100.000 embriones "abandonados" en España pendientes de una reforma legal

Madrid

En España, a 31 de diciembre de 2022, había 429.285 óvulos y 791.634 embriones congelados, almacenados en el centenar de bancos, fundamentalmente privados, que hay en las diferentes comunidades autónomas. Miles de ellos -100.000 embriones, según el registro de ASEBIR- están "abandonados": las mujeres y las parejas se desentienden y evitan el contacto con los bancos porque la ley actual, de 2006, no les permite destruirlos directamente cuando ya no quieren usarlos con fines reproductivos. Esto está provocando, denuncian los especialistas, un problema de acumulación que requiere una solución urgente.

Tres destinos legales para óvulos y embriones que, en la práctica, se complican

La actual Ley de Reproducción Asistida, de 2006, establece tres destinos posibles para óvulos y embriones criopreservados, al margen de su uso reproductivo por parte de la mujer o su cónyuge: la donación a otras mujeres o parejas, la donación para la investigación o el cese de conservación sin otra utilización (es decir, la destrucción). Pero la donación a otras mujeres o parejas está limitada por el hecho de que quienes congelan sus óvulos o embriones son personas ya de edad avanzada y siempre es más deseable y práctico en términos médicos utilizar material donado por mujeres jóvenes.

La investigación en España con gametos y embriones requiere que exista un proyecto previamente autorizado y son muy pocos los que consiguen ese visto bueno de los distintos comités implicados, así que tampoco es una salida habitual para este material. Y el "cese de conservación sin otra utilización", como se denomina en la ley, tiene letra pequeña.

Lo que dice el texto es que "esta última opción sólo será aplicable una vez finalizado el plazo máximo de conservación establecido en esta Ley sin que se haya optado por alguno de los destinos mencionados en los apartados anteriores", y que la congelación "se podrá prolongar hasta el momento en que se considere por los responsables médicos, con el dictamen favorable de especialistas independientes y ajenos al centro correspondiente, que la receptora no reúne los requisitos clínicamente adecuados para la práctica de la técnica de reproducción asistida".

Esto significa que para destruir sus óvulos congelados - o los embriones - una mujer no puede decidirlo sin más, necesita haber superado una edad o tener informes médicos independientes que certifiquen que no puede iniciar nunca más el proceso de reproducción.

"Estamos obligando a las parejas, a las mujeres, a que esperen hasta los 50 años [edad tope ahora mismo para la reproducción asistida en España por decisión de las clínicas, porque no está fijada por ley] para descartar esos óvulos o esos embriones. Porque no tiene otra opción, no tiene otra opción en caso de que su proyecto reproductivo esté finalizado, lo cual genera un problema. Además genera también un agravio comparativo porque esto no ocurre con el semen. La posibilidad de descartar el semen es automática, un varón que tenga semen guardado lo puede descartar en cualquier momento sin ningún problema", explica Antonio Urries, presidente de ASEBIR, que reúne a la mayoría de profesionales que trabajan en el campo de la Biología Reproductiva, y que estos días reúne a expertos de todo el mundo en su congreso anual, en Barcelona.

Miles de embriones y óvulos abandonados: "no nos atrevemos a destruirlos"

Los expertos llevan tiempo reclamando cambios en la ley para adaptarla a la realidad social española, una en la que cada vez más mujeres congelan óvulos para retrasar la maternidad y cada vez más parejas acuden a la reproducción asistida y a la congelación de embriones por problemas de fertilidad.

Un contexto en el que la acumulación de material biológico exige una regulación clara, en opinión de Urries y de ASEBIR. "Muchas mujeres que tienen sus óvulos vitrificados y ya no los quieren consideran que tienen derecho a que sean destruidos. ¿Y qué hacen? Pues los abandonan. Dejan de pasarnos información, dejan de renovar el contrato de almacenaje y se genera un abandono.

El abandono, según la ley, posibilita que los bancos hagan uso de esos óvulos o embriones como quieran. Pero los bancos no se atreven, no nos atrevemos a tomar la decisión de destruir un material que es tan valioso", explica el también director de la Unidad de Reproducción Asistida del Hospital Quirónsalud Zaragoza. "Precisamente esto es lo que queremos que se clarifique", insiste en una entrevista con la Cadena SER. "Que una mujer que ha guardado sus óvulos porque pensaba que los iba a necesitar, si ya no los necesita, los pueda destruir, igual que ocurre con el semen. Porque se va acumulando en los bancos un material biológico que realmente debería poder ser destruido".

En España, por ejemplo, y según el registro que ha hecho ASEBIR, "hay cerca de unos 100.000 embriones que llamamos sin finalidad clara o abandonados, para los que las parejas ya no han mostrado interés", apunta Xavier Vendrell, miembro de ASEBIR y responsable de la Unidad de Genética Reproductiva de la compañía Sistemas Genómicos. "Los propietarios no dan señales de vida, no responden, no acuden a la llamada de los centros para que se hagan cargo de la finalidad de estos embriones y automáticamente, cuando pasan unos años, pasan a disposición del centro".

Primeros contactos para reformar la ley

Miembros de ASEBIR se han reunido ya con "distintos grupos parlamentarios" que les han contactado con el objetivo de modificar la ley de reproducción asistida. "Hace pocas semanas empezamos a recibir convocatorias por parte de comisiones de sanidad de distintos grupos parlamentarios del Congreso porque existe un interés en modificar la ley", ha avanzado a la SER Antonio Urries.

"Hemos tenido la primera ronda informativa únicamente. En cualquier caso, los plazos serán largos, de eso no nos cabe duda. Pero la ley de reproducción asistida es del año 2006 y hay muchos temas que obviamente consideramos que merece la pena volver a tratar y a modificar". Uno de esos puntos es la fijación de una edad tope para acceder a tratamientos de reproducción asistida, que ahora mismo las clínicas, por consenso científico que no legal, fijan en 50 años.

Fuentes socialistas reconocen que están analizando el problema, que hay que adaptarse a la nueva realidad aunque todavía estamos en una fase muy incipiente del proceso.