De Madrid a Waterloo: dos años de una relación complicada "carpeta a carpeta"

Madrid

Poco a poco, algunas de las formaciones que formaron parte de la mayoría parlamentaria que apoyó la investidura de Pedro Sánchez en 2023 se han ido alejando del proyecto ofrecido por el Gobierno de coalición, pero sobre todo han evidenciado un distanciamiento cada vez mayor a lo largo de estos dos años de legislatura. Y Junts ha sido, junto a Podemos, el socio que más ha visibilizado esa lejanía. Sin embargo, no siempre ha sido así y los independentistas han sacado mucho rédito a sus exigencias, algunas de ellas tras complejas negociaciones.

Solo un mes después de las elecciones del 23 de julio, la socialista Francina Armengol era elegida presidenta del Congreso de los Diputados por una mayoría que, meses después, otorgaría su confianza a Pedro Sánchez. La condición de algunos grupos, entre ellos Junts, para dar su apoyo era permitir el uso del catalán, el euskera y el gallego dentro del Hemiciclo en las sesiones plenarias y en comisiones. A pesar de la polémica inicial, hoy esa posibilidad es real y está más que normalizada en el día a día del Congreso de los Diputados.

Pero si hay una negociación que trajo cola y que, actualmente, es una de las causas que han acelerado esta ruptura y el bloqueo decretado por Junts es la Ley de Amnistía. Aprobada definitivamente en mayo de 2024 (tras un complejo trámite parlamentario que provocó el rechazo inicial de los propios independentistas), la ley está avalada por el Tribunal Constitucional pero sin aplicación para Carles Puigdemont, a la espera de que se pronuncie por los recursos presentados contra la norma. Se prevé que lo haga a finales de año.

Otra negociación compleja, y que Junts usó para retirar una cuestión de confianza registrada contra Sánchez en febrero, fue la del traspaso de competencias migratorias para Cataluña. La expedición de documentación, la contratación en países de origen o la presencia de la policía catalana en las fronteras estaban incluidas en una norma que no salió adelante en el Congreso por el no de Podemos al considerarla racista.

Pero no todos los acuerdos han sido en forma de iniciativas o leyes, también los hemos visto con la creación de varias comisiones de investigación. Junts, junto a ERC, Bildu, PNV o BNG, exigieron al Gobierno la puesta en marcha de la Comisión Pegasus para investigar el espionaje a líderes independentistas. Los de Puigdemont también pidieron activar las investigaciones sobre las maniobras de Interior en la época de Jorge Fernández Díaz contra políticos catalanes y, en una solicitud de Junts aceptada por PSOE y Sumar, permitieron la comparecencia en Comisión a uno de los yihadistas condenados por los atentados en Barcelona y Cambrills de 2017. Los independentistas querían saber los posibles nexos entre el CNI y Abdelaki Es Satty, el imán de Ripoll, cerebro de aquellos ataques.

La escenografía también ha tenido mucha importancia en esta relación de Junts con el Gobierno y ha formado parte de los acuerdos (y desacuerdos) entre ambos. Antes incluso de que Pedro Sánchez fuese investido presidente del Gobierno con los votos de Junts, el entonces secretario de organización socialista, Santos Cerdán, inauguró un protocolo que se convirtió en habitual con el paso del tiempo: una vez al mes se reunía con Carles Puigdemont fuera de España para analizar el estado de los llamados Acuerdos de Bruselas, una especie de hoja de ruta con los avances acordados entre ambas partes. Unas partes que, llegado el ecuador de la legislatura, veremos si rompen definitivamente, como dice Junts, o hay espacio para volver a tender la mano, como argumentan desde La Moncloa.