El juez Peinado imputa a otro alto cargo de Moncloa y manda entero el caso contra Begoña Gómez al jurado popular

Madrid

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha acatado la orden de la Audiencia Provincial de Madrid y ha vuelto sobre sus pasos para acordar la transformación del caso contra Begoña Gómez en un único procedimiento de jurado popular y no dos, como inicialmente había previsto.

La resolución, de 44 páginas y a la que tuvo acceso la Cadena SER, resuelve las alegaciones que presentaron acusaciones y defensas en las sesiones que celebró cuando decidió transformar la causa en dos procesos de jurado popular: rechaza las nulidades alegadas y los sobreseimientos, al tiempo que acuerda una batería de diligencias entre las que sobresale una nueva imputación.

Se trata de la actual secretaria general de Presidencia del Gobierno y las acusaciones populares habían solicitado que declarase como testigo. Sin embargo resuelve que lo haga como investigada por los ilícitos de malversación que imputa a su predecesor en el cargo, Francisco Martín, por las labores que realizaba la asesora de Begoña Gómez en Moncloa. Programa esa declaración para el 12 de noviembre.

El mismo día cita como testigos al representante del Instituto de Empresa Diego Alcázar, a Miguel Escassi, de Google, y al exvicerrector de Relaciones Institucionales de la Complutense, Juan Carlos Doadrio. Ya el 28 de noviembre cita a otros cinco testigos relacionados con la cátedra que dirigía Begoña Gómez en la mencionada universidad.

Pero además, solicita abundante documentación a Presidencia del Gobierno, incluyendo las agendas de Gómez y su asesora, los correos que intercambiasen entre ellas y sus pasaportes, así como la lista de los viajes que hayan hecho. También los datos salariales de Cristina Álvarez.

Se incluye en el requerimiento los antecedentes de nombramientos de asistentes de otras cónyuges de quien fuese presidente del Gobierno "con la delimitación de los puestos ocupados y las funciones que llevaban a cabo, así como el número de asistentes nombrados de forma simultánea a cada cónyuge".

Quiere asimismo el juez que distintas empresas y entidades que suscribieron convenios con la cátedra aporten los correos o mensajes que tuvieran intercambiados con Cristina Álvarez.