Claves sobre la polémica tasa de basuras: ¿Por qué la cobran ahora? ¿Quién tiene que pagarla?
Es un impuesto que solo se aplica a ciudades de más de 5.000 habitantes y cuyo coste varía en función del municipio
La nueva tasa de basuras en España
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Cuando todavía hay residuos que no tenemos claro a qué contenedor van, llega la nueva tasa de basuras, un impuesto que deben cobrar las ciudades de más de 5.000 habitantes y que nace de una directiva europea de 2018, aprobada en el Parlamento Europeo, y que está inspirada en el principio de "quien contamina paga".
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El objetivo final de la transposición es incentivar el reciclaje y hacer a la población consciente del coste que tiene la generación de residuos. Por eso exige a los Estados garantizar que el coste de la gestión de toda la basura que producimos esté cubierto al 100%. Sin embargo, la directiva no dice cómo hay que gravar ese coste y tampoco señala que tenga que aplicarse, obligatoriamente, con una tasa de basuras.
¿Por qué la cobran ahora?
La directiva, de hecho, da libertad a los países para encontrar una fórmula. En España, el Gobierno ha optado por la vía de una tasa de basuras que tienen que aplicar todos los municipios de más de 5.000 habitantes antes de que acabe este 2025. Si bien muchos ayuntamientos ya tenían un impuesto similar, otros han tenido que crearlo, como Málaga.
¿Por qué en unas ciudades se paga más que en otras?
¿Y por qué hay tanta diferencia en lo que se abona por la tasa de basura, o "basurazo", según la ciudad? Los consistorios se quejan de que no ha habido una directriz clara, ni estatal -solo un párrafo en la ley de residuos y suelos- ni europea, sobre cómo calcular el coste y aplicarlo a los vecinos.
Tampoco hay un reglamento, aunque Hacienda, Transición Ecológica y la Federación Española de Municipios y Provincias elaboraron una guía de ayuda a los ayuntamientos para calcular el coste del servicio.
Al final el resultado está siendo que cada municipio está aplicando su propio criterio. Algunos calculan la tasa en función del consumo de agua de cada vivienda, otros del catastro, del número de personas empadronadas... Otros están empleando una combinación de varios de estos elementos y los hay incluso que han puesto una tasa fija para todos los vecinos.
En definitiva, una disparidad enorme de criterios y del precio que se paga que, en muchos casos, es muy difícil de explicar.
Valencia, la tasa más cara; en Málaga todavía no se aplica
La horquilla de lo que pagan los ciudadanos españoles por la tasa de basuras va desde los 287 euros al año en Valencia, los casi 240 de Girona y Tarragona o los más de 200 en Palma y San Sebastián a los menos de 60 que se pagan en Toledo.
El cálculo lo ha hecho -para un hogar tipo- el Observatorio de Fiscalidad de Residuos, que estima que la cuota media en España es de 116 euros al año. El observatorio cifra además en un 16% el incremento de la tasa para los municipios que ya la tenían respecto a 2024, porque se les obliga a garantizar que se cubre el coste total del servicio...
Hay un tercer tipo de ciudades que son las que aún no han empezado a aplicar la tasa, como Málaga, aunque algunos sí han aprobado la ordenanza que la regula, es el caso de Las Palmas.
¿Quién paga esto en el caso de los alquileres?
El impuesto ya ha sido (o está siendo) notificado a los domicilios. ¿Pero quién tiene que pagarlo en el caso de los alquileres? Esta es una de las grandes dudas, pero en general la tiene que pagar el propietario.
El inquilino sólo está obligado a pagar la tasa de basuras si se incluye de forma clara y expresa en el contrato. Y clara y expresa significa que no vale con una cláusula genérica que diga que el inquilino se hará cargo de los impuestos. Debe constar expresamente la tasa de basuras y la cuantía. Sin eso, el inquilino se puede negar.
En el caso de contratos nuevos el propietario puede introducir esa cláusula, eso es legal, puede exigir el pago porque al final es el inquilino el que genera la basura de esa vivienda, aunque siempre se puede negociar y, desde luego, si se cobra la cláusula tiene que ser precisa e incluir el importe.
La medida busca incentivar el reciclaje: ¿lo está logrando?
La directiva europea está diseñada con el objetivo de que los ciudadanos sean conscientes de lo que contaminan y reciclen más para terminar gastando menos. ¿Se está logrando este objetivo?
De momento, son una minoría los municipios que incluyen estos incentivos. El ya citado el Observatorio de Fiscalidad de Residuos señala que, del centenar de localidades que analizaron, menos del 20% los contempla en sus ordenanzas. Son, sobre todo, bonificaciones por ir al punto limpio.
Esta falta de incentivos es además de las grandes quejas de las organizaciones de consumidores, como la OCU, que creen que la forma tan errática en la que se está aplicando la tasa está perjudicando ese objetivo y lo que está provocando es malestar social. De hecho, algunas han propuesto a sus usuarios que recurran esta tasa.
La propia OCU incluso ha presentado una denuncia ante la Comisión Europea para tratar de que se cambie como se ha aplicado la directiva en España porque aseguran que está siendo contraproducente.
Estas organizaciones tienen ya elaborados modelos de escrito para que los ciudadanos puedan recurrir la tasa por la vía administrativa, lo que es gratuito y no exige abogado ni procurador. El ayuntamiento tiene dos meses para contestar a esa reclamación. Si no lo hace, lo único que queda es ir a la vía judicial, que sí que tiene coste para el ciudadano.
¿Y qué dice Hacienda?
Los inspectores de Hacienda locales creen que al final será la Justicia la que decida si los municipios están aplicando bien la tasa y advierten de que se está gestando un potencial problema para quienes puedan verla derogada.
De hecho, el ejemplo que ponen es el de las plusvalías. En 2021, el Tribunal Constitucional declaró ilegal el cálculo del impuesto que hacían los ayuntamientos para gravar el incremento de valor de los terrenos urbanos, aunque sólo pudieron reclamar su devolución quienes hubieran recurrido y no tuvieran una resolución firme en ese momento.
