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El choque de versiones entre las jefas de la Fiscalía de Madrid marca la primera sesión del juicio al fiscal general del Estado

Con la toga puesta y desde los estrados, García Ortiz ha seguido la jornada bolígrafo en mano y con gesto serio

El choque de versiones entre las jefas de la Fiscalía de Madrid marca la primera sesión del juicio al fiscal general del Estado

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Madrid

Eran las diez menos veinte de la mañana cuando Álvaro García Ortiz, de traje negro riguroso, se bajaba del coche oficial ante la puerta de autoridades del Tribunal Supremo. No hubo recibimiento esta vez, él había pedido no hacerlo. Sólo unos minutos antes, sus compañeros le habían despedido con aplausos en el vestíbulo de la sede de la Fiscalía General, en la calle Fortuny, como señal de ánimo.

Con la toga puesta, ha ocupado posición en los estrados, junto a su defensa, desplegada por la Abogacía del Estado. Su primera intervención y única hasta que sea su turno de declarar en la recta final del juicio, se ha producido después de que la Letrada de la Administración de Justicia leyese los hechos objeto de enjuiciamiento: "¿Se considera responsable de los delitos que se le imputan?", le preguntaba el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta. "No", ha zanjado.

La sesión tenía en el calendario la comparecencia de seis testigos aunque finalmente, sólo ha habido tiempo para cuatro. Sobresalen las declaraciones de la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez; y la fiscal Superior de la Comunidad, Adriana Lastra, porque tienen versiones diametralmente opuestas de una parte de los hechos y han declarado una detrás de otra.

Lastra asegura que tras recibir un aviso de su jefe de prensa, se puso en contacto con la Fiscalía General del Estado para advertirles del "bulo" que estaba difundiendo el jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, sobre un supuesto pacto que el Ministerio Público habría ofrecido y luego retirado a Alberto González Amador en relación a dos delitos fiscales.

Según ha declarado, la noche que el diario El Mundo publicó información con ese enfoque, habló con el fiscal General y pactó que ella, al día siguiente, se encargaría de salir al paso con una nota de prensa. Pero Julián Salto la llamó y le dijo que Rodríguez le había sacado de un partido de fútbol para enviarle los correos que tuviera en su poder y que hubiese intercambiado con el abogado de González Amador.

Lastra: "Se me grabó en el alma"

Habló entonces con Pilar Rodríguez. "Le dije: 'acabo de hablar con Julián y me ha dicho que nos ha mandado los correos' y me dijo, sí, sí, ya se los he enviado al fiscal General'. Y me quedé pasmada", ha apuntado. "Le dije literalmente: Pilar, los van a filtrar", ha señalado a preguntas de la acusación popular, para incidir en que esas "no eran horas" de mover correos electrónicos. Pidió a Rodríguez que no hiciese nada más y se fuese a casa.

Sin embargo, preguntada por el tenor de esta misma conversación, Rodríguez ha negado la mayor. Ha asegurado que ni Lastra le avisó, ni le dijo eso de que los correos que acababa de enviar acabarían filtrándose. "No", ha contestado a todas las preguntas al respecto.

Rodríguez ha testificado que aquel requerimiento a Salto para que enviase los correos no le pareció extraño, "en la medida en que era necesario" porque se estaban publicando "bulos" que afectaban tanto a la Fiscalía Provincial de Madrid como al fiscal General del Estado y así se lo habían trasladado tanto Lastra como el propio García Ortiz. Subrayaba la fiscal que "no había ninguna clandestinidad" en la gestión, era "una dación de cuentas".

De paso, ha afirmado que a la mañana siguiente supo por García Ortiz que Lastra estaba poniendo "muchísimas dificultades" para la publicación de la nota de prensa que intentaría aclarar las cosas.

De esto, Lastra lo que ha afirmado es que no tuvo nunca, ni siquiera cuando eldiario.es publicó la existencia de una denuncia contra González Amador, intención alguna de contar nada. Para ella, según ha dicho, el empresario era "un ciudadano particular", alguien "del entorno", que no "la personalidad" sobre la que por su alcance, deba informarse.

También ella se ha referido a esa mañana del comunicado. Ha asegurado que habló por teléfono con García Ortiz y lo primero que le dijo fue "has filtrado los correos". "Se lo dije antes de darle los buenos días", ha zanjado, para subrayar que él le contestó: "Eso ahora no importa". "Se me grabó en el alma", ha testificado Lastra, porque conforme ha apuntado, a ella sí le importaba que se hubiesen filtrado los correos.

Y Salto, por su parte, ha explicado que entregó los correos porque no le extrañaba tener que dar cuenta a sus superiores, aunque no ha escondido que le molestó tener que hacerlo de noche cuando estaba asistiendo a un partido de fútbol. "Para que no me vuelvan a llamar por la noche, mando los correos a las dos, dado que se ha convertido en un asunto de trascendencia nacional porque se ha filtrado un correo mio que no deberían tenerlo ni el señor González Amador ni el jefe de Gabinete de la Comunidad de Madrid", ha testificado.

Nunca se ofreció un pacto

De paso, los correos iban a evidenciar que él había actuado de manera correcta. En este sentido, ha negado taxativamente haber tenido él la iniciativa de ofrecer un pacto de conformidad a la defensa de González Amador, como apuntaba la noticia inicial de aquella noche del 13 de marzo, el punto de partida de lo que ha denominado "una campaña de desinformación" que se alarga ya "veinte meses".

En este sentido, ha explicado además que se daban "cuatro inconvenientes" para una conformidad cuando en febrero de 2024, el abogado de González Amador escribió el correo a la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid reconociendo dos delitos contra la Hacienda Pública.

No era "el momento procesal oportuno"; no había aún "reconocido los hechos" y no se había acreditado la reparación del daño. Además, había otros denunciados, "un inconveniente menor". Así que ni se le ofreció un acuerdo, -"fue él quien desglosa delitos y responsabilidad civil"- ni tampoco se le dijo que no fuera posible.

El último testigo de la jornada ha sido Diego Villafañe, teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, quien ha defendido el proceso de dación de cuentas que se aplicó en este caso.

 

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