Mariola Urrea, jurista: "El nacionalismo del Estado de Bienestar del PP es corrosivo para la convivencia"

Madrid

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, presentó recientemente en Barcelona un plan de inmigración que, según dijo, busca "propiciar una inmigración ordenada, legal y humana". El documento incluye propuestas para reforzar los requisitos de acceso a la residencia legal y a la nacionalidad española, con el objetivo de que estas no se concedan por mera tramitación administrativa, sino como "un premio al esfuerzo y a la integración real".

En España viven al menos 9,6 millones de personas nacidas en el extranjero. De ellas, siete millones no tienen nacionalidad española. Son ciudadanos comunitarios, migrantes extracomunitarios, solicitantes de asilo, estudiantes o población en situación irregular. Más de la mitad de este grupo estaría directamente afectada por el plan que promueve el PP.

Frente a esta propuesta, la analista Mariola Urrea ha lanzado una dura advertencia. En su opinión, el Partido Popular "ha entrado de hoz y coz en un concepto que es el nacionalismo del Estado del bienestar", una corriente política que -según ha señalado- se está importando de otros países europeos y que "es corrosiva para la convivencia y para la calidad democrática".

Urrea ha cuestionado tanto el lenguaje como el enfoque del plan de Feijóo. "Cuando el Partido Popular presenta hace apenas unos días el plan nacional sobre inmigración y la califica de legal, ordenada y mutuamente beneficiosa, ya apunta maneras sobre el encuadre que quiere darle a esta aproximación a la inmigración", ha afirmado.

Además, ha alertado sobre el uso de estadísticas que segmentan a la población entre nacionales y migrantes: "Son una prueba evidente de lo que son políticas xenófobas", ha dicho, y ha llamado a prestar atención a este tipo de iniciativas que, a su juicio, pueden legitimar una visión excluyente del Estado del bienestar: "Primero para los nacionales, y luego, ya si acaso, para los demás".

Urrea ha recordado que los derechos de acceso a sanidad y educación de la población migrante ya están definidos por ley, y ha advertido de que vincular prestaciones sociales al origen puede acabar erosionando el principio de igualdad: "Entre la población frágil también están los migrantes", ha concluido.