Ábalos se acoge a su derecho a no declarar en el Tribunal Supremo: La acusación popular pide prisión pero la Fiscalía sostiene que no procede

Madrid

El exministro de Transportes José Luis Ábalos se ha acogido a su derecho a no prestar declaración ante el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, frente a quien ha justificado que se encuentra en una situación de "indefensión" por carecer de abogado, ya que le despidió esta misma semana por diferencias irreconciliables.

Según fuentes presentes en la comparecencia consultadas por la SER, el exministro ha alegado que renunciar a su abogado, José Aníbal Álvarez, no ha sido un fraude de ley, como apuntaba el magistrado instructor, sino una serie de discrepancias reales en la estrategia de defensa que además, se han radiado en los medios.

En este sentido, Ábalos ha subrayado ante el juez que fraude de ley habría sido, en su opinión, renunciar al acta de diputado como le venía recomendando el letrado para que la causa volviese a instruirse en la Audiencia Nacional, de acuerdo a las fuentes consultadas.

El abogado estaba presente, siguiendo las indicaciones del magistrado, que ayer mismo rechazó aceptar su renuncia e impuso que acompañase a Ábalos en esta cuarta comparecencia para no tener que suspenderla. El letrado ha confirmado ante el juez su ruptura con el exministro. Aún así, tendrá que asistir mañana en su representación a la declaración de Koldo García, señalada a las diez de la mañana. Ábalos tendrá tres días para designar nueva defensa.

Prisión incondicional o con fianza de 650.000 euros

Al término de este breve intercambio con el juez, se ha celebrado una vistilla sobre medidas cautelares en la que la acusación popular que representa el PP ha solicitado prisión incondicional para Ábalos o, subsidiariamente, prisión eludible bajo una fianza de 650.000 euros. En la amalgama de populares unificadas bajo la representación del PP está Adade, que no interesaba esa medida.

La Fiscalía Anticorrupción, por su parte, no ha interesado prisión provisional. Según las fuentes consultadas, el fiscal jefe Alejandro Luzón ha explicado que si bien los indicios de delito contra Ábalos se han visto reforzados con el informe patrimonial de la UCO, no han variado las razones para modificar las cautelares que ya tiene: comparecencias quincenales, retirada de pasaporte y prohibición de abandonar el país.

La comparecencia, con la vista de cautelares, se ha extendido unos 40 minutos y Ábalos y su defensa 'saliente' esperan en un pasillo del Tribunal Supremo el auto en el que el magistrado instructor resuelva sobre la petición de cárcel elevada por la acusación popular.

Ábalos había llegado al Supremo con antelación. Estaba citado a las 10 y cruzaba la puerta lateral del palacio a las 9:15 tras bajarse de un taxi procedente del Congreso de los Diputados, donde se está celebrando la sesión de control al Gobierno.

Ábalos estaba citado a declarar por cuarta vez ante el instructor de caso Koldo Leopoldo Puente a partir de las 10:00 después de que el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detectara "ingresos irregulares" a lo largo de un decenio.

Cuarta comparecencia, más indicios

Ha sido la cuarta vez que Ábalos ha comparecido en el Supremo después de que le encausara hace casi un año. Entonces, las pesquisas se centraban en los presuntos amaños de contratos para la compra de material sanitario en plena pandemia para adjudicárselos a empresas vinculadas a Víctor de Aldama, pero en estos meses la causa se ha ido enredando, aflorando también la existencia de una supuesta trama de cobro de sobornos a cambio de obra pública.

La complejidad que añadió esta segunda derivada llevó al magistrado a dividir la causa, abriendo una pieza separada para investigar específicamente las presuntas mordidas por obras y dejando en la parte principal todo lo demás, incluidas las supuestas gestiones para situar a su expareja Jésica Rodríguez en dos empresas públicas sin que trabajara pero sí cobrara.

De cara a concluir la instrucción de la parte principal, el instructor estaba pendiente del informe que había encargado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la situación patrimonial de Ábalos, donde se señala la existencia de una reserva de dinero en efectivo que el exasesor ministerial Koldo García gestionaría para el exdirigente socialista.