El aborto en la Constitución: del consenso histórico francés a la pelea política española

Madrid

El Gobierno español se ha propuesto blindar el derecho al aborto en la Constitución. Sería un paso inédito en nuestro país y muy poco común a nivel internacional: solo Francia lo ha conseguido hasta ahora, y lo hizo el año pasado. Lo llamativo es que en un país donde la extrema derecha tiene una presencia significativa, el 82% de la población francesa estuvo de acuerdo con la medida.

La reforma constitucional fue aprobada con un apoyo abrumador: 780 parlamentarios votaron a favor de los 925 totales, lo que supone un 84% del hemiciclo. Muy por encima de los tres quintos que se exigían para modificar la carta magna francesa.

En Francia, tanto los liberales de Emmanuel Macron como los conservadores, e incluso Marine Le Pen —líder de la extrema derecha— apoyaron la inclusión del aborto como derecho constitucional. Le Pen no solo votó a favor, sino que aseguró que “nunca ha cuestionado que sea un derecho”. Solo los sectores más ultras, como el partido de Éric Zemmour y algunos diputados sueltos de derechas, se opusieron. Aunque incluso ellos no cuestionan el derecho al aborto, sino su inclusión en la Constitución.

La propuesta del Gobierno ha recibido un rechazo frontal por parte del Partido Popular y Vox. Alberto Núñez Feijóo respondió con un “que se olvide” cuando se le preguntó por la posibilidad de apoyar la reforma constitucional. En un comunicado posterior, aseguró que “garantizará siempre que cualquier mujer que opte por la interrupción de su embarazo pueda hacerlo con la mejor atención médica y psicológica, conforme a las leyes”, pero dejó claro que no considera necesario elevar el aborto a rango constitucional porque “ya está plenamente incorporado al ordenamiento jurídico”.

Por su parte, Vox ha sido aún más contundente. El secretario general del partido, Ignacio Garriga, calificó la propuesta como una maniobra para “tapar la corrupción” del Gobierno y acusó a Pedro Sánchez de ser “el mayor enemigo de las mujeres”. Vox considera que el aborto no debe figurar como derecho constitucional y ha impulsado iniciativas como la del Ayuntamiento de Madrid para informar sobre un supuesto “síndrome postaborto”, que no cuenta con respaldo científico

Francia suele ir por delante de España en materia de aborto. Lo despenalizó en 1975 con la conocida Ley Veil. En España, la despenalización no llegó hasta diez años después, y solo en casos de malformación del feto, violación o riesgo para la salud de la madre o el bebé. El aborto libre no se reconoció hasta 2010.

Ahora mismo, Francia sigue avanzando en esta materia. El Senado debate una ley para reparar a las mujeres que fueron condenadas por abortar antes de que la ley lo permitiera.