Cándido Conde-Pumpido, presidente del TC: "Si no se respeta al Tribunal Constitucional, no se respeta a la Constitución"

Madrid

En la víspera del 6º Congreso Mundial de Justicia Constitucional, que se celebra en Madrid del 28 al 31 de octubre, el presidente del Tribunal Constitucional Cándido Conde Pumpido, pasa por los micrófonos de Hora 25 para analizar la situación judicial española y explicar cuáles son los próximos retos y objetivos del TC.

Pregunta: ¿Qué importancia tiene para España ser anfitriona de de una cumbre así?

Respuesta: Es muy importante porque realmente aquí está la élite mundial de la justicia constitucional representada por los cinco continentes y implica también el reconocimiento del Tribunal Constitucional español como tribunal de primera línea, que tiene un amplio prestigio en el ámbito internacional. Nos permite, además, poder conjugar las posiciones de tantos tribunales constitucionales y en una materia muy importante, que es al final el derecho constitucional del futuro.

P: Usted modera una mesa con los representantes de la India, de Tailandia, de Brasil, de Egipto, de Alemania y la mesa se titula 'La independencia de los tribunales constitucionales'. Al final, esto es lo que une a todos los tribunales constitucionales del mundo, esta tensión intentando reivindicar su independencia.

R: Pues sí, efectivamente. El objeto de la Conferencia son los derechos fundamentales de las generaciones futuras. Estamos hablando de cómo los tribunales constitucionales deben tutelar no solo los derechos actuales sino también prevenir las posibles vulneraciones de derechos futuros a través de una doctrina constitucional que crea efectivamente una garantía de los derechos que pueda aplicarse en el futuro.

P: ¿Ante quien tiene derecho a reclamar como ciudadano español el derecho a la vivienda?

R: El derecho a la vivienda digna es un mandato que la Constitución impone al legislador. El problema de la vivienda, desde el punto de vista también constitucional, es que las competencias en general corresponden, de acuerdo con los Estatutos de Autonomía, a las comunidades autónomas. Pero el Estado también tiene que tener una función de garantizar esa vivienda. Por lo tanto, podríamos decir que el ciudadano tiene o debería de poder dirigirse tanto a las comunidades autónomas, que son las que son competentes en esa materia para que garanticen ese derecho, como al Estado, que tiene que garantizar de forma conjunta la igualdad de todos los españoles. Efectivamente, es un problema que, en este momento, afecta a todos y en el que el Tribunal Constitucional solo puede dar algunas pautas que efectivamente hemos incorporado a nuestra jurisprudencia.

P: A esta Cumbre de Tribunales Constitucionales de todo el mundo no viene Israel, que ha excusado su presencia. ¿Qué ha alegado para no venir?

R: El presidente del Tribunal Constitucional de Israel ha alegado motivos de agenda, razones de agenda. Es una fórmula normalmente que de carácter diplomático, pues cuando por alguna razón se estima más procedente no acudir. Dadas las situación, digamos, de conflicto que se han vivido en en España en relación con la presencia de algún equipo israelí en una competición deportiva. Pues. Parece que la voluntad de Israel, y me parece muy razonable, es no generar ningún tipo de conflicto de carácter internacional. Pero en cualquier caso, el presidente del Tribunal Constitucional de Israel lo ha hecho por motivos de trabajo que hacían imposible acudir a esta, a este tribunal, a estas jornadas.

P: Si yo le preguntara, como jurista, si lo que ha cometido Israel es un genocidio. ¿Usted que me dice?

R: Que eso le corresponde al Tribunal Penal Internacional y a la Corte Universal de La Haya y no es competencia del Tribunal Constitucional Español.

P: ¿Hasta qué punto la Inteligencia Artificial y todo lo que trae de la mano va a obligarnos a adecuar la Constitución a un nuevo tiempo?

R: La Constitución es difícil de modificar porque es una Constitución rígida, que en la materia de derechos fundamentales sobre todo, pues resulta difícil modificarla. Por otra parte, el consenso que dio lugar a la Constitución, pues es muy difícil reproducirlo en este momento. Pero eso no quiere decir que los derechos fundamentales recogidos en la Constitución tengan que quedar fosilizados en una visión de hace 45 años.

Y hay que tener en cuenta que la vida va mucho más rápido que la legislación. Eso es evidente. En materia de nuevas tecnologías mucho más. Por lo tanto, nosotros como tribunales constitucionales tenemos que actuar preventivamente y irnos adaptando a la evolución de las tecnologías para ir desarrollando, por ejemplo, la discriminación algorítmica, que no está previsto en la Constitución, pero a través de los algoritmos usted puede ser discriminado en su acceso a la información.

Hay que tener en cuenta que el Constitucional establece un marco jurídico que permanece en el tiempo, mucho más allá que los propios programas políticos o ciclos electorales. Los jueces crean derecho en sus sentencias y los jueces constitucionales crean derecho constitucional en su red.

P: Por ejemplo, el derecho al aborto. ¿Cree que hay que blindarlo en la Constitución?

R: Como magistrado y presidente del Tribunal Constitucional, respeto las decisiones del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo si estima conveniente establecer alguna modificación de la Constitución. Yo no me pronuncio sobre la posibilidad de que este derecho pueda ser reconocido de manera expresa.

Ahora bien, lo que sí ha dicho el Tribunal Constitucional es ya en sus sentencias establecer que el derecho fundamental reconocido en el artículo 10 de la Constitución sobre el libre desarrollo de la personalidad, incluye también el libre desarrollo de la personalidad de la mujer que en un momento determinado, de acuerdo naturalmente con las disposiciones de la ley, decide que no puede ser obligada a ser madre y decide interrumpir su embarazo. Eso forma parte de ese derecho. También hemos dicho que el derecho a la integridad física de la mujer también abarca ese derecho. Por lo tanto, ese derecho de alguna manera, de acuerdo con la doctrina del Tribunal, Constitucional, ya está incorporado al espectro de los derechos fundamentales a través de la doctrina jurisprudencial. Otra cosa es que se pretenda también consagrarlo de forma literal en la Constitución.

P: ¿Le preocupan las críticas muy duras que está recibiendo el Tribunal Constitucional bajo su mandato por parte del principal partido de la oposición? Llegó a referirse el PP al Tribunal Constitucional como el cáncer del Estado de Derecho.

R: Yo no quiero referirme en absoluto a ningunas críticas específicas ni tampoco a un partido específico. Solo digo que los magistrados, el Tribunal Constitucional, está en la Constitución, establecido precisamente para obligar a todos los poderes públicos a cumplir con la Constitución y para que puedan obligar a los poderes públicos legislativo, ejecutivo y judicial. Los poderes públicos deben respetar las decisiones del Tribunal Constitucional porque no son decisiones sencillas, son decisiones complejas precisamente porque son decisiones complejas. Y si no se respeta el Tribunal Constitucional, no se respeta la Constitución. Por eso a nosotros nos preocupa. Pero no a nivel interno español. Al conjunto de los tribunales constitucionales en el mundo le preocupa cuando se aprecian ciertas campañas políticas para, digamos, cuestionar la independencia de los tribunales constitucionales. En lo que yo le puedo decir del español, son absolutamente independientes. Y hemos sido elegidos precisamente entre juristas que gozamos ya previamente de esa independencia.

P: ¿Usted cree que en España hay una campaña político-mediática contra el Tribunal Constitucional?

R: Yo creo que solamente hace falta leer la prensa todos los días.

P: ¿Y qué se encuentra usted?

P: Pues encuentro afirmaciones radicalmente falsas. Por ejemplo, hay quien escribe con absoluta ignorancia que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la amnistía, desde su primera propuesta hasta el final, no se cambió ni una coma. Y lo dice con toda tranquilidad en un medio público importante. Y claro, la gente pues a veces que tiene mucho respeto a la letra impresa, se lo cree. La sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Amnistía se estuvo trabajando durante muchos meses. Se presentó un proyecto muy bien elaborado y muy razonado por la magistrada prudente. Y ese proyecto se deliberó durante todo un mes. De los nueve años que llevo en el Tribunal Constitucional no ha habido ninguna sentencia ni sobre el procés ni sobre el artículo 155 de la Constitución, ni sobre el estado de alarma, que fueron sentencias importantes en las que yo participé, tuvo un mes de deliberación y muchas versiones, desde la primera presentada por el ponente, hasta otra segunda versión que incorporaba un apartado muy amplio sobre el Derecho Europeo. Hasta una tercera versión fue cambiando a lo largo del tiempo. Sin embargo, se cuestiona por personas diciendo que es una sentencia en la que no se deliberó suficiente. Bueno, naturalmente se dedicó un mes entero a la deliberación. La sentencia más deliberada que yo he visto en el Tribunal Constitucional.

P: ¿Por qué esperar años para que el Tribunal Constitucional tome decisiones sobre nuestras vidas? Es más garantista para la deliberación o para los fallos definitivos?

R: Los tiempos de la justicia no son los mismos tiempos que los de la política, ni tampoco son los tiempos tan inmediatos de los medios de comunicación, que hoy tiene una enorme trascendencia, pasado mañana ya no existe. Entonces son tiempos distintos y tienen que ser distintos, porque la justicia se ejerce de una forma más meditada, de una forma más trabajada a posteriori y requiere efectivamente un estudio, un análisis, una deliberación para obtener un resultado lo más consensuado posible.

A veces no se puede obtener consenso porque las posiciones son muy divergentes y hay que respetar que hay personas que tienen una posición distinta. Pero hay que buscar ese consenso. Por lo tanto, nosotros no podemos pensar que la justicia va a trabajar con los mismos tiempos de la política. A veces nos quieren obligar. Ahora bien, yo también comparto con usted que la justicia lenta no es una buena justicia.

P: ¿Cuándo van a estar resueltos todos los recursos sobre la Ley de Amnistía?

R: Pues no lo puedo decir porque no soy profeta. Nosotros estamos trabajando, pero hay que tener en cuenta que antes de poder resolver los recursos de amparo, nosotros teníamos que resolver la constitucionalidad de la ley. Eso ya lo hemos resuelto, y a continuación tenemos que resolver otras dos cuestiones que las hemos resuelto en otras dos sentencias ya del mes de octubre. Una la cuestión de inconstitucional interpuesta por el Tribunal Supremo, porque aunque nosotros hubiéramos resuelto el recurso del principal partido de la oposición, el Tribunal Supremo tenía sus razones también en una cuestión de inconstitucional que no se había presentado. Por lo tanto, esa cuestión teníamos que resolverla. La hemos resuelto ya, y hemos resuelto una tercera sentencia que nos pronunciamos sobre la malversación, porque en la primera no se trataba el tema de la malversación. Ahora nos encontramos con un grupo de recursos. ocho recursos que afectan tanto a aquellos políticos del procés que fueron juzgados y condenados, pero no se aplicó la amnistía, que son los recursos de las comunidades autónomas.

P: ¿Cómo interpreta usted que el PP presentará su recurso y luego presentarán muchos recursos en cada territorio que gobiernan?

R: Yo creo que quiere decir que el PP estaba de forma muy contundente en contra de la evidencia y ha utilizado todos los instrumentos jurídicos a su alcance para cuestionarla. Nosotros hemos adoptado una postura abierta y hemos aceptado a trámite todos los recursos de las comunidades autónomas. Hubo un debate, porque realmente, de acuerdo con la Constitución, o con la Ley Orgánica, las comunidades autónomas pueden recurrir a aquellos aspectos que afecten a sus competencias. Pero bien, finalmente adoptamos una postura abierta y hemos admitido todos los recursos y ya hemos resuelto algunos de estos recursos, concretamente el de la Comunidad Autónoma de Aragón.

P: La Audiencia de Sevilla ha elevado a Europa la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el caso de los ERE. ¿Ahí hay cierto punto de rebelión para no ejecutar una sentencia del Constitucional?

R: Bueno, yo creo que el sistema jurídico que tenemos establecido en este momento en Europa es bastante complejo. No teníamos un sistema de tutela multinivel de los derechos fundamentales porque existen tres niveles diferentes de derecho a través del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: el Tribunal de Justicia y el Tribunal y los Tribunales constitucionales. El criterio de los tribunales consulares de los 27 Estados miembros de la Unión Europea es que el control abstracto de constitucionalidad de la ley Interna le corresponde al Tribunal Constitucional de ese país y por eso nosotros hemos resuelto ese sistema, hemos resuelto la constitucionalidad de la ley.

P: Usted que fue fiscal general la tira de años, ¿Qué opina de que, con la reforma que va a impulsar mañana el Consejo de Ministros, si finalmente termina pasando por el Parlamento con éxito, vayan a ser los fiscales quienes lleven el peso de las instrucciones?

R: Yo no me pronuncio sobre una decisión que tiene que adoptar el Poder Legislativo. Entonces, sí soy consciente de que la Ley de Enjuiciamiento Criminal en España, es una ley que es del siglo XIX, y es lógico que el legislador la ponga al día y que acoja procedimientos que en el ámbito del derecho comparado le parezcan más convenientes. Pero eso será un tema que tendrá que decidir el legislador.

P: ¿Cómo interpreta lo que está pasando con el actual Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortíz?

R: Yo creo que cuando uno ocupó un puesto institucional relevante no debe interferir en las cuestiones que se refieren a las personas que tienen que ocupar ese cargo con posterioridad. Por lo tanto, yo he decidido que no voy a pronunciarme en absoluto sobre nada que afecte a la Fiscalía General del Estado.

P: A su mandato como presidente del Constitucional le quedan meses oficialmente. ¿Cree que la renovación se hará a tiempo?

R: Yo he cumplido con mi obligación. He mandado una petición al Senado para hacerle constar efectivamente cuando él tenía que proceder a la renovación y por lo que yo sé, efectivamente esa petición se ha recibido y se ha dado curso. Ahora bien, la verdad es que si uno mira un poco la experiencia, es frecuente que se produzca algún algún retraso.

P: Cuando se ejecute la renovación, ¿Qué va a hacer?

R: Descansar. Tengo la sensación de misión cumplida.