Una jueza estadounidense declara como inconstitucional las pruebas de nacionalidad a los votantes que ordenó Trump
Según la jurista, las competencias de regulación de las elecciones federales recaen sobre "los estados y el congreso" y no "sobre el presidente".
El presidente de EEUU, Donald Trump, firmando órdenes ejecutivas en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington (Estados Unidos) / SAMUEL CORUM / POOL (EFE)
Madrid
La jueza federal Colleen Kollar-Kotelly ha dictado sentencia sobre la orden ejecutiva firmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que exigía pruebas documentales en el formulario de registro de votantes para certificar la ciudadanía estadounidense. La jueza afirma que esta propuesta es completamente ilegal y va contra la Constitución del país norteamericano.
Más información
Dentro de su sentencia, Kollar-Kotelly afirma que "La Constitución asigna la responsabilidad de regular las elecciones federales a los estados y al Congreso, no al presidente". La magistrada ha finalizado su auto aclarando que "el presidente no tiene ningún rol en dictar cambios específicos al Formulario Federal".
Medidas basadas en la conspiración
El magnate estadounidense emitió el pasado mes de marzo una nueva orden ejecutiva para endurecer los requisitos sobre la acreditación de la ciudadanía estadounidense en el registro electoral. A su vez, también se fomentaba la idea de recortar la financiación a aquellos estados que fracasen en garantizar unas elecciones limpias.
Una de las modificaciones más sonadas de esta orden fue la inclusión de una pregunta adicional en el formulario de registro de votantes que solicitaba algún tipo de documento que probaran la nacionalidad de los inscritos. Esta medida se enmarca dentro de una retórica conspiranoica habitual en el Partido Republicano sobre el supuesto registro de inmigrantes indocumentados en las elecciones.
Esta misma jueza ya bloqueó hace meses varios apartados clave de esta orden de manera cautelar y en este nuevo fallo concluye que Donald Trump ha excedido "la autoridad presidencial" que le corresponde.
"En este caso, el presidente ha hecho mucho más que expresar sus opiniones: ha emitido una 'orden' instruyendo que una comisión independiente 'deberá' requerir cambios a un documento cuyo contenido el Congreso ha regulado estrictamente", reza el fallo judicial. Kollar-Kotelly concluye su escrito afirmando que "ese mandato excede la autoridad del presidente".
