Paciente, empática y discreta: así es la jueza de Catarroja que investiga las causas de la muerte de los 229 fallecidos
¿Qué se puede esperar del procedimiento?
¿En qué punto está la investigacón judicial de la DANA?
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Nuria Ruiz Tobarra lleva más de 20 años viviendo en Catarroja, donde ascendió a la categoría de magistrada y no ha querido moverse en todo este tiempo por lo que se conoce el territorio mejor que los guardias civiles del puesto, bromean quienes la conocen. Tal vez por ello se ha permitido criticar abiertamente en sus resoluciones algunas de las aseveraciones del Instituto Armado, sobrepasadas por la instrucción y los hechos por ella determinados
De convicciones conservadoras, Nuria Ruiz Tobarra es una jueza seria, muy meticulosa en sus investigaciones, garantista en los interrogatorios y con los derechos: tanto de los comparecientes como de las partes del procedimiento.
Discreta y alejada de la imagen de un juez estrella, destaca también por su extraordinaria cercanía a los familiares de las víctimas. Prácticamente todas resaltan la paciencia y empatía de la magistrada en cada toma de declaración.
¿Por qué está investigando ella las muertes de los 229 fallecidos en la DANA y qué es lo que busca la magistrada? ¿Cuál es el objeto del procedimiento?
Porque fue la primera en los distintos partidos judiciales, durante la mañana del 30 de octubre, en abrir un procedimiento al tener constancia de fallecimientos en su localidad como consecuencia de la crecida del barranco del Poyo.
El resto de jueces en distintas partes del área afectada se han acabado inhibiendo en el juzgado de Catarroja por esta circunstancia. El objeto del procedimiento es el aviso tardío a la población, responsable de la mayor parte de las 229 muertes, según la investigación, y quienes fueron los negligentes o imprudentes que no actuaron con la diligencia debida. Nuria Ruiz Tobarra investiga supuestos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia.
A lo largo de este año, la Generalitat ha intentado atribuir la responsabilidad de los hechos a la AEMET, la Confederación Hidrográfica del Júcar y al Gobierno central. ¿Qué ha dicho la jueza en sus autos al respecto? La jueza ha ido desmontando uno tras otro los argumentos de la Generalitat y ha exculpado tanto a la Agencia Estatal de Meteorología como a la Confederación Hidrográfica del Júcar o a la delegación del Gobierno, rechazando la imputación de sus responsables.
Nuria Ruiz Tobarra ha destacado que la responsabilidad era del Gobierno valenciano, a quien correspondía el mando único de la emergencia. Ha descartado la teoría del “apagón informativo” alentada por Mazón y su equipo. Dice la jueza que el único apagón fue el del CECOPI y que la Generalitat tenía información más que sobrada para advertir con prontitud a sus ciudadanos, por lo que ha criticado el “insoportable retraso”, literal, en el envío de alertas a la población, y ha tildado la actuación de los responsables autonómicos de “negligencia grosera”.
En este sentido, la magistrada ha destacado que el Consell tuvo información detallada de la AEMET a través de cinco canales de comunicación distintos. Que no solo advirtió tres días antes de lo que se avecinaba, sino que a las 7:36 de la mañana del 29 de octubre activó el aviso rojo: riesgo extraordinario para personas y bienes.
Y recordamos: solo el 0,43% de las alertas meteorológicas lanzadas por la AEMET son rojas. Había que tenerlas en cuenta y Mazón, no solo mantuvo su agenda sino que desapareció en las horas críticas.
La jueza también recoge los avisos de la Confederación Hidrográfica, cada 5 minutos en tiempo real a través de la plataforma SAIH, sobre las lluvias persistentes aguas arriba del barranco del Poyo, que acabaría anegando l’Horta Sud. También del Centro de Coordinación de Emergencias de la propia Generalitat. Cerca de 20.000 llamadas a través del 112. Muchas, alertando de la gravedad de la situación a partir de las cuatro y media de la tarde, media hora antes de que se reuniera el CECOPI. Con llamadas de agonía suplicando ayuda, por ejemplo desde Chiva, entre las cinco y las seis de la tarde.
Los ciudadanos no serían alertados hasta tres horas más tarde. Cuando el fango ya había arrasado con todo. Incluidas las vidas de la mayoría de las 229 víctimas mortales.
Y no solo la jueza. La Audiencia Provincial de Valencia ha respaldado de forma unánime todas y cada una de las decisiones de la magistrada, contrarias al relato de la Generalitat.
Los seis magistrados de la Audiencia de Valencia, en decisiones inusualmente unánimes, han confirmado la investigación de la jueza de Catarroja en todos los aspectos relevantes de la causa. Tanto en la delimitación de las responsabilidades, como en la ausencia del apagón informativo, y en poner el foco de la negligencia criminal en el Ejecutivo de Mazón
¿Por qué resulta imputada la exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas, y su número 2, Emilio Argüeso?
Porque como Consellera de Justicia e Interior, en ausencia de Mazón en el CECOPI, ostentaba el mando único de la emergencia. No había codirección, reparto de responsabilidades con la delegación del Gobierno, un bulo más alentado por la Generalitat.
La propia ley valenciana de Emergencias es muy clara. Con aquel nivel de alerta, la responsabilidad ejecutiva le correspondía a la consellera. La jueza ha resaltado que, y es literal, hay “indicios abrumadores de una conducta negligente” por parte de la consellera Salomé Pradas. También de su número 2, el exsecretario autonómico, Emilio Argüeso. Ellos dos son los únicos imputados en la causa.
“Los daños materiales no se podían evitar, la mayor parte de las muertes, sí”, escribe la jueza Ruiz Tobarra, “con una alerta temprana”.
El 3 de noviembre declara como testigo la periodista que comió con Mazón, Maribel Vilaplana. ¿Qué se puede esperar?
Por lo pronto, Vilaplana comparece como testigo y por tanto, con obligación de decir verdad. Ella ha declarado en una carta abierta, que no escuchó, no atendió, no sabe con quién habló Mazón en aquellas horas que compartieron en El Ventorro. Pero las partes consideran inverosímil este relato y van a tratar de que recuerde, que explique si oyó al president hablar con la consellera Pradas o con algún otro integrante del CECOPI, qué les dijo.
Si les dio órdenes sobre la DANA. Si tomó decisiones respecto al envío de la alerta. Si dio algún tipo de orden o indicación y fueron asumidas por la consellera, ello supondría que Mazón habría ejercido el mando único de la catástrofe y tendría consecuencias penales para el president.
Las partes también le preguntarán por las horas, la actitud, si realmente Mazón la acompañó al párking pasadas las 18:35 y si allí se despidieron o continuaron juntos. La jueza considerará impertinentes aquellas preguntas que no se ajusten al objeto de la diligencia: qué hizo Mazón respecto a la DANA en las más de cuatro horas que permanecieron juntos.
¿Cuáles son los siguientes pasos que dará la jueza de Catarroja?
La causa se encuentra en un momento decisivo para Carlos Mazón. El auto de los seis magistrados de la Audiencia de Valencia, que al fallar sobre la testifical de Maribel Vilaplana han autorizado a la jueza a investigar qué hizo Mazón respecto a la DANA mientras estaba en El Ventorro, supone para las acusaciones un aval para citar a todas aquellas personas con las que el president habló aquel 29 de octubre.
Ya han sido solicitadas las comparecencias, entre otros, del portavoz del PP, Pérez Llorca; del jefe de gabinete, José Manuel Cuenca; o del asesor que le recibió en el Palau, José Lanuza.
Si finalmente declaran, lo harán con obligación de decir verdad y pueden poner en dificultades a Mazón. En cualquier caso, la jueza de Catarroja no tiene prisa de cara a una posible exposición razonada para pedir la imputación de Mazón. Va a ir paso a paso reconstruyendo los hechos y definiendo las responsabilidades.
Faltan por declarar decenas de afectados, cerca de 20 alcaldes, se antojan decisivas las testificales, para las que aún no hay fecha, del subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, y del ya jubilado jefe de bomberos, José Miguel Basset.Por delante quedan meses de investigación e ingente prueba por practicar.
La jueza ya ha prorrogado seis meses la investigación y esa prórroga, probablemente, no será la última.
