El Gobierno inicia el trámite para blindar el derecho al aborto en la Constitución
"Es un día en el que damos un paso a la garantía y el reconocimiento de los derechos de las mujeres", ha dicho la ministra de Igualdad
Madrid
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes iniciar los trámites para blindar el derecho al aborto en la Constitución, para "evitar retrocesos" ante la "ola reaccionaria", según ha avanzado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que ha precisado que "no es una reforma sencilla".
"Es un día en el que damos un paso a la garantía y el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Por primera vez las mujeres tienen reconocida la libertad en esta propuesta, libertad sobre su propio cuerpo, libertad sobre su proyecto de vida", ha asegurado la ministra en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que ha presentado la propuesta.
En cuanto al texto acordado, este contempla un cuarto apartado en el artículo 43 de la Carta Magna, que quedaría así: "Se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El ejercicio de este derecho en todo caso será garantizado por los poderes públicos, asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva, así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres".
Redondo ha explicado que la modificación de la Carta Magna que quieren llevar a cabo es una reforma agravada que requiere mayorías cualificadas, en concreto, de las tres quintas partes del Congreso y de las tres quintas partes del Senado. "Si no hubiera acuerdo, iríamos a una comisión paritaria, Congreso y Senado, que propondría un nuevo texto", ha avanzado.
"Creo que es una iniciativa importante, sobre todo en este momento histórico, en el que la ola reaccionaria nos está llevando a una retroacción de los derechos y a un retroceso importante, a un recorte de sus derechos, que el presidente del Gobierno dijo que no íbamos a tolerar y, por lo tanto, consideramos que hay que tomar todas las medidas para evitar que esos retrocesos se produzcan en el presente y en un futuro", ha subrayado la ministra.
Sanidad requiere a Madrid, Aragón y Baleares un registro de objetores
El Ministerio de Sanidad ha enviado este martes un requerimiento formal a las comunidades de Madrid, Aragón y Baleares para que elaboren el registro de objetores de conciencia al aborto y si no tiene respuesta en el plazo de un mes iniciará un proceso contencioso en los tribunales para que las "obligue un juez".
"El registro no es algo opcional, no es una ocurrencia, es una obligación legal, una herramienta esencial para garantizar que los derechos de las y los profesionales sanitarios sean compatibles con el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente el embarazo en condiciones de equidad, de seguridad y de respeto", ha subrayado la responsable de Sanidad, Mónica García.
Sanidad ha activado formalmente el procedimiento legal para requerir que elaboren el citado registro a las tres comunidades que aún no lo han hecho: Madrid, Baleares y Aragón, aunque solo la primera ha expresado "explícitamente" su negativa a crearlo.
Estas tres comunidades tienen plazo de un mes para responder el requerimiento; de no hacerlo, el Ministerio de Sanidad tendrá otros dos "para acudir a los tribunales y para plantear un contencioso administrativo para que un juez les obligue a cumplir la ley", ha recalcado García.
Suelos penitenciarios para vivienda protegida
El Gobierno traspasará a Sepes terreno e infraestructuras del Ministerio de Interior que corresponden a suelos penitenciarios y que pasarán a albergar 1.332 viviendas protegidas y asequibles, concretamente, ocho instalaciones en Huesca, Zaragoza, Madrid, Córdoba, Sevilla, Denia, Segovia y Burgos.
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El Consejo de Ministros aprueba su traspaso a la futura Entidad Pública de Vivienda no solo para levantar VPO, sino también para resignificar los espacios. Tienen que rehabilitarse y, en algunos casos, urbanizarse. Entre los espacios está la cárcel de Carabanchel, la de la Ranilla (Sevilla) o la antigua cárcel de Córdoba.
Así lo ha anunciado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, este martes en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, en el que ha indicado que, con este traspaso, el Gobierno está transformando lo que fueron "celdas" en "lugares que serán hogares".
"Nuestro objetivo es tener cuanto antes el parque público de vivienda para garantizar ese derecho y ese es el impulso con el que estamos trabajando a través de la nueva empresa pública de vivienda", ha expuesto Rodríguez.
Isabel Rodríguez ha indicado que el valor de estos terrenos es de 78 millones de euros, pero al igual que con las viviendas y suelos de la Sareb, el Gobierno establecerá una pasarela por la que el Ministerio no asumirá el pago. Uno de los terrenos traspasados serán el de la cárcel de Carabanchel, en Madrid, que podrá albergará unas 508 viviendas en sus 27.000 metros cuadrados.
La ministra ha recordado que esta incorporación se suma a la transformación de terrenos militares en viviendas, con la incorporación de 17 nuevos cuarteles a esta nueva política de vivienda y a la incorporación de las viviendas de Sareb a la nueva empresa pública, unas 40.000 viviendas y 2.400 suelos.
En esta línea, Isabel Rodríguez ha indicado que también se está "avanzando rápido" en la transformación de Sepes en la nueva empresa pública para asegurar a todos un techo "independientemente" de cuál sea su situación personal o económica.
