El Gobierno aprueba el anteproyecto del Estatuto del Becario: "Una persona que esté en formación no laborales no puede sustituir a un trabajador"

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto del Estatuto del Becario, pendiente desde 2023. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha comenzado la rueda de prensa posterior leyendo algunas ofertas de prácticas de estos días: de una empresa que anuncia "ambiente joven y con alma" y que "supone trabajar más de 12 horas" a otra donde la retribución es "café gratis". "Esto es de ayer, no es del siglo XX", recalcaba la ministra, insistiendo que estos casos no son anecdóticos, sino que hay más de un millón y medio de personas con contratos en prácticas en nuestro país y "un 22% de ellos tienen más de 30 años".

Díaz ha querido dejar claro que "un contrato de formación debe estar destinado a aprender y no a sustituir a personas trabajadoras o relaciones profesionales. Esto no es un becario, es una relación laboral". De la misma forma, se acabaron las prácticas que consisten "en llevar cafés y hacer fotocopias": "A partir de ahora las personas que se están formando van a tener derechos", ha advertido la ministra.

Ni pagar por formarse ni segregación

La responsable de Trabajo ha apuntado cuatro de esas delimitaciones que estarán recogidas en la ley:

• Se prohibirá expresamente que se pague por formarse.
• Se acabó la segregación en las empresas: no de podrá prohibir su entrada a salas de descanso, de lactancia, comedores, de juego...
• Las personas en prácticas tienen que contar con un plan de formación exhaustivo y una persona que se responsabilice de esa formación.
• Habrá una serie de limitaciones en cuanto a turnos de trabajo y están absolutamente protegidos con todas las normas del convenio 190 de la OIT.

El Gobierno ha aprobado este el anteproyecto después de que el Ministerio de Trabajo cerrara en 2023 un acuerdo con CCOO y UGT, con la oposición de CEOE y Cepyme, pero que finalmente no vio la luz por discrepancias de la parte socialista del Gobierno de coalición y por el adelanto electoral de las elecciones generales al 23 de julio de ese año por parte del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Previsiblemente la norma se aprobará en primera vuelta, para volver al Consejo de Ministros después, como proyecto de ley y así pasar a continuación al trámite parlamentario, donde el Gobierno tendrá que buscar apoyos suficientes en un contexto en el que Junts ha roto con el PSOE y que ya tumbó en septiembre junto a PP y Vox la reducción de jornada.

La norma también contiene medidas encaminadas a limitar el número de personas en práctica que pueden tener las empresas u organizaciones en función del tamaño de su plantilla, al tiempo que refuerza la protección de los derechos de los miembros de la organización en práctica para luchar contra la figura de los 'falsos becarios'. Para ello, aumenta las sanciones actuales e impide que, por ejemplo, puedan realizar trabajos en horarios especiales.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, prometió que se aprobaría el Estatuto del Becario en septiembre. Ante esa nueva demora, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, achacó el pasado octubre esta situación a la "programación" del Consejo de Ministros.

"Hay normas que ha habido que hacer de urgencia; sin ir más lejos, lo que ha tenido que ver con Gaza y el genocidio que ahí está ocurriendo. Y eso altera la programación del Consejo de Ministros, que suele tener un efecto cascada y, por lo tanto, yo entiendo que en pocas semanas o en el primer Consejo de Ministros que haya un hueco disponible, irá el Estatuto del Becario", afirmó Pérez Rey.

La norma cuenta con el apoyo de los sindicatos, el rechazo de la patronal y críticas de las universidades públicas por el temor de que se limiten las posibilidades de que los estudiantes puedan efectuar formación en prácticas.

Asimismo, en 2023, fuentes de la parte socialista del Gobierno manifestó que la legislación estaba todavía "verde", de manera que no se aprobó en la pasada legislatura. No obstante, el compromiso de aprobar este Estatuto fue incorporado por Sumar al acuerdo de coalición con el PSOE y ahora, tiempo después, la norma sale por fin del cajón en el que estaba guardada.