Juicio histórico en el Supremo al fiscal general por la presunta filtración del correo en el que el novio de Ayuso reconocía delitos fiscales
Abogacía del Estado y Fiscalía piden la libre absolución, mientras que la defensa de Alberto González Amador reclama cuatro años de cárcel por un delito de revelación de secretos
El Fiscal General del Estado se sienta desde este lunes y hasta el 13 de noviembre en el banquillo del Tribunal Supremo, acusado de un delito de revelación de secretos. El juicio se celebra en seis sesiones en las que declararán hasta 40 testigos. Entre ellos ocho fiscales, doce periodistas, la mano derecha de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez y su pareja, Alberto González Amador. No hay una prueba concluyente que señale a Álvaro García Ortiz como el filtrador del correo con la confesión que envió el novio de Ayuso a la Fiscalía de Madrid y a la Abogacía del Estado en la que reconocía que había cometido dos delitos fiscales y pedía llegar a un acuerdo para evitar el juicio y cerrar el caso "haciendo el menor ruido posible", como reconoció en su declaración en el alto tribunal.
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El juez instructor, Ángel Hurtado, y dos de los tres magistrados de la sala de apelaciones han enviado a juicio a García Ortiz en base a dos indicios periféricos. El primero, la "coincidencia temporal existente" entre lo que llaman "frenético intercambio de mensajes" de García Ortiz con sus subordinados en la noche del 13 de marzo del año pasado para recabar el expediente tributario de Alberto González Amador y la publicación en la Cadena SER ese mismo día del contenido de la confesión del fraude fiscal del comisionista que la investigación sostiene que nunca debió trascender de las partes. El segundo es el hecho de que el Fiscal General desactivó su cuenta de correo y borró el contenido de su teléfono móvil en los meses en los que se abrió esta investigación.
"Dos procesos autónomos e independientes"
La defensa del Fiscal General que ejerce la Abogacía del Estado sostiene que si Álvaro García Ortiz ordenó a sus subordinados en la noche del 13 de marzo de 2024 que le enviaran las comunicaciones entre el abogado del novio de Ayuso y el fiscal del caso fue con el fin de elaborar una nota de prensa de desmentido ante lo que llama "una operación perfectamente orquestada desde el aparato institucional de la Comunidad de Madrid". El jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, difundió ese día por la tarde el bulo de que la Fiscalía había ofrecido un pacto al comisionista para cerrar el presunto fraude fiscal por el que estaba siendo investigado -cuando todo sucedió al revés- y que ese pacto se había impedido por órdenes de arriba.
Las claves del juicio al fiscal general del Estado
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Distintos medios de comunicación publicaron ese bulo que acusaba a García Ortiz de un delito. El primero fue El Mundo a las 21:29 horas de ese 13 de marzo que, después de hablar con el comisionista, recogió el enfoque que hizo circular Rodríguez, pero también desveló las comunicaciones privadas entre el abogado y el Ministerio Público que el novio de Ayuso después ha querido proteger. Al jefe del Ministerio Público le enviaron el correo con la confesión en el que González Amador pedía el pacto a las 21:59 horas, pero no tuvo toda la cadena de mensajes hasta las 23:46 horas.
La Cadena SER publicó la información de la confesión de González Amador a las 23:24 horas y ese contenido se colgó en la web de esta cadena de emisoras a las 23:51 horas. Esa fue la información definitiva que desmintió el bulo de la Comunidad de Madrid, aclarando que fue el comisionista el que había buscado el acuerdo. Esta "relación temporal existente" no existe para la defensa del Fiscal General porque lo que hubo, dice, fueron "dos procesos independientes y autónomos". Este de la Fiscalía General para desmentir el bulo y un segundo proceso que desplegaron los medios de comunicación tratando de confirmar si, como ya desde la mañana del 13 de marzo se les estaba indicando por el entorno de la Comunidad de Madrid, no solo era que Alberto González Amador estuviera al día de sus obligaciones fiscales, sino que era la Agencia Tributaria la que le tenía que devolver dinero.
Numerosos medios de comunicación trabajaron ese día sobre esta información y decenas de periodistas tuvieron conocimiento de que había sido Alberto González Amador el que había pedido el acuerdo para no ir a juicio, tal y como reconocieron en sus declaraciones en el Tribunal Supremo. Sobre el borrado del teléfono, el jefe del Ministerio Público explicó que lo hace regularmente por razones de seguridad, dada la información sensible que maneja. En cuanto a la cuenta de correo, dijo que la desactivó cuando trascendió su dirección a la opinión pública.
Estas explicaciones son las que avala el voto particular del magistrado, Andrés Palomo, que se ha opuesto a sentar en el banquillo a Álvaro García Ortiz. En 40 páginas Palomo señaló que "no resulta posible con el acervo indiciario acumulado atribuir de una manera mínimamente justificada la filtración del correo al investigado" y que para enviar a alguien al banquillo "no basta" con "una narración trabada, verosímil", como “si de una obra de ficción se tratara”. La fase de instrucción, censuró, "sirve, no solo para preparar el juicio oral, sino también para evitar la apertura de juicios innecesarios".
Las peticiones de las partes
A pesar de ese voto particular, la mayoría de la sala de apelaciones decidió abrir un juicio oral histórico y las partes fijaron posiciones. El abogado de González Amador, Carlos Neira, pide cuatro años de cárcel para García Ortiz por "filtrar datos confidenciales" y le pide una multa de 108.000 euros y una indemnización de 300.000 euros por los "padecimientos personales, profesionales, empresariales, familiares y lesiones procesales irreversibles, sin que exista un día desde el 14 de marzo de 2024 en que algún personaje político o periodístico no denomine a través de los medios de comunicación como delincuente o defraudador confeso a González Amador". La misma pena de prisión pide el colegio de abogados de Madrid que rebaja la indemnización a 81.000 euros.
La asociación de fiscales, APIF, eleva la pena de reclusión a los seis años porque al delito de revelación de secretos le suma el de prevaricación. La Fiscalía pide la libre absolución al no ser los hechos constitutivos de delito y advierte de que fue el propio Amador quien difundió primero el secreto que pretende proteger reenviando el correo del fiscal adscrito al caso, en el que respondía a la petición del pacto a Miguel Ángel Rodríguez, y hablando con el periodista de El Mundo que publicó la versión de la Comunidad de Madrid sobre el presunto fraude fiscal del comisionista. Unos datos que, dice la teniente fiscal, el propio Amador ocultó cuando presentó la querella que originó este procedimiento.
El horizonte judicial del novio de Ayuso
El origen de este juicio está en la apertura de una inspección fiscal a Alberto González Amador por la venta de mascarillas en lo peor de la pandemia. Se embolsó dos millones de euros y dejó de pagar al fisco 350.000 euros en los ejercicios de 2020 y 2021 que ocultó con una trama de facturas falsas. El comisionista informó a Miguel Ángel Rodríguez de la apertura de la investigación en la Agencia Tributaria desde el momento en que se lo notificaron y trató de alcanzar un acuerdo para evitar el juicio hasta que la causa trascendió a la opinión pública.
Ahora está pendiente de juicio por este presunto fraude fiscal, pero tiene otra investigación abierta en el marco de esta operación. La Justicia investiga a González Amador, al directivo de Quirón, Fernando Camino, y a su mujer por varios delitos, entre ellos, grupo criminal. Ambos hicieron el negocio de las mascarillas y la jueza sospecha que la compra por medio millón de euros que hizo Alberto González Amador de una empresa de estética sin actividad a la mujer de Camino realmente esconde el pago de la comisión que le correspondía al directivo del gigante sanitario.
Pedro Jiménez
Redactor Jefe en la Cadena SER. Antes he pasado por los equipos de Hora 14, Radio Madrid, Fin de Semana,...
