Los bulos y la falta de información marcan la gestión de Moreno Bonilla ante el escándalo de los cribados de cáncer de mama

Madrid

Lejos de amainar, la polémica por los errores en el programa de detección precoz del cáncer de mama en Andalucía continúa. Un mes después de que la Cadena SER destapara el escándalo, las asociaciones contra el cáncer de mama y los partidos de la oposición en el parlamento andaluz siguen exigiendo a la Junta que depure responsabilidades y que informe del alcance de los errores. El Gobierno autonómico utilizó un bulo para defenderse y ha ido variando las cifras de afectadas.

Es un problema heredado. Ese fue uno de los primeros argumentos de la Junta para responder a las críticas que empezó a recibir cuando se supo que no se informaba a las mujeres cuando las pruebas que se les hacían no concluían si había o no cáncer, y se esperaba a que hubiera un diagnóstico definitivo tras una segunda prueba. En una comparecencia pocos días después, el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, afirmó que "esto se hacía siguiendo el criterio clínico de los profesionales y porque en el protocolo vigente, que fue aprobado en el año 2011, se eliminó la obligación de informar a las mujeres que no tenían un diagnóstico claro".

Un argumento que el Partido Popular llevó al Congreso de los Diputados. "Señora Montero, que es 'protocolo Montero', que fue usted la que eliminó la obligación de informar a los pacientes", le dijo el diputado Juan Bravo a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, consejera andaluza de Salud cuando se aprobó el protocolo de 2011. Y lo hizo sosteniendo en la mano una información del diario ABC.

Lo cierto es que el protocolo de detección precoz del cáncer no decía eso. Y para comprobarlo basta con consultar el texto, colgado en la página web de la Junta de Andalucía. En el Anexo 1, donde se explica cómo es la "hoja de ruta del paciente", se habla de un "proceso de información continua entre el paciente y/o su familia y los profesionales" sanitarios que le atienden. También se especifica que a la mujer que se haya sometido a pruebas de detección "le informarán del resultado del estudio, el diagnóstico y las alternativas de tratamiento más adecuadas".

Además, en el apartado 'Indicadores', el protocolo establece que todas las pacientes con cáncer de mama deben ser valoradas por una comisión de tumores específica para determinar tratamientos y recomendaciones "en un periodo de 30 días desde la sospecha diagnóstica".

La página web puesta en marcha por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) para informar del protocolo también contradice el argumento de la Junta. Bajo la pregunta "¿En qué consiste el programa de detección precoz del cáncer de mama?", se explica que a las mujeres se les practican inicialmente dos radiografías por mama. Y se especifica: "El resultado lo recibe la interesada por correo y en el caso de que deba ser derivada al hospital para completar el estudio o para realizar algún tipo de tratamiento, también recibirá dicha cita por correo".

Tras conocerse el caso, el Gobierno andaluz aprobó un plan de choque dotado con 12 millones de euros para mejorar la información clínica a las mujeres que entran en el programa de detección del cáncer de mama y reducir los tiempos de respuesta. El plan prevé la contratación de 119 nuevos profesionales sanitarios o ampliar las pruebas diagnósticas a sábados, domingos y festivos. Además, el SAS ha incluido en el protocolo la obligación de informar a las pacientes con diagnóstico no concluyente en el primer momento y no solo al llamarlas para realizarse la segunda prueba.

¿Cuántas mujeres hay afectadas?

Las cifras del alcance de los fallos en los cribados ha variado desde que saltó el escándalo. En un principio, la consejera andaluza de Salud, Rocío Hernández, habló de "dos o tres casos puntuales" de mujeres que habían podido experimentar retrasos o fallos en el programa de detección precoz de cáncer de mama. Días después, con Hernández ya dimitida, la Junta cifró en 2.000 las mujeres en esta situación.

Según la última actualización, conocida la semana pasada, hay 2.317 mujeres con pruebas no concluyentes de cáncer pendientes de una segunda prueba. De acuerdo con estos datos oficiales, a fecha 21 de octubre, el 76% de ellas ya habían sido citadas y revisadas con una mamografía y el resto lo harán antes del 30 de noviembre.

En la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (AMAMA) desconocen el número de mujeres afectadas por estos fallos. Pero, a partir de los datos que han recibido de las asociaciones, calculan que las cifras reales multiplican por diez las que maneja la Junta. "Lo único que tienen que decir es qué ha pasado y cuántas mujeres hay afectadas. Porque nosotras creemos que pueden ser 20.000", afirmó su presidenta, Ángela Claverol, durante una manifestación frente a la sede del Gobierno andaluz en Sevilla.

Y añadió: "No tenemos la cifra absoluta, con una seguridad absoluta. Pero sí vamos a emprender una campaña para que nos digan quiénes son, dónde están y cómo las podemos ayudar. Esto cada vez va a más, a más, porque a día de hoy siguen llegando mujeres a AMAMA".