Sánchez afronta un nuevo examen sobre corrupción en el Congreso con los deberes pendientes

Tras su paso hace dos semanas por la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, Pedro Sánchez vuelve a comparecer para dar explicaciones sobre las causas de presunta corrupción que afectan al PSOE y a su gobierno. Es la segunda intervención ante el Pleno del Congreso que el presidente se ve obligado a realizar desde la entrada en prisión de Santos Cerdán, al que el Supremo investiga por los delitos de integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.

El encarcelamiento del entonces secretario de Organización provocó una de más mayores crisis políticas en el PSOE desde la llegada de Pedro Sánchez al poder. Un trance que los socialistas dan por superado tras hacer una remodelación mínima de la comisión ejecutiva federal, reforzar los controles internos en el partido y anunciar la aprobación de un Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción que va a afectar al conjunto de la administración pública. Pero Sánchez encara este segundo examen parlamentario con los deberes por hacer.

El presidente explicó en ese primer pleno monográfico que el gobierno pondría en marcha quince medidas en total, distribuidas en cinco ejes de actuación que supondrían “el mayor impulso a la prevención, la lucha y la reparación de la corrupción de las últimas décadas en nuestro país”. Sánchez aseguró ante los diputados y diputadas que cumpliría “hasta la última coma” de ese plan y, como muestra de su compromiso, anunció que sería la OCDE la encargada de hacer un informe técnico de “seguimiento y evaluación” durante el primer y el segundo año.

Han pasado cuatro meses desde esa comparecencia parlamentaria celebrada el 9 de julio, y según ha podido comprobar la Cadena SER, el gobierno no ha implementado ninguna de las grandes medidas anunciadas. El plan, que busca aumentar la prevención, fortalecer los controles y la protección de los informantes, reforzar las capacidades del Estado para investigar y para recuperar los activos procedentes de actividades corruptas o promover una cultura de integridad entre la ciudadanía, la administración y las empresas, aún está en una fase muy inicial.

El ejecutivo tampoco ni siquiera ha constituido la comisión interministerial, presidida por María Jesús Montero, encargada de coordinar e impulsar las reformas. Desde el mes de agosto, cuando el Consejo de Ministros aprobó su creación y composición, ese órgano no se ha reunido ni una sola vez. Fuentes del departamento de Hacienda confirman que la intención es celebrar la primera sesión constitutiva en las próximas semanas. Defienden que sí hay avances en las medidas prometidas y la Moncloa justifica el retraso en la búsqueda del momento político “más oportuno” para su despliegue e implementación.

Agencia de integridad pública y sanciones a empresas corruptoras

La medida estrella anunciada por Sánchez en su comparecencia del pasado julio fue la creación de una Agencia de Integridad Pública Independiente, que se encargaría de aglutinar las competencias clave para la lucha contra la corrupción. El gobierno defiende la necesidad de simplificar la red de organismos que existen en los distintos niveles de la administración general del Estado. “Es evidente que esta multiplicidad nos ha permitido tener muchos ojos”, dijo Sánchez, “pero también que ha generado ineficiencias y vacíos de coordinación”.

A la complejidad del desarrollo del plan, que afecta a todas las capas de la administración, se suma que muchas de las medidas incorporadas suponen la reforma de leyes orgánicas que precisan de una amplia mayoría parlamentaria de la que la coalición no goza. De hecho, en el mes de septiembre, antes incluso de la ruptura con el PSOE, cuando la relación entre los independentistas y el partido mayoritario del gobierno estaba más estabilizada, Junts ya vetó el debate sobre la creación de un organismo similar que había propuesto Sumar con el argumento de que invadía competencias propias de Cataluña.

El ejecutivo confirma que ha incluido la creación de esa oficina, junto con otras diez medidas del plan, en una ley integral de lucha contra la corrupción de la que no se conoce aún una redacción concreta. En ese futuro texto, el gobierno tendrá que incluir también las reformas para elevar las sanciones a las empresas corruptoras, otra de las medidas que Sánchez garantizó en el Congreso. También se comprometió a automatizar la exclusión de las compañías condenadas por este tipo de delitos, para evitar que vuelvan a contratar con la administración pública o a mejorar la transparencia de las sociedades de responsabilidad limitada.

Avances en la regulación de lobbies y transparencia

En lo que sí que ha avanzado el ejecutivo es en la aprobación de alguna de las medidas relacionadas con la transparencia, la participación ciudadana o la rendición de cuentas y el régimen de incompatibilidades, aunque ninguna de ellas está aún en vigor. El pasado 7 de octubre, el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley de Administración Abierta, una reforma que ya estaba anunciada desde antes de la entrada en prisión de Santos Cerdán y que busca facilitar el acceso a información pública sobre las agendas de los altos cargos o sobre los asesores contratados por los gobiernos.

La gran asignatura pendiente desde hace ya varias legislaturas es la regulación de los conocidos como “lobbies” o grupos de interés. El proyecto de ley que va a acotar su actividad lleva meses en tramitación parlamentaria, en fase de enmiendas, a la espera de poder avanzar en su aprobación definitiva por las Cortes Generales. En este sentido, Sánchez en su comparecencia se comprometió también a reforzar los controles sobre los bienes y rentas de los altos cargos haciendo exámenes aleatorios de la situación patrimonial con carácter anual durante todo el mandato.