen seguro acabará en el Supremo es la restricción del derecho que concede la ciudadanía estadounidense a los nacidos en el país. Es algo consagrado en la Constitución a través de la enmienda 14 desde 1868. Sin embargo, nada más llegar a la Casa Blanca el 20 de enero, Trump firmó una orden ejecutiva que dice que los hijos de inmigrantes ilegales nacidos en Estados Unidos no deben tener derecho a la ciudadanía.

Tribunales federales sentenciaron que eso era claramente inconstitucional. Pero la Casa Blanca recurrió y el Supremo determinó que esos tribunales no pueden parar una acción presidencial con carácter general para todo el país, que tienen que decidir caso a caso. Hace un mes, en una entrevista en la CBS, preguntaron por este asunto a la última jueza del Supremo nombrada por Donald Trump en 2020. Amy Coney Barret, de 53 años, reconocía que "no le sorprendería que acabaran teniendo que pronunciarse" sobre el fondo del asunto, sobre si es constitucional o no restringir ese derecho. Pero, según sus palabras, "esa será una cuestión diferente, lo que hemos decidido hasta ahora a este respecto ha sido una cuestión puramente procedimental".

El Tribunal Supremo está en uno de los niveles más bajos de aprobación de su historia. Según una encuesta de Gallup del pasado mes septiembre, el 56% de los estadounidenses suspende la actuación del alto tribunal frente al 39% que la aprueba. Hace sólo cinco años, los datos eran justo a la inversa. El 58% aprobaba al Tribunal Supremo y el 38% lo desaprobaba. Actualmente, el 41% de los ciudadanos cree que la Corte es demasiado conservadora, otro 41% cree que está equilibrada, un 13% que es demasiado progresista y un 5% no sabe o no contesta.

La jueza Coney Barret decía en esa entrevista que "espero que los ciudadanos confíen en la integridad del tribunal pero los jueces no podemos cambiar nuestras decisiones para adecuarlas a la opinión pública". Y apostillaba que "a veces el tribunal tomará decisiones impopulares porque a veces la respuesta legal correcta no es necesariamente la más popular".