Un juez de la Audiencia Nacional imputa al presidente de Sidenor por complicidad con el genocidio de Gaza por vender acero a la industria militar israelí
El instructor Francisco de Jorge levanta el secreto del caso y le cita a declarar junto a dos directivos el 12 de noviembre
Jose Antonio Jainaga, en una imagen de archivo. (Photo By Fernando Sanchez/Europa Press via Getty Images) / Europa Press News
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Francisco De Jorge, investiga al presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga y a dos de sus directivos por delitos de contrabando y participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o de genocidio en relación a la venta de partidas de acero a la compañía Israel Military Industries (IMSI).
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Según informan en fuentes jurídicas, el magistrado, que ha citado a los tres a declarar el 12 de noviembre, sostiene que esas transacciones se habrían realizado con pleno conocimiento de que se trata de un fabricante de armas, tanto pesadas como ligeras, y de que el material vendido iba a ser utilizado para la fabricación de armamento en plena ofensiva militar de Israel sobre Gaza.
Tras conocerse la imputación, Sidenor ha hecho público un comunicado en el que asegura que ha puesto el asunto en manos de sus abogados y que seguirá las indicaciones del juez, a quien entregará toda la información que obre en su poder. La compañía recuerda además que el pasado 1 de julio hizo pública su decisión de suspender todas las relaciones comerciales con Israel, una medida adoptada tras la decisión del Gobierno de España, en abril, de suspender los contratos con dicho país.
El magistrado, que ha alzado este viernes el secreto de sumario que pesaba desde que se abrió la investigación hace unos meses, subraya que según concluyó un oficio de la Comisaría General de Información el pasado 10 de septiembre, la venta de acero se habría llevado a cabo sin solicitar la autorización del Gobierno y sin inscribirse en el registro correspondiente.
Los tres investigados en este procedimiento, que se inició a raíz de una querella de la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa, han sido citados a declarar como investigados ante el juez el próximo 12 de noviembre.
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El magistrado entiende que los hechos ocurridos en Gaza son de dominio público tanto por la información publicada a diario en prensa y televisión como por la calificación provisional como delito atribuido a estos acontecimientos por el Tribunal Penal Internacional y las denuncias presentadas por la Relatora Especial de la ONU, Francesca Albanese, y por la UNRWA, entre otras personas y agencias de Naciones Unidas.
A juicio del instructor, estos hechos serían constitutivos de un delito de contrabando contemplado en la Ley Orgánica de Represión del Contrabando y de otro de participación por complicidad en un delito de lesa humanidad de los artículos 29 y 607 bis del Código Penal o, alternativamente, de complicidad en un delito de genocidio del artículo 607 del mismo texto legal.
El titular del Juzgado Central de Instrucción Uno considera que los hechos también son imputables a la sociedad mercantil Clerbil SL, que ostenta el cargo de administrador único de Sidenor Holdings Europa. Sin embargo, considera que de momento no procede imputar a Sidenor como persona jurídica dado el papel activo de los trabajadores de esta empresa y su contribución a la denuncia pública, así como a impedir la continuación de la actividad presuntamente delictiva.
Se apoya en la Directiva de la Unión Europea transpuesta ya en España sobre protección de los informantes, que extiende la protección a las personas jurídicas que puedan tener esa condición. Se cumple en este supuesto, según el juez, en interés de los trabajadores, que así no se verán afectados al quedar fuera la empresa de las medidas cautelares o las eventuales penas que se le pudieran imponer como persona jurídica.
¿Quién es Sidenor?
Sidenor es una de las grandes siderúrgicas vascas que ahora mismo se encuentra en pleno proceso de entrada en el accionariado de Talgo, el principal fabricante de trenes de España. Esta operación fue confirmada en febrero de este año con un precio de 177 millones de euros, es decir, el 29,7% del capital que está en manos del fondo Trilantic, lo que les permite evitar el lanzamiento de una OPA por el 100%. Esa entrada, que estuvo impulsada por el capital del fondo Finkatuz y las fundaciones BBK y Vital, aportaría la capacidad industrial que necesita Talgo para salvar su situación financiera.
Este fabricante de trenes tiene pendientes muchas entregas de material en España, Alemania o Dinamarca. Tal es la situación que Renfe ha tenido que reclamar una compensación de 116 millones de euros por el retraso en la entrega de los trenes Avril, que llegaron en mayo de 2024. Todo esto se acompaña de unas cuentas cada vez más ahogadas, porque según los últimos resultados financieros, Talgo acumula unas pérdidas de 65,7 millones de euros hasta junio y una caída de ingresos del 22%.
Sidenor solo puede aportar la potencia de producción, así que el Gobierno ha tenido que entrar también en el capital de Talgo a través de la SEPI para aportar solidez financiera. Esta operación, que fue negociada por el Gobierno vasco y el Gobierno central, fue aprobada en julio por la CNMV con un precio de 75 millones de euros para controlar el 7,8% de la compañía. Se acordaron 45 millones en acciones y otros 30 millones en suscripción de emisión de deuda.
La entrada de Sidenor en el capital de Talgo llegó tras meses de ofertas extranjeras de Polonia, República Checa y Hungría. La que más polémica generó fue la húngara, ya que venía de un consorcio con accionariado estatal (Ganz-MÁVAG) vinculado a Orban y Vladimir Putin. Este lanzó una OPA por el 100% de Talgo, pero fue vetada por el Gobierno aludiendo "razones de seguridad nacional".
Lo que causaba interés es la patente del ancho variable de Talgo, una tecnología única en el mundo que permite a sus trenes circular por vías de distinto ancho, como se utiliza en España. Esta fue calificada por el ministro de Transportes, Óscar Puente, como una "tecnología crítica" con mucho interés de "movilidad militar". La idea no es solo proteger esa patente, sino también la españolidad de las fábricas de Talgo, que se encuentran en Las Matas (Madrid) y Rivabellosa (Álava).
Lo cierto es que el remate de esta operación Sidenor-SEPI y la confirmación del cambio accionarial se está alargando más de la cuenta, con esfuerzos tanto por parte del Ministerio de Transportes como del Gobierno vasco para terminar de definir la estructura de la nueva Talgo.
