Un teniente general de la Guardia Civil y un empresario serán juzgados por cohecho en el 'caso cuarteles'

Tras casi tres años de investigación, el 'caso cuarteles' llegará a juicio. La titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Madrid, María Isabel Durantez sentará en el banquillo a los principales acusados, el teniente general de la Guardia Civil, Pedro Vázquez Jarava y el empresario, Ángel Ramón Tejera de León, por un "presunto delito de cohecho", según el auto al que ha tenido acceso la SER, en el que se fija que serán juzgados por un tribunal del jurado en la Audiencia Provincial de Madrid.

“Son muchos los informes aportados a la causa, elaborados por los Servicios de Asuntos Internos de la Guardia Civil, que permiten llegar indiciariamente a las conclusiones” sobre la existencia de un "posible delito de cohecho", según remarca la jueza en su auto.

El teniente general de la Guardia Civil, Pedro Vázquez Jarava se sirvió presuntamente de su posición preferente como subdirector general de Apoyo de la Guardia Civil para ofrecer los servicios de un empresario, Ángel Ramón Tejera de León, alias Mon “con el que mantenía una relación de amistad” facilitando el nombre de sus empresas Canarycork, Angrosoreur y Solocorcho para fuesen contratadas para realizar las reformas de cuartes de toda España.

Con Vázquez Jarava en ese puesto, el empresario Mon logró embolsarse 2.151.104,65 euros a través de 120 facturas tras los supuestos trabajos realizados en acuartelamientos de A Coruña, Albacete, Algeciras, Alicante, Ávila, Badajoz, Castellón, Huelva, Jaén, Santa Cruz de Tenerife, Valladolid y Murcia. Durante la instrucción trató de acreditarse si realmente se llegaron a realizar esos trabajos. La propia Guardia Civil detectó "graves fallos" en las facturas tras inspeccionar 100 reformas en cuarteles de toda España. Desde 2017 detectaron "graves fallos en las facturas", según admitió el teniente general, Arturo Espejo en calidad de Jefe del Mando de Apoyo.

A cambio de favorecer la contratación de aquellos servicios, el teniente general de la Guardia Civil recibió viajes de ocio y alojamientos de hotel para él y su familia que fueron pagados por el empresario. Además, “se ha justificado el ingreso fraccionado en sus cuentas bancarias” de una cantidad total de “45.700 euros”, a través de “distintas partidas en efectivo por importes de entre 1.000 y 9.700 euros”, cuyo origen “no se ha acreditado”, pagos bajo sospecha porque coinciden en el tiempo “con las retiradas en metálico de las cuentas del empresario”.

La jueza también destaca que este alto mando de la Guardia Civil también benefició de más prebendas de este empresario, entre ellas:

• Dos billetes de avión para ver la final de la Champions League entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid en Milán (valorados en 1.950,70 euros)
• Dos días de estancia en el Hotel Tryp La Caleta (506 euros)
• Seis billetes de avión a Lanzarote (1.320 euros) para toda su familia, incluida su suegra
• Cuatro días de alojamiento en el Hotel Lani’s Suites de Luxe de Lanzarote (1.560 euros)
• Tres días de alojamiento en el Hotel Trip Cádiz La Caleta (264 euros)
• Tres billetes de avión para ver la final de la Champions League entre el Real Madrid y la Juventus en Cardiff (1.410,66 euros)

El general de división de la Guardia Civil, Francisco Espinosa Navas, investigado en el 'caso Mediador', fue quien puso en contacto a su amigo, el empresario Ángel Ramón Tejera de León con el teniente general de la Guardia Civil, Pedro Vázquez Jarava - ahora en la reserva- cuando éste dirigía la Subdirección General de Apoyo de la Guardia Civil, según reconocen fuentes de la Guardia Civil.

Este teniente general (el rango más alto al que se puede aspirar en el Instituto Armado) fue señalado por varios responsables de las comandancias de una docena de cuarteles de la Guardia Civil como el responsable de dar la orden de contratar siempre a las mismas empresas para realizar algunas reformas en acuartelamientos de toda España.

La juez sienta en el banquillo a un teniente general de la Guardia Civil y a un empresario por el 'caso cuarteles'

La Fiscalía pide un año de cárcel para cada uno de ellos.   El Ministerio Público destacó en su escrito de acusación que las obras, destinadas a solucionar problemas de humedad en las fachadas de varios cuarteles, se ejecutaron de forma "inadecuada".

Obras bajo sospecha

Un informe elaborado por Asuntos Internos de la Guardia revela que esas obras, pese a constar como terminadas algunas de ellas no fueron ejecutadas o fueron realizadas parcialmente, "lo que pudiera ser constitutivo de los delitos de falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil y malversación".

La relación entre este empresario y el teniente general Vázquez Jarava quedó acreditada durante la declaración de Ángel Ramón Tejera ante el juez en octubre de 2019 cuando manifestó tener relación personal con él y otros mandos de la Guardia Civil. Ese documento fue remitido el 24 de enero de 2020 al Juzgado de Instrucción Número 2 de Ávila, donde también se destaca que entre 2015 y enero de 2018 "se produce un incremento exponencial y aparentemente inusual en la adjudicación de obras" en favor de ese contratista coincidiendo con la responsabilidad de Vázquez Jarava al frente de la Subdirección General de Apoyo.

En el caso de la Comandancia de Ávila, según auto al que ha tenido acceso la SER, el teniente coronel Carlos Alonso Rodríguez - dejo de ser investigado- declaró ante el juez que esas contrataciones en su cuartel “vino determinado por el Teniente General Vázque Jarava” y que se esos trabajos de pintura e impermeabilización se hizo “incrementando enormemente la facturación e ingresos de dichas empresas”.

En ese informe, Asuntos Internos, ya se recogía que en determinados expedientes de gasto se facturó por trabajos "presuntamente no ejecutados o ejecutados de manera parcial" por las empresas Angrasurcor SL, Solocorcho SL y Canarycork SL, aunque según consta en el registro, otra de las empresas en las que el empresario Ramón Tejera era administrador único, IMPERMERCORK S.L se llevó 21.722,53 euros por la construcción de perreras en la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras.

Se encargó a Patrimonio del Estado el peritaje de cada una de esas obras realizadas en diferentes acuartelamientos de la Guardia Civil que están bajo sospecha, según adelantó Voz Populi y han confirmado a la Cadena SER desde el Ministerio de Hacienda de quien depende ese organismo, respondiendo así a la instrucción que les ha remitido el juzgado de Madrid que investiga ese caso.