Los migrantes con la regularización extraordinaria por la DANA: "Si no nos dan de alta no cumplimos con los requisitos para renovarla"

Madrid

El pasado 12 de febrero se publicaron en el BOE las instrucciones para la regularización extraordinaria de migrantes afectados por la DANA. Dos días después, el 14 de febrero, se abrió el plazo para que presentaran la solicitud en torno a 26.000 potenciales beneficiarios que el Gobierno central calculó en base a datos del INE y las Oficinas de Extranjería de las zonas afectadas.

En mayo, la delegada del gobierno en Valencia, Pilar Bernabé, aseguró que "más de 22.000 migrantes habían obtenido sus papeles y que tan solo un millar de solicitudes fueron denegadas hasta la fecha". Lo cierto es que cientos de personas en situación administrativa irregular tuvieron muchas dificultades para acogerse a la regularización extraordinaria antes del 14 de mayo, cuando finalizaba el plazo de solicitud.

Oxfam Intermón calcula que al menos 14.000 quedaron fuera por no conseguir la documentación requerida para que se les concediera. Además, la organización cifraba en al menos 40.000 las personas migrantes que podrían haberse beneficiado de esta medida. "Este dato proviene de estimaciones que combinan fuentes oficiales como el padrón municipal, personas empadronadas sin residencia legal, estadísticas de empleo o datos del INE sobre población extranjera no comunitaria", argumenta Ximena Medina, responsable de Oxfam Intermon en la Comunidad Valenciana.

Trabas para acceder a la regularización

El principal escollo fue demostrar que residían en los municipios asolados por la riada del 29 de octubre o contar con cita para empadronarse antes del 4 de noviembre. "El requisito más importante era tener el padrón y la problemática que nos hemos encontrado es que muchísimas personas no lo tenían porque sus caseros se negaban a empadronarlos", relata Rahma El Basraoui, abogada especialista en extranjería.

Un mes después de abrirse la posibilidad de acceder a la regularización, el Ejecutivo flexibilizó esta exigencia y permitió que los migrantes que no contasen con padrón pudieran acreditar la residencia efectiva por medio de un informe municipal: "El problema es que muchas personas no pudieron acogerse tampoco debido a que los propios consistorios ponían como condición para emitir estos informes que fueran usuarios de servicios sociales". El Basraoui destaca que esta flexibilización, aunque no del todo efectiva para muchos, fue gracias al movimiento de colectivos sociales que apoyan al colectivo migrante.

De nuevo, el propio tejido humanitario ha permitido que la Oficina de Extranjería de Valencia haya suavizado las condiciones para la renovación de la regularización extraordinaria. "Es una obligación por ley que la persona a la que se le concedió trabaje durante el año que está vigente, así que el mínimo para poder renovarla era haber cotizado durante 3 meses", detalla El Basraoui, "la cuestión es que estamos en una situación de recuperación aún lenta por la que muchas personas no han tenido la oportunidad de encontrar trabajo o se siguen viendo obligadas a trabajar en negro".

Ahora, y tras nuevamente las organizaciones sociales advertir de que miles de personas podrían perder la regularización extraordinaria 12 meses después, se permite a los solicitantes "acreditar que están en búsqueda activa de trabajo a través de la inscripción en la oficina de empleo". La abogada recuerda que el plazo para solicitar la renovación se abre dos meses antes de la caducidad de la regularización: "Si la resolución llegó en junio ya en abril del año que viene hay que comenzar el proceso".

Trabajar en negro o la negación a empadronarte

Yusset es venezolana y llegó con sus 2 hijos a Benetússer justo el 22 de octubre de 2024. Su marido ya vivía en esta localidad en un bajo comercial irregular cuyo propietario alquilaba por habitaciones mayormente a personas migrantes: "Nos instalamos allí porque no teníamos otra cosa, pero decidí denunciar esta situación en el Ayuntamiento. El dueño hizo 14 dormitorios en estas instalaciones en las que vivían dos personas en cada uno. Estábamos unas 30 personas allí viviendo en total".

Este movimiento de Yusset le valió para obtener el 28 de octubre, un día antes de la DANA, el certificado del comienzo de la tramitación del empadronamiento especial: "Gracias a eso conseguimos la regularización. Presentamos la solicitud el 11 de marzo y nos llegó la resolución el 3 de junio". En un principio, Yusset comenzó a limpiar en casas y a cubrir horas en una pizzería cobrando en negro. Es algo que quiso evitar al completo para "alcanzar el mínimo de cotización que se exige para la renovación de la regularización", pero no "siempre es fácil evitar estas prácticas".

La necesidad de conciliar vida laboral y el cuidado de sus hijos le obliga a trabajar a media jornada, de ahí su preocupación por no alcanzar el mínimo cotizado para la renovación del permiso de residencia: "Con los niños he tenido contratos de 20 horas semanales. Desde que obtuve los papeles he tenido tres trabajos. Uno de ellos fue en una tienda de sushi y cobraba una parte en blanco y otra en negro. Trabajaba 40 horas, pero mi contrato era de 25".

Yusset podrá comenzar el trámite de la renovación el próximo abril y afirma que "está más tranquila porque casi tiene medio año cotizado en la Seguridad Social": "Siempre nos hemos enfocado en eso, en tratar de trabajar a veces más de lo que deberíamos para tratar de no quedarnos en vacío legal". Remarca que su deseo es "formar parte del sistema, pagar sus impuestos y tener derechos".

Por su parte, Karima, marroquí, no podrá renovar la regularización extraordinaria porque no tuvo oportunidad ni siquiera de solicitarla: "Cuando ocurrió la DANA yo vivía de alquiler en un piso en Alfafar. Le pedí a mi casera que me empadronara, pero se negó por algunos conflictos administrativos".